San Vicente: preocupa la ocupación de tierras y el llamado a incumplir con ordenes judiciales

La usurpación de terrenos es una de las principales preocupaciones por parte de los colonos en los últimos meses, dado la proliferación de este tipo de situación en las chacras misioneras. En las últimas semanas, un juez provincial ordenó el desalojo de un predio privado de la zona rural de San Vicente, cuyos propietarios denunciaron la ocupación.

Esto desató una polémica que tiene como protaogonistas a los productores de la zona, cansados de sufrir robos y ocupaciones de sus tierras, y al Partiro Agrario y Social, del diputado nacional Héctor "Cacho" Bárbaro, que respaldaría a los ocupantes, según los audios que transcendieron en las últimas horas. 

En este sentido, un grupo de productores rurales de San Vicente se mostró alertado, y en contra de las declaraciones del diputado nacional Bárbaro, que se hicieron virales a través de un audio que transcendió desde su entorno político, en el cual el legislador cuestiona el accionar de un juez por el desalojo en una propiedad privada en Picada Guaraní, en San Vicente, y llama a los ocupantes a manifestarse contra la Justicia.

El grupo de Autoconvocados contra Delitos Rurales, integrado por productores y empresarios de la provincia, manifestaron su apoyo a las decisiones encaradas desde la Justicia Provincial para evitar la usurpación de chacras. "Queremos hacer una fuerte defensa a la propiedad privada", dijo Silvia Gross, referente de los autoconvocados contra la ocupación de tierras. 

En diálogo con Radioactiva sostuvo que promueven una "movilización para mañana en defensa del juez que ha sacado este fallo a favor de la tierra de los propietarios y produciendo el desalojo de las personas, y en repudio de aquellas personas que promueven estas acciones".

"No podemos permitir que se avasalle sobre la propiedad privada, ya sea urbana o rural", enfatizó. Gross afirmó que en su caso tiene su propiedad en Paraje Tobuna, sobre ruta 14, que está intrusada. 

"En mi caso particular el juez en el 2018 dio una orden de desalojo y por presión de estos diputados se volvió atrás. Ellos se han considerado dueños de la verdad y el derecho, incluso han presentado documentación fraudulenta", apuntó. 

Por último señaló que alrededor de 20 propiedades se encuentran en situación de intrusión y con conflictos judiciales en la región. 

Al respecto se expresó también la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), quien en su cuenta de la red social Twitter expresó que "adhiere al repudio de las declaraciones del diputado nacional Hector Bárbaro por considerar que su accionar fue amenazante y violento, contra un juez que defendió el principio de propiedad privada, incitando a tomar tierras configurando un delito".

También se sumó a los repudios la Confederación Económica de Misiones(CEM). La confederación que aglutina al arco industrial y comercial de toda la provincia "acompaña la solicitud de repudio de los más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, integrantes de Autoconvocados contra Delitos Rurales, ante las “declaraciones amenazantes y violentas del diputado nacional contra el juez que actuó en la causa para defender el principio de propiedad privada", expresan en un comunicado.

Y agregan que "es inadmisible que un dirigente nacional convoque a ciudadanos para tomar tierras configurando un claro delito que atenta con los principios establecidos en la Constitución Nacional, avasallando los derechos de los propietarios y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones”.

La CEM destacó que "siempre estarán del lado de la Constitución y el derecho a la propiedad privada" y por lo tanto destacan la labor de la justicia "en cuanto a la defensa de la propiedad privada ante los hechos de usurpación de chacras de colonos en los últimos meses".

Versión del Pays

Por su parte, desde el Pays precisaron que un total de catorce familias agricultoras fueron desalojadas de sus campos.

Esto es “en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en la provincia de Santa Fe”, indicaron en un comunicado.

“Según se deduce de las actuaciones judiciales transcriptas en el expediente, habría existido un error de identificación del lote en conflicto ya que una primera inspección ocular dio cuenta de cinco carpas de hule sostenidas por palos tipo campamento en la zona conocida como Picada Unida, San Alfonso mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní”, añadieron.

E indicaron que producto de tal decisión “quedaron a la intemperie, padeciendo la lluvia y las bajas temperaturas con 20 niños sin abrigo ni cobijo”. 

Audio de Silva Gross

Audio de Héctor "Cacho" Bárbaro