Ruta de la soja: la causa contra policías podría remitirse a Misiones

A fines del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dejó firme el procesamiento de una organización formada por civiles y efectivos de diferentes fuerzas de seguridad dedicadas a liberar la circulación de camiones cargados con soja destinados al contrabando a Brasil.

Según la investigación, los cargamentos ingresaban desde Corrientes a Misiones por distintas rutas, evitando así los controles policiales y de ATM. La pesquisa fue llevada adelante por el Juzgado de Federal Dos de Corrientes, a cargo del juez Carlos Vallejos, quien ordenó allanamientos y detenciones en ambas provincias en junio del año pasado.

Con este paso, la instrucción quedó más cerca de ser elevada a juicio, aunque llamativamente el magistrado considera que no le corresponde la investigación. Según pudo saber El Territorio en base a fuentes del caso, casi de forma paralela al procesamiento Vallejos se declaró incompetente, girando todo al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero.

A grandes rasgos y entre otros puntos, el magistrado argumentó que si bien los granos ingresaban por distintos caminos alternativos de San José, Apóstoles y la ruta  213, por lo general eran trasladados al Norte de la provincia, precisamente a Bernardo de Irigoyen. Desde allí, jurisdicción del Juzgado Federal de la Capital del Trabajo, llegaban al vecino país de forma ilegal.

Sin embargo, la cuestión está lejos de definirse, ya que el juez Guerrero rechazó la competencia y ante este conflicto será nuevamente la Cámara de Apelaciones correntina la que decida cuál de los dos magistrados definirá el futuro de la organización.

Los roles

Como informó este medio en ediciones anteriores, los detenidos son ocho, entre los que se encuentran efectivos de la Policía de Misiones, de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y Policía Federal. Sin embargo, en el último fallo los jueces revelaron que “de dicha organización formarían parte más personas, que integrarían diversas fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones y Corrientes, e incluso, de las fuerzas federales como Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina”.

Entre los implicados se destaca la participación de Jorge Lópes, un civil con conexiones para la exportaciones de los granos a Brasil. Lo que se reconstruyó es que él le abonaba dinero a Ricardo Abel Koning, de PFA, y Adrián Escarlata, de GNA con domicilio y varios emprendimientos en Apóstoles, para que los camiones puedan eludir los controles, sobre todo los tributarios de ATM.

Koning, siempre según la investigación de la Justicia Federal, era el principal organizador de la asociación ilícita. Le daba directivas de dónde posicionarse a los otros integrantes para que los cargas circulen libremente y que reporten la presencia de patrullas policiales.

Por otro lado también ofrecía esos servicios a los camioneros, para luego cobrarlos y dividir esas ganancias con los demás involucrados. Sobre este punto, como informó oportunamente este medio, el valor del “peaje” por camión sería de 200 dólares.

Los efectivos de la Policía de Misiones involucrados en esta maniobra son Ramón Brítez y Martín Polcowñuk, también con prestación de servicios en Apóstoles al momento de su detención. El primero también ofrecía lo que en la causa está descrito como “pase” a la provincia de Misiones por los caminos secundarios de San José o Apóstoles.

Polcowñuk, en tanto, también fue señalado como un actor clave, debido a cómo aprovechaba su rol de funcionario público para que todos trabajen sin complicaciones. Se describió que “atento que los cruces de los camiones se realizarían cuando aquel se encuentra de guardia, ya que es quien tiene acceso a las llamadas que ingresan al 101 (denuncias) y tiene conocimiento de toda la actividad operativa de la Policía, alertando sobre los operativos, denuncias o desplazamientos de móviles policiales”.

También se describió el rol de Franco Adrián Fariña, de profesión mecánico. A él se le atribuye el rol de “observador”, en razón de que se movilizaba por diferentes lugares para dar aviso sobre cualquier presencia que podría interferir con la logística.

Todos fueron detenidos el viernes 11 de junio tras una redada de Gendarmería Nacional en distintas localidades de ambas provincias. Las investigaciones, que incluyeron escuchas y seguimientos encubiertos, se habían extendido por ocho meses.

La causa de Oberá

Sin embargo, lo que se reveló fue un secreto a voces. Ese mismo año, en noviembre, el escándalo volvió a explotar, pero esta vez mediante una investigación del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga. En varios procedimientos se detuvieron a empresarios de alto perfil y efectivos de Gendarmería.

La investigación de diez meses estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se inició tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la Fiscalía Federal de Oberá, en la zona Centro de Misiones.

Entre los uniformados están el comandante de Gendarmería Marco Antonio D. (50), quien era el jefe del Escuadrón 9 Oberá, y su chofer Ricardo G. (47), también gendarme. Un efectivo de la Policía de Misiones también cayó, pero luego fue liberado.

En tanto, el resto de los implicados presos son Marcelo D. S. (43), empresario obereño de los rubros supermercado y venta de automotores, quien habría sido el encargado de la logística de la operatoria delictiva; Santiago M. (53), oriundo de Córdoba, propietario de un lujoso complejo turístico ubicado en Florentino Ameghino, a cargo de la confección de los papeles de carga de los camiones que ingresaban a Misiones; Juan Carlos T. (68), pareja del segundo, ingeniero agrónomo y ex profesor universitario; y Francisco Eladio M. (61), ex policía y cambista obereño que hoy se encuentra con domiciliaria.

La última novedad de la causa se conoció hace algunas semanas, el viernes 28 de enero, cuando Ricardo H., alias “Caco”, se entregó ante la Justicia. El hombre, dueño de una flota de camiones y una estación de servicios, tenía un pedido de captura internacional y ya completó la audiencia indagatoria, donde se abstuvo de declarar.

Una carga de cocaína, el inicio de todo
Según se detalló, la investigación se inició el 14 de octubre del 2020, luego que efectivos de Gendarmería Nacional incautaran 28 kilogramos de cocaína que estaban siendo trasladados por la ruta nacional 12, a la altura de Itatí.

En aquella oportunidad los centinelas advirtieron la presencia de un Renault Megane sin patentes, por lo que iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por varios kilómetros.

Finalmente el vehículo fue abandonado y en la requisa los efectivos se toparon con dos mochilas que contenían la droga. Entonces también se incautaron teléfonos celulares, que al ser analizados, revelaron la organización ilícita de sus propios colegas y efectivos de otras fuerzas.