En Perú no se va nadie
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, intenta calmar las protestas posteriores a la deposición de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, que ya se cobraron 60 víctimas fatales. La propuesta de “vayámonos todos”, como expresó Boluarte en su alocución del domingo, contiene, empero, algunas trampas y no parece capaz de aplacar la movilización del país profundo por la Asamblea Constituyente soberana, así como tampoco el intento derechista que, con el apoyo de la embajadora norteamericana Lisa Kenna, pretende reprimir la protesta y renovar las concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras.
El anuncio de la presidenta pareció en un primer momento ir al encuentro del reclamo de los manifestantes que desde hace diez días recorren Lima, después de haber mantenido desde principios de año al país en vilo con marchas y bloqueos de carreteras, aeropuertos, minas y refinerías, sobre todo en el sur. Sin embargo, la supuesta concesión no es trasparente.
El pueblo movilizado reclama la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana que elabore libremente una nueva carta. Por consiguiente, las marchas contra el gobierno no se detienen.
En las comunidades campesinas e indígenas, el huaracazo es un trago de aguardiente ordinario que es recibido en las entrañas como un golpe. Y esto es lo que ha recibido, y sigue recibiendo, la oligarquía peruana por las movilizaciones masivas. La destitución de Pedro Castillo dio inicio a marchas y bloqueos de carreteras, aeropuertos, minas y refinerías que se iniciaron en Puno, un departamento del sureste rico en minerales y objetivo de las grandes empresas extractivistas. Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, el tercero de plomo, el cuarto de estaño y molibdeno y el sexto de oro, entre otros metales, pero hasta ahora no produce ni uranio ni litio. Sin embargo, pronto podría ser el mayor productor de este último mineral en el mundo tras el hallazgo de más de cuatro millones de toneladas de litio de alta calidad en la zona de Macusani, a 150 kilómetros al norte del Lago Titicaca, en Puno. Las reservas de litio puneño dan a Perú el sexto lugar en el mundo, con reservas mayores que las del triángulo argentino-chileno-boliviano. Una de las empresas de mayor presencia en el departamento es la canadiense American Lithium Corp., que opera a través de su subsidiaria peruana Macusani Yellowcake. La empresa no sólo trabaja el litio sino también el uranio.
Cuando se pregunta por el origen de la protesta, todas y todos coinciden en el hartazgo. La población de las regiones más remotas del interior está cansada de que en Lima sus demandas sean ignoradas. Además, existe la invisibilidad de las comunidades indígenas y la afroperuana. La elección de Pedro Castillo supuso que por primera vez conjuntamente pueblos indígenas de los Andes septentrionales, centrales y meridionales se reconocieran en él. Sin embargo, el maestro-presidente no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo convocar al Perú profundo a defenderlo ni tuvo habilidad para tejer alianzas. Dejó entonces el campo libre para que las derechas se conjugaran en derrocarlo. Sin embargo, sus detractores no registraron que sus insultos racistas contra el presidente estaban alimentando la rabia y la cólera de los pueblos indígenas del interior. Este resentimiento popular contra la soberbia oligárquica fraguó un vínculo de solidaridad con Pedro Castillo.
Cuando la vicepresidenta Boluarte violó su promesa de irse, si el presidente era depuesto, y tras el golpe del 7 de diciembre comenzó a reprimir la protesta, el pueblo quechua y aymara del sur se alzó. Por primera vez en la historia de Perú, los diversos pueblos indígenas reclaman que se vaya toda la casta política y se convoque a una Constituyente soberana. El levantamiento se nutre de la participación democrática de las bases, ya que los y las que participan en las marchas y movilizaciones hacia Lima lo hacen como delegados de sus comunidades y no a título individual. Las comunidades hacen colectas, pagan el transporte y proporcionan alimentos y víveres. Las comunidades amazónicas, costeñas y andinas no son sumas de individuos, sino unidades colectivas de los pueblos con su propia dirección, sus sabios y sacerdotes indígenas. Tienen sus propios expertos en espiritualidad. La marcha sobre Lima es, por lo tanto, la sublevación de la Patria subterránea que viene a reclamar su derecho a gobernar el país.
La intransigencia derechista ante las propuestas de reforma constitucional, por su parte, se explica por el interés de la elite limeña en renovar los contratos de concesión a empresas mineras extranjeras y nacionales. Estos documentos fueron firmados por Alberto Fujimori inmediatamente después de sancionar la Constitución de 1993, tienen una vigencia de 30 años y fuerza de ley, por lo que son inmodificables. Por lo tanto, vencen todos entre este y el próximo año. En estos acuerdos generalmente las ganancias para el Perú son del 18% y para la empresa extranjera, del 82%. Para evitar que las concesiones reviertan al Estado, entonces, la alianza de derecha y ultraderecha quiere impedir a toda costa la reforma de la Constitución. Por este motivo se han apresurado en deponer a Castillo y rechazan toda negociación.
La derecha no está dispuesta a negociar con los alzados, para defender sus intereses económicos y éstos no están dispuestos a ceder, porque están hartos y han dicho basta. En estas circunstancias la oferta del gobierno, además de tramposa, se queda muy corta. Si la presidenta no renuncia, el único camino que le queda es agudizar y generalizar la represión.
Después de seis años y medio de duradera crisis política Perú se dispone a definir su futuro en las calles: ¿dictadura oligárquica o república democrática y popular? Por ahora no se ven chances para una negociación efectiva. Los bloques sociales están cohesionados y colocados frente a frente. ¿A la maniobra dilatoria de Dina Boluarte va a suceder la represión militar? ¿Y los estados vecinos, que han asistido tan callados al golpe de estado legislativo y a la masacre posterior, van a seguir observando impertérritos cómo se desangra a Perú? ¿Estamos dispuestos a ser meros espectadores de nuevos crímenes contra la humanidad para poder participar como proveedores de minerales no elaborados en la transición energética de la superpotencia continental?
Por Eduardo J. Vior
Para Télam
