Lo que revela la baja en la edad de imputabilidad
No fue sencillo decidir sobre el tema central de estas líneas. La última semana se caracterizó por un torbellino de sucesos que despiertan un abanico de sentimientos, reflexiones, ideas. La indiferencia no está permitida.
Por un lado, la fuerza política en defensa de la comunidad latina que, sin proponérselo, lidera el cantante Bad Bunny. Una vez más, la cultura enfrenta la discriminación, la persecución y los discursos de odio. Independientemente de los gustos musicales, hoy la voz del puertorriqueño es un posicionamiento que reivindica a Latinoamérica: un cachetazo público al ICE de Donald Trump. El mensaje generó un efecto dominó y se multiplicó.
Por otro lado, haciendo foco en una cuestión más cercana está la reforma laboral en Argentina. Imposible salir del asombro ante lo que está en juego, los derechos de los trabajadores. Para dimensionarlo basta un solo artículo: el que recorta el 50% del sueldo para quien se enferme o se lastime fuera del lugar de trabajo. ¿Y qué pasa con las enfermedades de largo tratamiento? Las oncológicas, por ejemplo. Un empleado para mantener su nivel de ingresos, ¿debería seguir asistiendo a su puesto en simultáneo a las sesiones de quimioterapia?
El pasaje del sentimiento de orgullo que genera el acto de resistencia a la decepción fue abrumador, en un pestañeo. Y como si fuera poco, la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto del Régimen Penal Juvenil que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El nuevo régimen penal juvenil desnuda la crisis de las instituciones como la familia y la escuela. Si estamos debatiendo castigo para los adolescentes que delinquen antes que espacios de contención y formación, en algo fallamos como adultos, dándoles la espalda a tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente -sancionada en 1989- que reconoce a los menores de 18 años como sujetos de derecho, obligando a los Estados a garantizar su protección, supervivencia, desarrollo y participación.
La redundancia es un recurso necesario en este caso: supervivencia y participación de la vida en sociedad son dos de los pilares que fomenta la Convención. Incumplirla representa un fracaso colectivo que ahora se materializa en la ley que avanza a paso firme.
Con la Convención como norma matriz, Unicef señala que la reducción de la edad no influye en las estadísticas de delincuencia y reincidencia por lo cual promueve la prevención desde la educación, el deporte y la salud. De hecho, los jueces especializados en minoridad destacan que es mínimo el porcentaje de delitos graves en los cuales hay chicos involucrados. “De cada diez delitos registrados, uno es cometido por un menor. En Misiones esto no llega al 1%, o sea que no podemos decir que la solución pase por bajar la edad de punibilidad”, manifestó tiempo atrás, el juez César Jiménez, tras el impacto de la serie Adolescencia, de Netflix.
Otro aspecto preocupante -al menos para quienes defendemos las infancias- por su carácter ambiguo es el financiamiento. No quedó claro si será costeado por Nación o por las provincias. Pues es lógico preguntarse dónde serían alojados los chicos de 14 y 15 años al momento de ser detenidos. La Convención es tajante: los menores no deben compartir espacios con adultos para evitar riesgos y abusos.
La baja de la imputabilidad es antagónica a la inclusión social. No resuelve el problema de fondo. El Estado no garantiza derechos, pero impone condenas, un contrasentido. Se pone en debate la pena a menores de edad, pero qué tiempo y espacio son dedicados a la búsqueda de oportunidades: oportunidad de estudiar, de crecer, de jugar, de construir un proyecto de vida.