Afirman que en Corrientes los radares están para recaudar

Los radares con fines recaudatorios siguen recogiendo víctimas en las rutas argentinas. Si bien hay aparatos que buscan evitar siniestros, otros solamente funcionan como “cazabobos”, realizando infracciones al azar y cobrando estrepitosas multas.
El Territorio dio cuenta en reiteradas oportunidades de la metodología de acción de las empresas encargadas de administrar este tipo de cinemómetros, estos últimos apostados en las rutas, escondidos, y sin señalización alguna. No obstante, en la provincia desde el año pasado ya existe una legislación al respecto.
Pero esto no sólo ocurre en Misiones. Por el contrario, la provincia vecina de Corrientes es la que más cantidad de radares tienen en sus caminos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó y homologó la instalación de 26 radares para el control de velocidad, motivando la generación de -cada vez más - fotomultas en el territorio correntino.
Ante este panorama, la jueza de Faltas Municipal N°1 de la ciudad de Corrientes, Amelia Susana Merlo, se mostró en contra de este tipo de método para recaudar. En diálogo con este medio, argumentó: “No estoy en contra del sistema de radares, pero quiero que se haga dentro del marco de legalidad, que no sea recaudatorio ni cazabobos”.

Desde Seguridad Vial
La magistrada explicó que incluso un integrante del Consejo Nacional de Seguridad Vial criticó la metodología de los radares, puesto que “tenían un mal funcionamiento y perjudicaba a los ciudadanos que querían sacar un carné de conductor que no se lo daban si no pagaban esas multas”.
“Lo mismo pasaba con el Registro Nacional de Automotores, que le exigía el pago de eso para poder hacer las transferencias. Él criticaba diciendo que estaba muy mal porque atentaba con el derecho de transitar y en el caso del Registro, porque tomaba poder de policía que no le corresponde”, contó.
En ese sentido, la jueza – luego de que se viralizara un audio donde coincidía con las palabras del integrante del Consejo – comenzó a recibir fotografías de infracciones donde “por ejemplo, en la costanera de Corrientes le marcaba 42 k/h y el marcador del auto decía 27 k/h, o sea que estaba mintiendo el radar evidentemente”.
“Comparto la opinión, porque yo no he mentido, porque hace 30 años soy jueza de Faltas, tengo quince gestiones de todos los colores políticos. A fines de los 90 tuvimos una empresa que brindaba ese sistema, al que yo me opuse porque inventaban actas, cobraban lo que no correspondía”, afirmó.
Al tiempo que añadió: “En esa época, aparecía gente de Usuahia mandando intimaciones a la Municipalidad de Corrientes por estas cuestiones. Cuando veo todo eso, empiezo a pedir informes a la empresa. Y como consecuencia de esos pedidos, me pasan a un freezer, un año y medio, hasta que vino la intervención de De la Rúa y me reintegro. Comento lo que pasaba, me piden el informe y les paso. En ese momento, Oscar Aguad estaba en la Municipalidad de Corrientes (como intendente provisional), y le mando lo que venía investigando con copias y fotocopias de las impugnaciones”.

Cazabobos
Merlo explicó que esos radares realmente eran cazabobos, y ejemplificó: “Uno de ellos estaba mirando el puente, cuando usted subía la velocidad, porque es la única forma de poder subir, le hacían el acta de infracción, era un cazabobos, y estos de ahora son los mismos. De todo el país llaman reclamando”.
En esa línea, ratificó que las llamadas se dan desde Jujuy, La Pampa, Buenos Aires, entre otros lugares, desde donde los abogados piden explicaciones y anticipan que van a hacer juicios federales a la Municipalidad.
“Yo no puedo hacer nada porque me sacaron la competencia, ya no somos tribunal, sólo tenemos el nombre nomás, por eso opino de forma personal. Por Código Procesal, se deberían tomar los respectivos descargos, pero eso tampoco se hace, solamente hay una ventana donde se le cobra a la persona”, aseveró.
Seguidamente, explicó: “No sólo es tan malo el servicio de esa empresa, sino que además se obviaron los procedimientos legales de adjudicación de servicio, directamente el intendente que estaba hizo una resolución y otorgó el servicio. Pasó al Concejo donde tenía mayoría, no se llamó a licitación, y esa empresa maneja cualquier cantidad de dinero”.
Y concluyó: “Lo importante es salvar la vida, pero no puedo estar de acuerdo cuando se viola la Constitución. Como abogada y ciudadana tengo que respetar el estado de derecho. No es que estoy en contra, pero la Constitución está por encima de leyes y ordenanzas. Juré por la Constitución Nacional, Provincial y por la Carta Orgánica, no puedo violar todo lo que juré”.