La policía uruguaya recibió un pedido de captura internacional desde Argentina y la orden para allanar propiedades vinculadas a dos prófugos en la causa de los cuadernos. 
Se trata del ex titular argentino de la EBY,  Oscar Thomas, y del empresario lobista Carlos Ferrari, que son intensamente buscados por la Justicia Argentina.
Como consecuencia se realizaron dos allanamientos ordenados en viviendas ubicadas en las ciudades de Punta del Este y Piriápolis. 
De todos modos, fuentes cercanas a la investigación le señalaron al portal informativo  Infobae que el resultado de los procedimientos fue “negativo”.
Además los uniformados se apersonaron en un barco que Ferrari tiene atracado en el puerto de Piriápolis, que también fue allanado sin resultados positivos y la valiosa embarcación fue requisada.

Antecedentes
Oscar Thomas fue director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno kirchnerista. El juez Claudio Bonadio emitió una alerta roja de Interpol para su captura el pasado 7 de agosto. El ex funcionario fue varias veces mencionado en los cuadernos que señala haber escrito el chofer Oscar Centeno, quien afirma que Thomas entregó varias veces dinero a Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación de la Nación.
En tanto, Carlos Ferrari es un ex concesionario del juego en Río Negro y de bingos en Buenos Aires, señalado como el lobbista de Cristobal López. En 2009, Ferrari fue condenado a 4 años de prisión efectiva por pagar más de un millón de pesos en sobornos al presidente de Lotería de Río Negro.

El Calafate
Efectivos de distintas fuerzas de seguridad y miembros de la Afip reanudaron ayer en la ciudad santacruceña de El Calafate el allanamiento en la casa de la senadora Cristina Fernández  en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.
Ayer se requisó en el lugar una bóveda que contenía diversas carpetas con informes sobre el propio magistrado Bonadio y sobre la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal de la Nación, Alberto Nisman.
Las tareas de registro en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini, se suspendieron el sábado pasadas las 21, tras una larga jornada llevada a cabo por uniformados de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura bajo las órdenes del juez federal Claudio Bonadio. Fue el segundo día del operativo que había comenzado el viernes a las 15.
La casa de El Calafate, en la que falleció el ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.

Planifican cambios en la ley de fueros parlamentarios

La demora de tres semanas del Senado en autorizar los allanamientos sobre tres viviendas de Cristina Kirchner trajo a colación los intentos fallidos en el Congreso para reformar la Ley de Fueros y suprimir la necesidad de que el pedido judicial deba ser aprobado en el recinto. La falta de acuerdos políticos impidió hasta ahora que los proyectos avanzaran, pero a partir del caso de la ex presidente el debate podría reactivarse.
Sucede que el artículo primero de la ley actual indica expresamente que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Esto significa que, si un magistrado decide tomar esa medida, debe contar con la autorización del pleno de la Cámara de Diputados o del Senado, según corresponda.
“Desde nuestro punto de vista eso es un exceso reglamentario, porque la Constitución nos da a los legisladores inmunidad de arresto e inmunidad de opinión, pero no inmunidad de allanamiento. Eso es algo que se agregó en la ley, pero que no está en la Constitución. Lo que buscamos es hacer más fáciles los allanamientos, porque nos damos cuenta que así, discutidos durante dos meses en el Congreso, los allanamientos pierden su valor”, explicó al portal parlamentario.com el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli.
Esta situación ya había sido advertida en 2016, con Julio de Vido como protagonista. Es que en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, el juez Luis Rodríguez tuvo que frenar un allanamiento, el 29 de abril de 2016, porque el ex ministro de Planificación se amparó en sus fueros. Tonelli presentó entonces un proyecto de resolución para autorizar el procedimiento, pero en la Cámara Baja la primera votación fracasó. La iniciativa recién pudo ser aprobada en la sesión de aquel 23 de junio, casi dos meses después del primer intento de allanamiento.
Como coletazo, el jefe del Pro, Nicolás Massot, y la secretaria parlamentaria del bloque, Silvia Lospennato, presentaron un proyecto para eliminar el último párrafo del artículo primero de la ley, y así despejar el camino a cualquier juez para allanar domicilios de un legislador o interceptar sus comunicaciones sin necesidad de pedir autorización alguna.
Pero a pesar de los intentos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ese proyecto no prosperó por la negativa de la UCR y ahora perdió estado parlamentario. “No solo no nos acompañó la oposición, sino que tampoco nos acompañaron muchos de los nuestros”, recordó Tonelli a este medio.
Había además otra propuesta de Graciela Camaño, que también caducó, pero la titular del bloque massista la volvió a presentar el 29 de mayo de este año. Allí también se modifica el artículo primero de la Ley de Fueros, pero de manera más atenuada: el texto establece que, para allanar, el juez no deba pedir autorización del recinto, pero sí del presidente de la respectiva Cámara.
En el Senado, Laura Rodríguez Machado, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anunció durante la última sesión que insistirá con un proyecto idéntico al de Massot, que también había perdido estado parlamentario.