La Justicia Federal, tras los pasos de un represor radicado en Encarnación
Se trata del suboficial Orestes Estanislao Vaello, que reside en el barrio Mboí Caé de esa ciudad paraguaya. Lo buscan porque su testimonio es clave en una causa sobre desaparecidos en la provincia de Buenos Aires.
lunes 07 de febrero de 2005 | 2:00hs.
La Cámara Federal de La Plata está detrás de un represor del régimen militar que estaría viviendo en Encarnación, Paraguay.
Se trata del suboficial Orestes Estanislao Vaello, un ex miembro de la Triple A y del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, quien entre 1984 y 1985 prestó testimonio como “arrepentido” a la entonces Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) presidida por el escritor Ernesto Sábato.
La Cámara Federal de La Plata habría solicitado incluso a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) la localización del represor, pero hasta ahora no ha tenido noticias.
La idea por el momento no es detenerlo, sino hacerlo comparecer, aunque sea por la fuerza, ante el tribunal para que ratifique sus dichos ante la Conadep en 1984.
El paraíso paraguayo
Según información con que cuenta El Territorio, Vaello vive en el barrio encarnaceno Mboí Caé, y gerencia una ONG llamada “Tayí”, y una consultora que trabaja asociada a la ONG, con la que lleva adelante emprendimientos sobre políticas de salud y ecología, sobre todo entre los sectores de población afectada por la represa de Yacyretá, y con la que mantiene estrechos contactos con organizaciones ambientalistas de la provincia de Misiones. El año pasado, su organización ganó un proyecto de microemprendimiento de 2.500 dólares del Banco Mundial.
El interés de la Cámara Federal de La Plata en este suboficial de cerca de 60 años radica en los testimonios que prestó a la Conadep hace 20 años, cuyo valor adquirió mayor importancia luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían la continuación de causas por los crímenes de la dictadura militar, y porque aportaría elementos firmes para que la justicia pueda ordenar la detención de varios criminales identificados por Vaello en sus testimonios.
En la Justicia Federal de La Plata se tramita un Juicio por la Verdad que investiga el secuestro y asesinato de Laura Estela Carlotto, hija de la histórica presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y el destino que tuvo el bebé de la joven estudiante de Historia, que al momento de ser detenida junto a su pareja, en diciembre de 1977, estaba embarazada.
El niño, de nombre Guido, nació en el Hospital Militar, el 26 de junio de 1978, y según el testimonio de Orestes Vaello, fue robado por el médico Víctor Alberto Arroyo Morales cinco horas después del parto.
El testimonio de Vaello como “militar arrepentido” en la Conadep de Sábato sirvió para conocer la suerte de muchos presos políticos que pasaron por los centros clandestinos de detención que operaban en la época, a la vez que ayudó a establecer un mapa de la represión y la responsabilidad de militares y parapoliciales, como Suárez Mason y Aníbal Gordon en secuestros, torturas y homicidios.
El testimonio de Vaello constituye el Legajo Nº 3.675 de la Conadep. En ese expediente, el ex represor cuenta el destino de muchos activistas estudiantiles, políticos y sindicales que pasaron por sus manos durante la dictadura.
Su testimonio, que figura en el informe “Nunca Más”, disponible incluso en internet, es citado también en otras causas judiciales abiertas con relación a la dictadura, como las actuaciones 13.445/1999, caratuladas: "Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal" de la Secretaría Nº 14°, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7°, y en procesos para investigar el funcionamiento del denominado “Operativo Cóndor”, implementado por las dictaduras del Cono Sur como una coordinación de esfuerzos represivos contra la oposición política.
Vaello aparece citado, incluso, en el pedido de extradición que hizo el Juzgado del doctor Rodolfo Canicoba Corral contra el ex presidente boliviano, general Hugo Banzer, en 2001.
En “La Cacha”
La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno bonaerense tiene asignado un equipo que investiga uno de los centros de detención clandestino que funcionó en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la “Cacha”, que funcionaba en las antiguas instalaciones de Radio Provincia de Buenos Aires, en Lisandro Olmos, muy cerca del conocido establecimiento penitenciario.
En el Legajo 3675, el represor buscado por la Cámara Federal de La Plata, admitió haber transportado detenidos de los que después dijo desconocer su suerte a lugares de detención como “La Cacha”, “Automotores Orletti”, el “Pozo”, de Banfield, y la Comisaría Quinta, de La Plata.
“La Cacha”, que según el testimonio de la socióloga María Laura Bretal, quien estuvo detenida en ese lugar, debe su nombre al recordado personaje infantil de Cachavacha, la bruja que hacía desaparecer personas en los dibujos animados, operó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978.
El edificio principal antiguo y mal conservado, constaba de tres plantas, un subsuelo con capacidad para 12 detenidos, la planta baja, con un salón amplio para el personal, salas de tortura, y celda colectiva para unos diez detenidos; un primer piso para unos 20 detenidos.
El baño se encontraba en un entrepiso, descendiendo unos pocos escalones. En el exterior había una antena de unos 70 metros y material en desuso de la radio.
El coronel Barufaldi, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada Siete, era el responsable del área de “La Cacha”, y de los demás campos de concentración conocidos como Arana, Bim, Brigada de Investigaciones La Plata, comisarías 5 y 8, el Casco o Arana 2, y Guardia de Infantería de la Policía de Buenos Aires.
Frondoso historial
Orestes Estanislao Vaello se incorporó a la represión ilegal del terrorismo de Estado mucho antes de que concluyera el gobierno de Isabel Perón.
Trabajó para la “Triple A”, la célebre organización anticomunista creada por el monje negro del peronismo isabelista, el poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega, y fue miembro activo de la organización universitaria de derecha CNU. Eran los tiempos del Operativo Independencia ordenado por la propia Isabel Perón para acabar con la violencia política que se cernía sobre el país.
Según mismo Orestes Vaello le dijo a la Conadep en sus rondas testimoniales entre 1984 y 1985, declaraciones que constan en los archivos del área de Documentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Buenos Aires, trabajó para la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el organismo al que ahora, paradójicmanete, la Justicia Federal de La Plata le habría pedido localizar a su ex agente.
Con la llegada de la democracia en 1983, Vaello fue detenido en la U-16 de Caseros, por su participación en los crímenes del régimen militar, pero salió en libertad beneficiado por las leyes de impunidad del gobierno de Raúl Alfonsín, el Punto Final y la Obediencia Debida, los instrumentos con que se impidió cualquier avance judicial que castigara a los violadores de los herechos humanos en la dictadura y se pudiera conocer fehacientemente el destino de miles de personas, entre ellos niños que ahora son adultos y que nacieron durante el cautiverio clandestino de sus padres.
“El arrepentido no constituye una figura jurídica; un juez puede volver a ordenar su procesamiento, y más ahora si se derogan las leyes de impunidad”, señaló Cristina Caiati, del Cels.
Se trata del suboficial Orestes Estanislao Vaello, un ex miembro de la Triple A y del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, quien entre 1984 y 1985 prestó testimonio como “arrepentido” a la entonces Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) presidida por el escritor Ernesto Sábato.
La Cámara Federal de La Plata habría solicitado incluso a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) la localización del represor, pero hasta ahora no ha tenido noticias.
La idea por el momento no es detenerlo, sino hacerlo comparecer, aunque sea por la fuerza, ante el tribunal para que ratifique sus dichos ante la Conadep en 1984.
El paraíso paraguayo
Según información con que cuenta El Territorio, Vaello vive en el barrio encarnaceno Mboí Caé, y gerencia una ONG llamada “Tayí”, y una consultora que trabaja asociada a la ONG, con la que lleva adelante emprendimientos sobre políticas de salud y ecología, sobre todo entre los sectores de población afectada por la represa de Yacyretá, y con la que mantiene estrechos contactos con organizaciones ambientalistas de la provincia de Misiones. El año pasado, su organización ganó un proyecto de microemprendimiento de 2.500 dólares del Banco Mundial.
El interés de la Cámara Federal de La Plata en este suboficial de cerca de 60 años radica en los testimonios que prestó a la Conadep hace 20 años, cuyo valor adquirió mayor importancia luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían la continuación de causas por los crímenes de la dictadura militar, y porque aportaría elementos firmes para que la justicia pueda ordenar la detención de varios criminales identificados por Vaello en sus testimonios.
En la Justicia Federal de La Plata se tramita un Juicio por la Verdad que investiga el secuestro y asesinato de Laura Estela Carlotto, hija de la histórica presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y el destino que tuvo el bebé de la joven estudiante de Historia, que al momento de ser detenida junto a su pareja, en diciembre de 1977, estaba embarazada.
El niño, de nombre Guido, nació en el Hospital Militar, el 26 de junio de 1978, y según el testimonio de Orestes Vaello, fue robado por el médico Víctor Alberto Arroyo Morales cinco horas después del parto.
El testimonio de Vaello como “militar arrepentido” en la Conadep de Sábato sirvió para conocer la suerte de muchos presos políticos que pasaron por los centros clandestinos de detención que operaban en la época, a la vez que ayudó a establecer un mapa de la represión y la responsabilidad de militares y parapoliciales, como Suárez Mason y Aníbal Gordon en secuestros, torturas y homicidios.
El testimonio de Vaello constituye el Legajo Nº 3.675 de la Conadep. En ese expediente, el ex represor cuenta el destino de muchos activistas estudiantiles, políticos y sindicales que pasaron por sus manos durante la dictadura.
Su testimonio, que figura en el informe “Nunca Más”, disponible incluso en internet, es citado también en otras causas judiciales abiertas con relación a la dictadura, como las actuaciones 13.445/1999, caratuladas: "Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal" de la Secretaría Nº 14°, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7°, y en procesos para investigar el funcionamiento del denominado “Operativo Cóndor”, implementado por las dictaduras del Cono Sur como una coordinación de esfuerzos represivos contra la oposición política.
Vaello aparece citado, incluso, en el pedido de extradición que hizo el Juzgado del doctor Rodolfo Canicoba Corral contra el ex presidente boliviano, general Hugo Banzer, en 2001.
En “La Cacha”
La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno bonaerense tiene asignado un equipo que investiga uno de los centros de detención clandestino que funcionó en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la “Cacha”, que funcionaba en las antiguas instalaciones de Radio Provincia de Buenos Aires, en Lisandro Olmos, muy cerca del conocido establecimiento penitenciario.
En el Legajo 3675, el represor buscado por la Cámara Federal de La Plata, admitió haber transportado detenidos de los que después dijo desconocer su suerte a lugares de detención como “La Cacha”, “Automotores Orletti”, el “Pozo”, de Banfield, y la Comisaría Quinta, de La Plata.
“La Cacha”, que según el testimonio de la socióloga María Laura Bretal, quien estuvo detenida en ese lugar, debe su nombre al recordado personaje infantil de Cachavacha, la bruja que hacía desaparecer personas en los dibujos animados, operó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978.
El edificio principal antiguo y mal conservado, constaba de tres plantas, un subsuelo con capacidad para 12 detenidos, la planta baja, con un salón amplio para el personal, salas de tortura, y celda colectiva para unos diez detenidos; un primer piso para unos 20 detenidos.
El baño se encontraba en un entrepiso, descendiendo unos pocos escalones. En el exterior había una antena de unos 70 metros y material en desuso de la radio.
El coronel Barufaldi, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada Siete, era el responsable del área de “La Cacha”, y de los demás campos de concentración conocidos como Arana, Bim, Brigada de Investigaciones La Plata, comisarías 5 y 8, el Casco o Arana 2, y Guardia de Infantería de la Policía de Buenos Aires.
Frondoso historial
Orestes Estanislao Vaello se incorporó a la represión ilegal del terrorismo de Estado mucho antes de que concluyera el gobierno de Isabel Perón.
Trabajó para la “Triple A”, la célebre organización anticomunista creada por el monje negro del peronismo isabelista, el poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega, y fue miembro activo de la organización universitaria de derecha CNU. Eran los tiempos del Operativo Independencia ordenado por la propia Isabel Perón para acabar con la violencia política que se cernía sobre el país.
Según mismo Orestes Vaello le dijo a la Conadep en sus rondas testimoniales entre 1984 y 1985, declaraciones que constan en los archivos del área de Documentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Buenos Aires, trabajó para la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el organismo al que ahora, paradójicmanete, la Justicia Federal de La Plata le habría pedido localizar a su ex agente.
Con la llegada de la democracia en 1983, Vaello fue detenido en la U-16 de Caseros, por su participación en los crímenes del régimen militar, pero salió en libertad beneficiado por las leyes de impunidad del gobierno de Raúl Alfonsín, el Punto Final y la Obediencia Debida, los instrumentos con que se impidió cualquier avance judicial que castigara a los violadores de los herechos humanos en la dictadura y se pudiera conocer fehacientemente el destino de miles de personas, entre ellos niños que ahora son adultos y que nacieron durante el cautiverio clandestino de sus padres.
“El arrepentido no constituye una figura jurídica; un juez puede volver a ordenar su procesamiento, y más ahora si se derogan las leyes de impunidad”, señaló Cristina Caiati, del Cels.
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