La investigación detectó indicios de tráfico de personas en San Antonio
viernes 13 de septiembre de 2019 | 0:20hs.
La investigación detectó indicios de tráfico de personas en San Antonio
Por Cristian Valdez fojacero@elterritorio.com.ar
La organización criminal que operaría con base en las localidades de San Antonio y Bernardo de Irigoyen explotando la denominada “ruta senegalesa” del contrabando de mercaderías que ingresan al país desde Brasil -a través de la frontera seca- tendría vinculación directa con el tráfico de personas originarias del país africano.
La hipótesis se afianzó a partir de la investigación que desde hace más de dos años lleva adelante la titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35 de Buenos Aires, Celsa Ramírez, con intervención de la División Operaciones Especiales de la Policía de esa ciudad, en busca de determinar el origen y modalidad de traslado de los productos que comercializan los manteros -sin autorización legal- en barrios como Caballito, Once, Constitución y Liniers.
Los resultados de esa pesquisa fundamentaron los diez allanamientos que hicieron los detectives de la Policía porteña -con apoyo de Prefectura Naval Argentina (PNA)- mayormente en domicilios particulares de aquellas ciudades fronterizas con Brasil, pero también en las oficinas comerciales y depósitos de una empresa de envío de encomiendas con bases en Eldorado, Puerto Iguazú, Wanda y Posadas.
Se incautó documentación que no sólo probaría la vinculación de los sospechosos misioneros con el acopio y tráfico de artículos de contrabando, sino que ayudaría a reforzar la teoría de que los senegaleses hacen su ingreso irregular por esta provincia donde el grupo criminal investigado le suministra documentos apócrifos de residencia y los hacen ingresar al circuito laboral informal a partir del cual son explotados.
“Tenemos indicios y algunas certezas. En los allanamientos que hicimos en Misiones sabíamos que no íbamos a encontrar mercadería, pero incautamos gran cantidad de documentación y computadoras que ahora tenemos que procesar para confirmar esto que sabemos con mucha certeza”, explicó la fiscal Ramírez ejemplificando que “en distinto tiempo hemos entrevistado a testigos (en San Antonio e Irigoyen) que confirmaron e incluso hasta identificaron a los responsables”, resaltó en diálogo con Radioactiva.
“La hipótesis que tiene esta fiscalía es que alrededor de esta operatoria existe el delito de contrabando, fraude marcario, evasión tributaria y falsificación de documentación, porque se le da documentos precarios a los senegaleses para que ingresen al país y, en ese contexto, también hay trata de personas”, refirió explicando en paralelo que por ese motivo dieron intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), más allá de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
“En los relevamientos hemos visto que uno de los locales de la empresa de encomiendas allanados tenía empleados senegaleses que hasta informaban cómo transportar encomiendas encubriendo los detalles para que puedan pasar los controles. Lo detectamos en las tareas previas pero al momento de los allanamientos no estaban”, ejemplificó sobre cómo operan.
“No buscamos criminalizar”
“No buscamos criminalizar”
Tal como informó El Territorio de forma exclusiva, cinco domicilios particulares además de la misma cantidad de locales de una empresa privada de encomiendas fueron allanadas esta semana.
Los primeros bajo sospecha de participar como engranaje clave del circuito de tráfico de mercaderías que son enviadas a Buenos Aires para ser comercializadas en espacios públicos por los manteros y los otros como parte de la logística para el transporte en paquetes con particularidades difíciles de detectar.
Sobre la pesquisa, la fiscal Ramírez encontró oportuno aclarar que “lejos de criminalizar a estas personas (por los senegaleses) lo que hacemos es saber quién se aprovecha de esta situación y los está explotando. En el marco de esta investigación hay 102 personas involucradas, en su mayoría extranjeros con quienes cerramos acuerdos de probation con reglas de conducta porque no nos interesa condenar el trabajo que hacen ellos, lo que buscamos es llegar a quienes están haciendo abuso de su situación irregular”.
“Son víctimas del sistema, por eso no apuntamos a ellos, sino a quienes los utilizan”, reiteró la funcionaria judicial lamentando que “son engañados desde que ponen un pie en Argentina y terminan en una situación de esclavitud a merced de las personas que los están explotando”.
Sobre eso, la fiscal Ramírez ponderó “la diligencia de los jueces federales de Eldorado y Posadas”, aunque a título personal consideró necesario un mayor compromiso y trabajo en conjunto.
Respecto de ello, el magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, expresó su enojo y negó la falta de compromiso. Además, señaló que el exhorto de Ramírez fue “técnicamente impresentable y eludieron la competencia local ejerciendo forum shopping. No establecieron circunstancias mínimas, como por ejemplo identificar correctamente objetivos y objetos a secuestrar”.
Agregó también que la investigación se hizo sin “conocer lo elemental” y desde Buenos Aires. “De hecho le aclaré que nosotros los estamos investigando y por delitos muchos más graves que contravenciones de manteros”, concluyó.
Por último, toda información que la ciudadanía misionera considere relevante para la investigación puede aportarla de forma telefónica al 0800-333-47225 o a través del mail denuncias@fiscalias.gob.ar de manera identificada o anónima.
Engaño de una mejor vida por 6 mil dólares
En febrero de este año la Justicia procesó y encarceló por el delito de tráfico de personas a una red de senegaleses que opera en este país. Las víctimas fueron sus propios compatriotas, unos 80 en total, engañados y bajo el compromiso de pagar casi 6.000 dólares y después de un largo y fatigoso viaje -que incluía sobornos, pasaportes falsos y hasta cruzar a nado ríos fronterizos- ingresaban al país de manera ilegal para ser explotados por la organización. Las víctimas, lejos de recibir el trabajo prometido en hoteles, empresas y restaurantes, eran obligados a vender en puestos callejeros de mercadería ilegal, sin recibir prácticamente nada hasta saldar la deuda contraída con los traficantes. Tanto es así que en uno de los doce allanamientos ordenados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los investigadores del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina encontraron ocultos en la vivienda del jefe de la banda mafiosa unos 61 pasaportes adulterados de ciudadanos senegaleses que habían hecho ingresar a la Argentina de manera clandestina a través de pasos fronterizos con Brasil, consignó Infobae. Otras once víctimas fueron rescatadas mientras eran explotadas en puestos ambulantes de localidades porteñas y en Misiones.
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