Cristina Kirchner apeló y reclamó ser absuelta en la causa Vialidad
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio por la "causa Vialidad" y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene "arbitrariedad fáctica y normativa" y constituye "un supuesto de enorme gravedad institucional".
Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita.
Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado, Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta "administración fraudulenta" con "inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos".
El veredicto "no cuenta con pruebas directas", advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas presentado este lunes.
"Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular", agregaron.
La condena "se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico", advirtieron los abogados.
Durante el juicio que se extendió por tres años "quedó ratificado e estado de inocencia" de la ex mandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Y recordaron que el TOF2 rechazó "más del 80 por ciento de la prueba ofrecida" por la defensa, en particular pericias "ineludibles" en estos juicios y que esa decisión fue ratificada por la sala de Casación "integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos", se remarcó en alusión a visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri en esa época.
Esas mismas decisiones quedaron confirmadas "luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -parcialmente integrada por los jueces que propuso Rodríguez Simón" que demoró más de tres años y declaró "inadmisibles" los planteos casi al final del debate oral. -
Además sostuvieron que "se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes".
Los jueces "asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional".
En el juicio "se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley", agregaron los letrados en relación a los fiscales Luciani y Sergio Mola.
Fuente: Télam
