Jiménez propone un debate serio, sin una lógica penal

El titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez (63), con 23 años en su puesto, opinó que la baja de la edad de imputabilidad “es una obstinación política permanente” que no resuelve los problemas de seguridad, sino que simplemente genera una ilusión en la sociedad.

“El endurecimiento del sistema penal, que tiene una variante clásica de agravar las penas o aumentar el territorio de lo prohibido en materia de menores, es reducir la edad de imputabilidad o punibilidad. Eso es clásico y desde hace muchísimos años se viene insistiendo”, expresó consultado al respecto del debate que impulsa el gobierno nacional.

Jiménez señaló que el tratamiento de esta nueva ley requiere de un riguroso análisis científico, insistiendo en que los niños y adolescentes son ciudadanos en período de crecimiento. “Ya se ha demostrado en las pruebas obtenidas con la neurociencia indica que los cerebros de los jóvenes continúan madurando más allá de la adolescencia. Entonces pensar que la resolución de un conflicto de la población juvenil pasa por encerrarlo o bajar la edad de imputabilidad es una ficción”, dijo contundente.

Al respecto, expresó que en Latinoamérica el 70 por ciento de los adultos detenidos ya han cometido delitos desde pequeños, “lo que quiere decir que la solución no es el encierro”. Asimismo, añadió que en la provincia de Buenos Aires el 4 por ciento de los delitos son cometidos por niños o adolescentes y esa estadística se reduce al 1 por ciento a nivel país y menos del 1 por ciento en Misiones.

“Tenemos que buscar alternativas válidas para resolver esta situación y buscar un debate serio, con la posibilidad de un sistema juvenil. Que la reforma sea sin una marcada lógica penal, que sea una ingeniería institucional en donde todos debemos buscar la manera de instalar los estándares internacionales como salida lógica”, reclamó.

El juez coincidió en el pensamiento de que quienes impulsan la baja de la edad de punibilidad sostienen sus argumentos en hechos ocurridos en Buenos Aires o Rosario, donde la realidad -como lo marca la estadística- es muy distinta a lo que sucede en otras partes del país.

Al respecto, insistió que “por eso tenemos que pensar en serio en esta nueva ingeniería institucional que la solución son las garantías procesales. Y si la solución son las garantías procesales, las garantías son competencias exclusivas de las provincias. Resolvamos desde ese lugar entonces la situación de conflictos de los niños, niñas y adolescentes infractores a la ley penal”.

“La Justicia de Menores es para subsanar el daño cometido en la familia y reintegrar socialmente al niño. Es distinta a la Justicia de adulto, que tiene su hecho de antecedente, su investigación, su juicio y su sentencia absolutoria o con condena”, remarcó.

El magistrado detalló que esta iniciativa del gobierno nacional ya se dio con otras administraciones y que incluso ya hubo debates entre jueces de menores de todo el país. Consultado por las conclusiones, aseguró: “Nosotros estamos a favor de pensar en un sistema juvenil, en un sistema de Justicia juvenil en donde la Nación tenga mucho que ver. Es decir, un sistema nacional de Justicia juvenil. La idea de tener un sistema donde la provincia y la Nación comparten la estructura de esta nueva ingeniería institucional”.

Esta ingeniería, contó, se basa en la implementación de los tratados internacionales, buscando alternativas al encierro basadas en la interdisciplina. “Cuando hablamos de la posibilidad de resolver socioeducativamente, estamos hablando de estas alternativas. Todas estas situaciones requieren reformularse con una lógica distinta a la penal”, remarcó.

En la actualidad, explicó el juez, un adolescente de 16 o 17 años que comete un ilícito -por ejemplo, un homicidio, que es el más grave- atraviesa un proceso similar al de un adulto: “Si un menor comete cualquier tipo delictivo tiene su etapa de investigación, pero tiene su trabajo interdisciplinario. No solamente lo atiende el juez o el secretario, también lo atiende el psicólogo, el trabajador social, el psicopedagogo”.

“Trabajamos con la familia porque estamos hablando seguramente de familias desintegradas que les ha llegado la pobreza, que es un factor determinante. Y después incluso tiene su juzgamiento y a la hora del juzgamiento, si tuviese una condena, lo que se habilita por ley es trazar una hipótesis de un hecho no consumado. Es decir, se puede reducir la pena de un tercio a la mitad”, continuó.

El juez indicó que el encierro es la última instancia y que tanto el proceso de juzgamiento como el alojamiento deben ser lo más cortos posible.

En esta línea, se reafirmó que en la actualidad los niños y adolescentes de 15, 14, 13, 12, 11 años son menores no punibles. “Al no ser punible, la situación de proceso penal no atrapa a este tipo de menores. Porque la ley nos pone límite de 16 y 17 años. Aunque el trabajo con la interdisciplina lo hacemos, el trabajo con el hogar Lucas lo hacemos. Es decir, no se trata de castigarlos, si no de contenerlos”.

El magistrado también se refirió a la crisis económica y social que atraviesa el país y cómo impacta en la violencia y en el delito, también en los menores de edad: “De un tiempo a esta parte estamos hablando de un 40 por ciento, hoy más de 50, de niños en situación de empobrecimiento. Pensar que la mayoría de los delitos cometidos por niños y adolescentes son delitos contra la propiedad me está dando una información interesante”

“Son niños que carecen de algo que quieren, por eso roban un celular, una zapatilla y en este sentido la pobreza es una de las causas. No es la única, pero es una de las causas que generalmente le lleva no solo a delinquir, le lleva a consumir. Y cuando consume, el niño o adolescente no sabe lo que hace”.

Detalló que muchas veces tienen entrevistas con jóvenes que se acuerdan de lo que sucedió por el efecto de las drogas, y “cuando les pasa el efecto del paciente que inhaló o que consumió es otro pibe, es un pibe sano”.

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