Esperanza, entre el escándalo y una marcha por los policías

Tras el escándalo desatado en Puerto Esperanza con la viralización de un video que retrataba una sesión de apremios en plena comisaría y la posterior remoción de la fuerza provincial de los uniformados implicados, llegó el momento de la judicialización del caso. 

Es que de acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, en la víspera la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú presentó en el Juzgado Penal de esa misma ciudad el requerimiento formal de instrucción de una causa por lo ocurrido dentro de la seccional involucrada. 

Fuera de términos técnicos, esto se traduce en una solicitud formal de iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso. 

Los voceros añadieron que en el requerimiento presentado la fiscalía incorporó los datos conocidos hasta el momento y además se solicitó una batería de medidas tendientes a identificar a tres de los uniformados que aparecen en el video. 

Esta medida, en principio, fue solicitada porque al menos hasta ayer por la mañana la Policía no había formalizado la denuncia correspondiente con los informes que desde la fuerza instrumentan desde el lunes en el marco del sumario administrativo que le iniciaron a los involucrados. 

Una vez que esto se materialice -lo cual sería inminente-, podría acelerar el accionar judicial y se podrá avanzar hacia otros aspectos. Por el momento, la acusación preliminar que se le endilga a los implicados se condice con la calificación de apremios ilegales, aunque esto podría variar conforme a los elementos que se añadan en el expediente con el correr de la investigación. 

En este punto es importante mencionar que toda la causa que ahora se abre fue motivada exclusivamente por el video de 2:23 minutos que se viralizó en las últimas horas del domingo y en el cual se observa a un policía castigando a cintarazos a un detenido que posteriormente fue identificado como Daniel Natanael V. (39). En el audiovisual se ve a otros efectivos que presencian las agresiones y no interceden. 

Sin embargo, ese mismo lunes, la madre de la víctima, Delia López (66), en diálogo exclusivo con El Territorio, indicó que su hijo ya había sido golpeado y torturado en varias oportunidades previas por los mismos efectivos. 

Es por eso que ahora se intentará determinar la veracidad de esos otros hechos y esto podría complicar aún más la situación de los uniformados en cuestión, quienes el lunes a la noche fueron pasados a disponibilidad por la Jefatura de la Policía en una medida ejemplificadora.

Incluso, la mujer expresó que en una oportunidad su hijo fue sofocado con una bolsa en la cabeza y que en otra ocasión los efectivos irrumpieron en su domicilio, donde nuevamente golpearon al muchacho en el marco de una requisa en búsqueda de objetos presuntamente robados. 

Los apuntados hasta ahora son un oficial y tres subalternos. Entre ellos está el jefe de la comisaría, quien si bien no participó de los apremios, también fue removido por la responsabilidad funcional que sobre él recae como encargado de la dependencia. 

Ayer, López volvió a charlar con este medio y señaló que su hijo “está bien”, aunque siente “mucho dolor en el cuerpo” y que por eso “no pudo venir a Posadas”. 

“Yo quiero justicia para que no pase con otros chicos lo que le hicieron a él. Él estaba esposado, le pegaron cintarazos y después con una silla. Después le pusieron una bolsa en la cabeza. Le torturaron feo. Dos minutos está grabado, pero después de eso continuaron porque él estuvo tres días esa vez detenido”, expresó. 

Denuncia y pedido de seguridad

En paralelo a esto, ayer por la mañana López se presentó en la oficina de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura donde radicó la correspondiente denuncia. 

En este contexto, la presidenta de la comisión, Rita Núñez, dialogó con El Territorio y al respecto indicó que “lo que hicimos fue tomarle la denuncia y remitirla directamente a las autoridades correspondientes y al procurador general de la provincia, porque la idea es que se haga un seguimiento del caso”. 

Además, señaló que “ella -por López- estaba muy asustada por el amedrentamiento que sufrió por parte de algunos de los policías implicados ya que dijo que una vez irrumpieron en su propia casa y es por eso que se reforzó un pedido de medidas de seguridad para ellos”. 

Según señalaron, tanto la denuncia como todos los demás documentos recibidos por la comisión serán entregados y anexados -junto a lo que entregue la fuerza provincial- a un mismo expediente que se instruirá ahora en la Justicia de Puerto Iguazú.