Antes de renunciar sumó siete causas en su contra

El denunciado y cuestionado juez de Instrucción de Puerto Rico Éctor Acosta, presentó la renuncia en abril de 2017. De esta manera evitó el jurado de enjuiciamiento y se acogió a la jubilación en septiembre de 2017, tal como había requerido.
Antes de acogerse al retiro con sólo 57 años, Acosta estuvo de licencia por poco más de un año.
Tras jubilarse solicitó al Colegio de Abogados la habilitación y alta de su matrícula, la que fue denegada por unanimidad, según la resolución 943 del cuerpo colegiado, con fecha 5 de septiembre de 2017. Es decir, legalmente no puede ejercer su profesión, aunque sospechan que lo hace en complicidad con algún letrado que facilita firma y sello para mover las causas.

La era de Acosta
Con su renuncia, terminaba una cuestionada gestión, que comenzó a principio de los 90 durante el gobierno de Julio César Humada.
Estando casi tres décadas al frente del Juzgado de Puerto Rico, también llevó adelante algunas actividades privadas a través de terceros que no le resultaron exitosas.
Desde una casa funeraria y un comercio dedicado a las ventas de celulares hasta una farmacia. En todos los casos, las sociedades no terminaron bien.
Estando en el cargo público, ejercía a través de terceros la  actividad privada que en el pueblo todos sabían.
En Puerto Rico, recuerdan que al quebrar el negocio que tenía de telefonía se llevó todos los teléfonos celulares, que estaban a la venta o reparación, a su domicilio. Ello provocó un incidente inesperado. Cuentan que un español dejó en reparación su teléfono móvil y al reclamar la devolución se enfrentó verbalmente con Acosta. El magistrado con el fin de apaciguarlo, lo citó al día siguiente a su domicilio, con la promesa de entregarle el teléfono. Ese día, el español se apersonó al domicilio del juez, quien ordenó arrestarlo y por este hecho un abogado local promovió una denuncia contra el magistrado.

Incompatible
Claramente, según la ley de orgánica del Poder Judicial, es incompatible –a la magistratura judicial– toda actividad política, sea partidaria o electoral y con el ejercicio del comercio, entre otros aspectos. De allí que el accionar del entonces magistrado siempre estuvo en la mira.

Las causas
Al acogerse a la jubilación, llevaba acumulada siete causas en su contra.
El intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, en un acto público, planteó supuesta connivencia con un abogado local y haber ordenado la libertad de presuntos asaltantes a cambio de fianzas que rondaba los 140 mil pesos.
 Cuando avanzó el pedido de jury –realizado en 2016–, más de media docena de abogados habían ratificado las diversas irregularidades denunciadas por el Colegio de Abogados de Misiones, lo que requirió el juicio político. Al ver que no tenía más opciones, decidió presentar la renuncia. En ese momento, avanzaban varias denuncias. Una, dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que ordenó la instrucción de sumario administrativo; otra, ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, por estafa y cohecho, en la que también aparece acusado Rubén Oscar Petroff. La tercera, por cohecho pasivo contra el entonces magistrado y otras dos más, por amenaza de denuncia y por cohecho activo en el que aparecen señalados Acosta y Petroff; quienes a su vez fueron denunciados por ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.
Y la séptima causa contra Acosta fue por ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que por segunda vez, era promovido por parte de integrantes del Colegio de Abogados.