¿Libre mercado? ¿Justicia social? ¿Comunismo?

En algunas ocasiones, salir a responder o desmentir una falacia, mentira o distorsión es darle entidad. En otras, dejarla pasar es lo que permite que se perpetúe. Con el diario del lunes, todos podemos dirigir la Selección, es cierto, pero está claro que ni la educación ni los medios -ni qué decir de los dirigentes políticos- han sabido echar por tierra un postulado que, por exagerado, insostenible o hasta estúpido, todos creíamos que se perdería en la papelera de reciclaje del palabrerío nuestro de cada día. No, Argentina nunca fue comunista, jamás estuvo cerca de serlo y creo que, constitucionalmente, es imposible que lo sea.

Claro que refugiarse en la Constitución Nacional puede parecer ingenuo, viendo como vemos (y como veremos) que quienes agitan el fantasma del comunismo son los que menos respeto muestran por nuestra Carta Magna. Nótese que en la reforma de 1994 se agregó un artículo que reza: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, habida cuenta de la afición por instrumentar golpes de Estado por parte de los temerosos de la oleada roja.

A lo nuestro: artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. No sé usted, pero yo no veo que sea aplicable a ningún régimen comunista, al menos a ninguna de las experiencias que hayamos tenido en el mundo.

Pero no festeje tan rápido que, acto seguido, sin solución de continuidad, abajito nomás, aparece el 14 bis, que en su segunda parte dice: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Todo lo contrario a las propuestas de campaña y las acciones de gobierno de la actual gestión y a la idea de que el mercado lo resuelve todo.

Claro que algún abogado constitucionalista podrá encontrar alguna salvedad para justificar esto o aquello, pero si la ley fundamental es inasible para los legos, que somos la mayoría de quienes nos regimos por ella, ¿qué sentido tiene?
Recuerdo que muchos votantes de este primer mandatario respondían “el Congreso no lo va a dejar” cuando se les marcaba lo extremo de algunas ideas allá por 2023. Pues bien, no sólo el Congreso le permitió casi todo, sino que incumplió (e incumple) con el inciso 19 del artículo 75, el cual manda a los legisladores “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”, así como “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

¿Qué dice el señor presidente? ¿Que la justicia social es una estafa (entre otros epítetos)? Dígaselo al gran gobierno de la década del 90, encabezado por su admirado líder, al punto de que dos de sus sobrinos son parte hoy de su armado político sin otro mérito que el ser parientes de quien más se benefició de aquella reforma aprobada en el 94.

La buena noticia, entonces, es que constitucionalmente algunas acciones están vedadas. La mala es que la Constitución Nacional es hoy sólo un lindo cuentito y no representa impedimento alguno para los dueños del poder.