En medio de rumores y especulaciones, los peruanos tendrán que esperar hasta el miércoles próximo para saber si se concreta el denunciado “golpe” del poder Legislativo contra el Judicial mediante la destitución de todos o algunos de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión debió haberse tomado este jueves, pero se aplazó a última hora por el pedido de los miembros de la JNJ de que se escuche sus descargos. Pedido que, de paso, les dio a los congresistas tiempo adicional para coordinar cómo encararán un asunto que diversos analistas coinciden en señalar como determinante para la institucionalidad del país.

La nueva fecha elegida por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, generó suspicacias, pues la sesión coincidirá con la final del torneo nacional de fútbol entre los dos equipos más populares del país, Alianza Lima y Universitario, lo que presumiblemente eclipsará los demás temas.

Ese día, los siete integrantes de la JNJ responderán en persona ante el pleno las acusaciones de “faltas graves” que les atribuye la Comisión de Justicia del Congreso. Cumplido eso, se votará si se dan o no las destituciones, aunque expertos dan por hecho de antemano que se destituirá al menos a tres.

“Podría desencadenarse un golpe cuando desde el Congreso se interviene y retira a los integrantes de otro órgano del Estado, impidiendo e interfiriendo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, anticipó en declaraciones a la prensa la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma.

“El objetivo (de las fuerzas políticas que dirigen el Congreso) es el control total del aparato estatal y del orden constitucional para perpetuarse en el poder, controlando instituciones básicas como el sistema judicial y el sistema electoral”, añadió Ledesma, al advertir que se avecina un “golpe parlamentario”.

La JNJ, cuyos miembros han dado permanentes señales de independencia, se encarga de nombrar, fiscalizar y eventualmente sancionar a los jueces y fiscales, así como de supervisar a los jefes de las tres instituciones que participan en la preparación y realización de los procesos electorales.

Las acciones del Congreso comenzaron con una iniciativa de la parlamentaria ultraderechista Patricia Chirinos, quien acusó a los integrantes de supuestas faltas, consistentes en filtrar documentación a la prensa, adelantar opiniones y de permitir la presencia de una integrante de más de 75 años pese a que la reglamentación supuestamente lo prohíbe.