Informe de Domingo: Uso y abuso de la prisión preventiva
domingo 02 de febrero de 2020 | 6:00hs.
Informe de Domingo: Uso y abuso de la prisión preventiva
Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar
El uso y fundamentalmente el abuso de la prisión preventiva está en
pleno debate en la Argentina. En el Servicio Penitenciario Federal, más
de la mitad de los internos esperan condena firme, a pesar de haberse
excedido los plazos legales.
En Misiones el número es menor, pero no deja de estar en el centro de la discusión.
Cifras a las que accedió El Territorio dan cuenta de que en las
unidades penitenciarias de Misiones se encuentran alojados 1.698
internos, de los cuales hay 747 imputados, es decir, son los que están
esperando sentencia en prisión.
Desde el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones dan cuenta de
un uso excesivo del encarcelamiento preventivo. Esto constituye la
privación de la libertad de una persona durante el proceso sin sentencia
condenatoria firme.
Respecto a la situación procesal de las personas detenidas, según
la Procuración Penitenciaria, se evidencia un uso excesivo de la prisión
preventiva, que provoca que más de la mitad de las personas presas esté
sin condena firme. Ante el creciente porcentaje de presos en esas
condiciones es que se buscan alternativas.
En el Federal
En el Federal
Dentro del Servicio Penitenciario Federal, más de la mitad de los
presos no tiene condena firme. Es decir, 6 de cada 10 personas detenidas
en cárceles federales del país están procesadas y esperan sentencia,
según datos actualizados y correspondientes al tercer trimestre de 2019
de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Se indica que hay 14.251 detenidos en cárceles federales, al 27 de septiembre 2019.
En números, ello implica que hay en el país -siempre en los ámbitos
federales- 8.123 procesados (57%) y 6.125 condenados (43%). Si se
analiza en materia de género, hay 13.062 (92%) varones detenidos, 1.136
(8%) mujeres y 53 (0,3%) mujeres trans en prisión.
En Misiones
En Misiones
Medidas similares se aplican en las cárceles de Misiones, donde
también se observa un elevado porcentaje de internos con prisión
preventiva.
En Misiones hay varios proyectos de ley a ser tratados en la Cámara
de Diputados, para que estas medidas cautelares en la instrucción de un
delito puedan tener un límite de uso.
Las iniciativas son impulsadas por el diputado provincial Rafael
Pereyra Pigerl. En una de ellas, busca reformar un artículo del Código
Procesal Penal provincial, estableciendo que la prisión preventiva no
podrá ser superior a dos años sin que se haya dictado sentencia y con la
excepción de extender hasta un año más, cuando se trate de una causa de
evidente complejidad (Páginas 4 y 5).
“Transcurrido este plazo, debe cesar la prisión preventiva sin que
pueda ser dictada nuevamente”, recuerda el titular del Juzgado de
Instrucción 1 de Puerto Rico, Manuel Balanda (Pág. 6). Ello al hacer
referencia de que existen otras medidas que pueden aplicarse en
reemplazo de la prisión preventiva, que debería usarse cuando existe
“sospecha razonable” de que pueda entorpecer el proceso o hasta la
posibilidad de fuga.
El uso de la prisión preventiva para algunos letrados es altamente cuestionable porque contradice la presunción de inocencia.
Lo cierto es que se entiende que es una herramienta legal que
debería adoptarse de manera excepcional y no como regla, cuando se
busque asegurar los fines del proceso hasta la realización del juicio a
la imposición de la pena.
Sobre este tema debaten en este informe dominical diversos
profesionales tanto de Misiones como también del país. Del mismo modo,
lo que significa estar preso siendo inocente. Sobrepoblación carcelaria
La Procuración Penitenciaria de la
Nación añade otro dato sobre el Servicio Penitenciario Federal: que más
de 2.000 internos están alojados por encima de la capacidad, dando
cuenta que hay un 16 por ciento de sobrepoblación declarada. A
pesar de la emergencia carcelaria declarada en marzo y según las
estadísticas correspondientes al período comprendido entre julio y
septiembre de 2019 la cifra de personas encarceladas aumentó a 14.251,
lo que implica que hay más de 2.000 personas alojadas por encima de la
capacidad informada. Por otra parte, la Procuración Penitenciaria
registra y documenta los casos de tortura y malos tratos, cuya cifra
hasta el tercer trimestre del año pasado llegó a 115 denuncias sobre 367
hechos. Finalmente, se destaca como emergente la temática de
salud, un eje que comprende un grado de complejidad alto dentro de la
vida en prisión. Esto es así debido los servicios médicos y la
infraestructura de las cárceles no reúnen las condiciones mínimas para
poder brindar el tratamiento adecuado y los cuidados básicos para
ciertas dolencias. El boletín estadístico tiene por objetivo
reflejar el registro y la producción de información con respecto a las
condiciones de detención de las personas privadas de libertad en las
prisiones federales y en centros de detención no penitenciarios, según
se desprende del informe confeccionado por el Equipo de Estadísticas y
Bases de Datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
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