Expedientes secretos

Hacerse cargo del Juzgado de Instrucción Uno de la Cuarta Circunscripción Judicial, cuyo manejo desprolijo terminó con el alejamiento del cargo del ahora jubilado juez Éctor Acosta, representó abrir una caja de Pandora. Como reflejaba aquella mitología griega, abrir esa caja implicaba liberar y conocer el origen de todos los males que, por muchos años, generó angustia a toda la población que pedía justicia en la amplia jurisdicción de Misiones.

Quienes asumieron en Puerto Rico hace seis meses para impartir justicia, Roberto Antonio Sena (juez subrogante) y el fiscal Jorge Francisco Fernández, entienden que ponerse al día con todas las causas atrasadas demandaría al menos tres o cuatro años más de intenso trabajo.

Como los Expedientes X, aquella serie de ciencia ficción rodada en los 90 –cuando Éctor Acosta ya era juez-, también en el juzgado de Puerto Rico hay expedientes secretos para ser investigados; son miles de causas desconocidas e irresueltas.

Desde que asumieron, Sena y Fernández -sin días de descanso- se abocaron a resolver aquellas causas atrasadas con detenidos e intentan ser lo más expeditivos posibles con los hechos diarios.

Esa tarea silenciosa ya marcó diferencia y hay una opinión favorable –como lo hizo recientemente una integrante del Colegio de Abogados local– en cuanto al esfuerzo que se está haciendo ahora –casi exactamente con el mismo personal que tenía Acosta– para estar al día con los nuevos hechos y atender algunas históricas.

Las primeras denuncias
Ya en mayo de 2014, el abogado Horacio Noguera había denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados a Éctor Acosta por irregularidades. El letrado de Puerto Rico acusó por entonces al magistrado de maltratar a los profesionales del derecho, de dictar fallos contradictorios, de retardo de justicia y de actuar en connivencia con un abogado para favorecerlo con sus fallos.

Dos años después, en la misma fecha, se planteó otro jury que apuró la salida de sus funciones del entonces juez Acosta.
De las 20 causas en que se habían planteado retrasos, “muchas quedaron en la nada”, recordó el abogado Noguera esta semana a El Territorio. Similar situación hace que se acumulen los expedientes.

“La verdad es que pasamos por momentos bastante complicados hace un par de años, sobre todo desde 2016 para atrás, y ahora realmente podemos decir que las cosas cambiaron bastante”, había indicado Elizabeth Auras, delegada del Colegio de Abogados en Puerto Rico.

Cuando la comisión directiva del Colegio de Abogados de Misiones había presentado la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento hace dos años contra el juez Éctor Acosta, se señaló que el entonces cuestionado magistrado otorgaba presuntas “excarcelaciones exprés” y no había emitido fallos en cinco años. Tomando en cuenta que en promedio ingresan a la dependencia judicial alrededor de 3.500 causas por año, se puede estimar que –sólo en ese período– el polémico juez habría paralizado unas 17.500 causas.

El Colegio de Abogados había detectado durante 2016 causas retrasadas de cuatro a cinco años, correspondientes en algunos casos a los años 2011 y 2012.

Otro ejemplo de retraso es que sólo elevó a juicio tres causas durante 2015.

Hay algunos hechos que nunca tuvieron resolución ni detenidos, como los 20 años que se cumplirán del homicidio más resonante de los últimos tiempos en Puerto Rico, del empresario maderero Oscar Alberto Griss, quien el 29 de diciembre de 1998 fue asesinado a balazos en su residencia ubicada en pleno centro de la ciudad. Según su hija Karina, la investigación que instruyó el juez Éctor Acosta no pudo determinar quién o quiénes fueron los asesinos ni cuál fue el móvil del crimen.

De lo que pudo saber El Territorio, es tanta la cantidad de causas atrasadas, que los expedientes están apilados en un amplio recinto esperando ser revisados, para activar, elevar a juicio o de lo contrario, resolver la prescripción.

Ni los que subrogaron transitoriamente al juez Acosta ni al asumir los actuales, se hizo un inventario, por lo que hay un número sin precisar de causas y bienes que fueron incautados en los miles de procesos durante la gestión de Éctor Acosta. Algunos especialistas consultados entienden que aquí también podría estar otra caja de Pandora, que al reabrirse algunas causas podrían generar más sorpresas. En tal sentido, el Colegio de Abogados había sido contundente en la primera denuncia contra Acosta, quien luego, para evitar el juicio político, había optado por renunciar e iniciar el proceso jubilatorio.

“Morosidad, falta de dictado de sentencias, falta de resolución de cuestiones procesales importantes, detenciones sin resolución procesal, falta de dictado en tiempo y forma de resoluciones sobre falta de mérito, sobreseimientos, falta de elevación a juicio, presuntos favores o tratamiento desigual a abogados ante situaciones similares y hasta incluso en un mismo expediente”, fueron las denuncias e irregularidades planteadas y, muchas de las cuales, aún estarían sin resolverse.

El mismo cuerpo colegiado, cuyos integrantes sufrieron por años –como también sus clientes– la falta de justicia, había demandado a Acosta por “demora, mala atención, desprecio al trabajo profesional, sospechas de colusión o connivencia, nepotismo, falta de capacitación”.

En el medio, hasta el hijo del juez se vio envuelto en un escándalo, por el asesinato a golpes de la adolescente Angélica Ramírez (14), hecho ocurrido en 2012 en Puerto Rico.

Por este hecho, el panadero Francisco Bourscheid fue condenado a prisión perpetua y su hermano Héctor insiste que el propio Acosta había contaminado la escena del crimen.

Con la renuncia del juez Acosta, en principio quedó sin efecto la investigación que estaba realizando la Cámara de Apelaciones, presidida por José Alberto López.

Esta dependencia estaba llegando a la etapa final de la tarea.

Como resultado de la pesquisa, habrían comprobado las denuncias de abogados, al calificar como graves las demoras injustificadas en la administración de justicia y hasta personas detenidas en comisarías por mucho tiempo y poca justificación, sin dictarse en algunos casos ni siquiera la prisión preventiva, además de la sospecha de liberar mediante supuestos acuerdos particulares o cauciones, sumado a los planteos de connivencia entre el magistrado y el abogado Rubén Petroff. Todo lo previo está saliendo ahora a la luz.

Acceso a la justicia
“El doctor Roberto Sena, juez de Instrucción de Jardín América, actualmente subroga al juzgado penal de Puerto Rico y con ello se nota un cambio. Ahora tenemos acceso a los expedientes, hay libertad para trabajar, y también la designación del fiscal Jorge Fernández fue fundamental porque hay otra dinámica de trabajo”, había destacado la abogada Auras.

El juez Sena espera la asignación de un nuevo magistrado para Puerto Rico, ya que él en estos momentos se encuentra subrogando y su destino final, es el juzgado de Jardín América.

El Territorio repasa en este informe lo que representó y representa ahora el funcionamiento de este juzgado de Instrucción. Además de entrevistar al juez y al fiscal, se conocieron testimonios de quienes sufrieron la falta de resolución de numerosos delitos.

 Así como al abrirse aquella caja de Pandora se liberaron muchos males también –como cuenta la mitología–, surgió la esperanza, entre abogados y víctimas de diversos delitos, de que siga mejorando el servicio de justicia en Puerto Rico.

Pero también los contenidos de los expedientes secretos, sobre antiguos hechos ocurridos en la amplia circunscripción judicial, pueden generar sorpresas que nadie se anima a dimensionar.

Por Antonio Villalba

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