Querella pide perpetua a 3 policías por caso Wasyluk

Por primera vez en siete audiencias, ninguno de los trece policías imputados esbozó una sonrisa ayer durante el debate oral por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado en una celda de la Seccional Primera de Oberá en los primeros minutos del 27 de abril de 2011.

A diferencia de los días anteriores, cuando se los notaba distendidos y hasta despreocupados, el alegato de la querella que representa los intereses de la familia Wasyluk fue tan preciso y contundente que dibujó muecas de preocupación en los rostros de todos los acusados.

Tras detallar la secuencia de la detención en Villa Bonita, la extrema tortura, el traslado a Oberá, la revisión del médico policial “enfiestado” -como describió el querellante Rafael Pereyra Pigerl-, el rechazo de alojamiento en la Seccional Segunda por las lesiones que presentaba la víctima y su agonía de 27 horas en la Seccional Primera, solicitaron las respectivas penas.

Para el ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez la querella pidió la pena de prisión perpetua por considerarlos coautores del delito de tortura seguida de muerte.

Para Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, quienes completaron la comisión que detuvo a Wasyluk la noche del 25 de abril de 2011, solicitaron 15 y 10 años de cárcel, respectivamente, e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de su condena por considerarlos autores del delito de “omisión de evitar la tortura y omisión de denunciar el delito de tortura”. En ambos casos se amplió la carátula respecto al requerimiento de elevación a juicio.

Para Espíndola 5 años

Con relación a quienes cumplían funciones en la Seccional Primera, para Miguel Ángel Espíndola -quien era el jefe de la dependencia- solicitaron 5 años de cárcel; mientras que para los subalternos Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva y Gustavo Javier Fontana la pena de 2 años de prisión, con inhabilitación por el doble tiempo de la condena por considerarlos autores del delito de “encubrimiento, por omisión de denuncia de una delito cuya existencia conocieron en el ejercicio de sus funciones, en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

También para a los seis citados la querella realizó una ampliación de la carátula. 

Para el médico policial José Orlando Morales (ya retirado), acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, solicitaron una pena de multa máxima e inhabilitación absoluta por un año.

Además, rechazaron en forma categórica el pedido de prescripción de la acción penal en favor de Morales en razón de que la presente causa se trata de graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Subrayaron que el galeno actuó “sin el más mínimo de los cuidados éticos que su profesión y la Organización Mundial de la Salud le imponen con la vida de quienes el gobierno de la provincia y el pueblo puso en sus manos”.

Al único que le concedieron la absolución por el beneficio de la duda es a Hugo Ariel Basaraba, subalterno de Espíndola que no habría tenido margen de maniobra.

La detención

Los querellantes Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles valoraron la realización del juicio para “la jerarquización del Poder Judicial de la provincia de Misiones”, ya que “si hay algo que se debe desterrar, es la tortura”.

Ponderaron el aporte del médico forense Horacio Marín y subrayaron que los tormentos padecidos por Wasyluk fueron los mismos efectuados por los grupos de tareas de la última dictadura militar.

También destacaron la declaración del médico Lein Hung Kuo, quien la tarde del mismo 25 de abril atendió a la víctima por una consulta de rutina y no observó lesiones, lo que corrobora que falleció por las heridas que horas más tarde le produjeron los policías.

En ese contexto, solicitaron se investigue por falso testimonio al testigo Rogelio Gómez, quien declaró que el 25 por la mañana Wasyluk le contó que se cayó de un camión.

Para Pereyra Pigerl, dicha versión no fue más que parte de una estrategia defensiva para argumentar que la víctima tenía lesiones previas.

Subrayó que “ninguna de las personas que declaró dijo que Hugo era violento”, aunque sí “tomaba pastillas para dormir, como lo hacen muchas de las personas que están acá”.

La noche de su detención, su hermana Ana se dirigió a la farmacia y, de paso, se acercó a la comisaría de Villa Bonita para pedir el teléfono, instancia en la que De Mattos “ordenó armar el grupo de tareas”, graficó.

Wasyluk fue golpeado y reducido sobre la ruta 103: “De Mattos, sin voz de alto, lo tumbó de un puertazo y salió con la tonfa, como declaró Rodríguez. Esa era la forma de proceder de este grupo de tareas. Gómez tenía un bastón de goma. Lo pusieron contra la camioneta, lo esposaron y de alguna forma inmovilizaron sus piernas. Lo ubicaron boca abajo en la carrocería y empezaron a saltarle arriba”.

“Cobardes”

Luego lo trasladaron a la comisaría local “para ver qué hacían (…) Ana escuchó que Berley (la esposa de De Mattos) llamó al juez Alarcón. Después que no había lugar en la Seccional Segunda, y dijo que si no hay lugar en la Primera que lo dejen por ahí. Esta frase me hace acordar tanto a los casos de desaparición forzada”, remarcó Pereyra Pigerl.

Y agregó: “En el patio de la comisaría lo tiraron esposado de la camioneta al suelo, cobardes. Una caída que sonó como una bolsa de papas, según el testigo Neris. En el corredor siguieron torturándolo”.

También mencionó que no hay certezas que la notificación del motivo de detención haya sido firmada por Wasyluk, pero sí firmó Berley, la esposa de De Mattos.

“Acá percibimos que todos los testigos tuvieron miedo, civiles y policías. A pesar de eso, Neris contó cómo Hugo fue apaleado, pisoteado y pedía por favor que paren. Cuando vieron que la tortura fue en exceso decidieron deshacerse del detenido (…) Trucharon  un expediente por resistencia para justificar los terribles actos de tortura que cometieron contra Hugo”, remarcó.

En este punto, indicó que ni los testigos ni cuatro de los cinco policías que lo detuvieron vieron el cuchillo que supuestamente tenía Wasyluk “porque el cuchillo nunca existió, salvo en el sumario trucho”, opinó.

Detalló que De Mattos y Gómez golpearon a la víctima con tonfa y bastón de goma, y el enrejado que quedó grabado en su pecho es el calco del piso del móvil de Villa Bonita, tal como expresó el forense Marín.

“La prueba científica es el ADN de todo lo que sufrió Hugo Wasyluk”, explicó el querellante.

“Médico enfiestado”

Según el alegato, al arribar a Oberá para la revisación médica lo atendió “un médico enfiestado”, tal como graficó el accionar de Morales que miró por arriba a Wasyluk mientras comía un asado en el campito de los médicos.

“Hugo podría haber tenido un tiro y el médico policial no se hubiera dado cuenta. El proceder de Morales fue aberrante. Ni siquiera le abrió la campera. Eso no fue un examen médico porque lo revisó bajo un arbolado, de noche sin luces (…) No corresponde la prescripción porque su actitud fue deplorable”, remarcó Pereyra Pigerl.

Sobre Heijo y González enfatizó que “mancharon con sangre el uniforme de la Policía de Misiones”.

Luego de la cuestionada revisación de Morales la comisión del Villa Bonita se dirigió a la Seccional Segunda, donde “no quisieron recibir a Wasyluk por las condiciones aberrantes en que estaba, porque de lo contrario tenían que hacer inmediatamente la denuncia”.

“Gómez dijo que Hugo se cayó en la entrada, pero Rodríguez vio cuando Gómez le pegó rodillazos”, agregó.

Ya en la Seccional Primera el detenido fue recibido por Fontana, quien asentó en el libro que tenía más lesiones que las indicadas en el certificado médico.

“Fontana por lo menos debería haber llamado al médico policial (…) En la Primera sufrió una larga agonía, al punto que dos veces confundió a Harasimezuk con Berley porque estaba shoqueado. Pedía por su mamá en una profunda regresión. El pedido por la mamá fue un pedido de protección”, explicó el querellante.

Sobre el personal de la Primera, agregó: “No quisieron hacer la denuncia porque pensaron que no se les fue tanto la mano a los de Villa Bonita, pero las lesiones eran evidentes. Por una cuestión corporativa no quisieron mandar al frente a sus camaradas”.

Valor vida

Debido a las gravísimas lesiones internas que presentaba, Wasyluk fue perdiendo los signos vitales por el permanente sangrado y vomitó su propia materia fecal.

“Murió ahogado de la peor forma: por sus propias heces. No recuerdo un caso tan aberrante, salvo 40 años atrás en la dictadura militar”, lamentó la querella.

Y agregó: “Lamento que nuestra Policía haya actuado de esta forma, como en la época de la dictadura militar. Si algo no se puede tolerar es la tortura y menos por parte de la Policía.

Luego fue el turno del alegato de los actores civiles Héctor Rubén Sánchez y Luciano Wall en representación de los deudos de la víctima.

Los profesionales tienen a su cargo el reclamo del resarcimiento económico, que hace una década ascendía a 3.049.000 de pesos, reparatorio del daño moral, material y el valor vida.

Dicho monto deberá ser actualizado según la tasa activa del banco Macro.

En tal sentido, hicieron hincapié en que los acusados eran funcionarios del estado provincial, el demandado, que les proveyó los elementos con que redujeron, torturaron y le ocasionaron la muerte a Wasyluk.

“Fue una conducta dolosa, intencionalmente dirigida a ocasionar un daño a una persona. Escuchar el calvario de la víctima me puso mal, y eso que no soy pariente. Pero escuché el llanto de los familiares que están atrás mío”, graficó Sánchez.

La continuidad del debate está prevista para hoy a las 8.30 con los alegatos de la fiscalía a cargo de Miryam Silke y Elías Bys.

Luego será el turno de las defensas: Javier Millán Barredo por el médico policial y los siete policías de la Primera. Ramón Butof por Heijo y Gómez; mientras que Marcelo Carísimo por Rodríguez y González. El único imputado que tiene una defensa exclusiva es Pedro De Mattos, asistido por Cristina Salguero.

También alegarán Jorge Rojas y Walter Vuotto en representación del estado provincial civilmente demandado. La sentencia se conocerá el jueves.