Eléctricas de todo el país se unen contra la resolución del Inaes

Más de 600 empresas distribuidoras de electricidad, entre las que se encuentran las cooperativas misioneras, elevaron un reclamo conjunto para rechazar la resolución 3442/2018 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que establece facturar el servicio eléctrico de manera autónoma e independiente de otros conceptos ajenos.
La encargada de dar a conocer el comunicado oficial fue la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), que elevó los reclamos, adjuntando la firma de todas las federaciones que nuclean a las entidades del país, entre ellas, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face), en la cual están incluidas las cooperativas de Misiones.
“Entendemos que atenta contra un sector de la economía social y solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial, ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial”, detallaron desde Cooperar, al tiempo que distinguieron que las 600 distribuidoras eléctricas están constituidas por 2 millones de asociados y usuarios en quince provincias, que brindan a su vez servicios a casi 8 millones de argentinos.
Y apuntaron que sin esos servicios (gas, internet, sepelios, ambulancias, etcétera)  más de 700 pueblos del interior del país hoy serían pueblos fantasmas.

Pasos a seguir
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem), Ángel Kuzuka, adelantó a El Territorio que a última hora de ayer se reunirían en Montecarlo con los integrantes de las demás entidades para precisar los pasos a seguir.
“El reclamo lo va a hacer Face junto a Cooperar, pero seguiremos también buscando nuevas definiciones de nuestra parte”, explicó.
Desde que se conoció la resolución, Kuzuka manifestó el malestar que causaba a las cooperativas.  “Ellos no entienden la función de una cooperativa dentro de las pequeñas comunidades donde prestamos servicio”, había remarcado, en referencia al Inaes.
Asimismo, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Urbana, Rural y otros Servicios Públicos de Concepción de la Sierra, Diego Conti, remarcó que esta decisión nacional “nos va a traer contratiempos si se implementa como nuevo sistema”.
“No está bien en claro cómo va a ser la manera y cómo se va a instrumentar, y ni hablar lo que va a significar la impresión de más boletas y demás, no sólo para la cooperativa, sino también para el usuario. Ojalá que se revea y se deje sin efecto”, manifestó.
De igual manera, representantes de distintas cooperativas de la provincia ya se expresaron al respecto, como Guido Weber, presidente de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín Limitada, que habló de una “resolución confusa”, y el gerente de la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo (CEML), Esteban Strieder, quien indicó que “también hay imprecisiones que debemos zanjar”. 

Por el empleo
De acuerdo a lo que expresó Cooperar, durante casi 100 años de desarrollo institucional y empresarial comunitario, “las cooperativas prestatarias de servicios públicos han sido socias estratégicas de los estados municipales, provinciales y nacional, cubriendo responsabilidades subsidiarias en muchos casos,  autogenerando empleo formal y proyectos de desarrollo local que han contribuido a fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, de manera especial en tiempo de crisis como los actuales”.
“En contraposición a una imposición tributaria del Estado, en nuestro caso el asociado decide voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate”, añadieron.
En ese marco, alertaron que el sector “viene sufriendo distintas medidas políticas, económicas, administrativas que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades”.
“Esta medida atenta contra esa voluntad asociativa de sus integrantes y pone en serio riesgo, en principio, la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que giran en torno al cooperativismo de servicios, pero además la posibilidad del cese de importantes prestaciones que hoy se llevan a cabo. Ambas consecuencias significarán un debilitamiento del tejido social y comunitario que de algún modo se intenta proteger”, concluyeron.