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Determinan que el proceso contra Lula no fue imparcial

viernes 29 de abril de 2022 | 6:02hs.
Determinan que el proceso contra Lula no fue imparcial

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó ayer que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.

De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.

“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un ex jefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité.

Lula, que parte como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht.

El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro.

Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio ex presidente.

“La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia”, añadió el informe.

Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años.

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