Prevención de la Tortura impulsa denuncia por posible abuso a detenido en Oberá

Desde la Comisión Provincial de Prevención Contra la Tortura (CPPT) tomaron contacto con la madre del joven que denunció presuntos apremios y abuso sexual por parte de efectivos de la Seccional Tercera y comprometieron asistencia para impulsar la causa penal en marcha.
Tal como informó El Territorio en su edición de la víspera, el viernes Lorena M. (36) y su hijo Adrián F. (19) se presentaron ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá para denunciar los vejámenes que el joven habría padecido entre el 17 al 24 de noviembre pasado en la citada dependencia policial.
Asimismo, la progenitora se contactó telefónicamente con un referente de la CPPT, quien se interiorizó de la situación y le brindó asesoramiento, puesto que se trata de una familia humilde que no dispone de recursos para contratar un abogado particular que siga el expediente.
“Ahora me siento con mucha más fuerza para luchar por mi hijo, porque sé que no estamos solos. Mucho tiempo tuvimos miedo, pero con eso las cosas sólo empeoraron. Ahora voy a seguir hasta las últimas consecuencias por mi hijo y para evitar que a otros chicos les pase lo mismo”, subrayó la mujer.
En tanto, desde la Unidad Regional II manifestaron que publicada la denuncia, iniciaron un sumario administrativo interno para las deslindar las responsabilidades del caso, al tiempo que no descartaron la intervención de la Seccional Tercera para garantizar la transparencia que requiere la gravedad del caso.
Asimismo, indicaron que la publicación de este diario derivó en un informe reservado a la Jefatura de la Policía de Misiones, desde donde analizan posibles medias.
En su denuncia, el joven indicó que en dos oportunidades los policías lo sacaron al patio, lo desnudaron, golpearon y uno le introdujo los dedos en sus partes íntimas.
En diálogo con este medio, indicó que en una de las oportunidades, un amigo que también estaba detenido observó lo que le hacían y comenzó a golpear los barrotes de la celda para que lo dejen.
“No sé si a él también le hicieron lo mismo, pero después que salimos lo vi muy mal y me contó que estaba vomitando sangre porque le pegaron. Una hermana quería hacer la denuncia, pero él tiene mucho miedo de la Policía. Aparte tiene miedo de que le perjudiquen en el trabajo”, confió el muchacho.
Sobre los presuntos abusos que padeció en la Seccional Tercera, comentó que trató de resistirse pero lo redujeron entre varios. “Uno de los policías se puso un guante de goma y me metió los dedos por atrás”, precisó.
Y agregó: “Cuando me querían sacar el slip yo me defendía, pero eran varios y me sujetaban. Una de las veces, me quemaron con un cigarrillo para que me quede quieto. Me insultaban, me decían ‘qué te hacés, si a vos te gusta el guante’; otro me dijo que agradezca que no tengo concha, porque si no iba a ser mucho peor”.
Lorena M. aseguró que no le permitieron ver a su hijo durante los días que estuvo preso, al tiempo reconoció que tiene problemas con las drogas y estuvo demorado en otras ocasiones.
“Yo tengo seis hijos y sólo él cayó en las drogas. Aparte, ni al peor delincuente tienen derecho de hacerle lo que le hicieron a él”, opinó.

Policías imputados
En los últimos años las comisarías obereñas fueron objeto de innumerables denuncias por apremios, lo que se traduce en casi una veintena de policías imputados por diversos delitos, varios de ellos con causas elevadas a juicio.
De todas formas, las respectivas defensas vienen interponiendo recursos que dilatan la resolución de los diferentes casos, al tiempo que los implicados persisten en sus cargos.
Incluso, varios de los imputados están al frente de algunas dependencias de la Unidad Regional II, por lo que se cuestiona que la institución estaría avalando su proceder.
Un caso emblemático es el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado en una celda de la Seccional Primera el 26 de abril del 2011. Por el hecho están acusados trece policías.
Al respecto, en junio pasado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de un imputado y avaló lo actuado por el Tribunal Penal Uno, lo que allanó el camino para la realización del juicio oral y público.
A pesar de ello, el expediente aún no fue remitido al Tribunal local, confirmaron fuentes judiciales.
Según el expediente, los más comprometidos son el sargento Pedro De Mattos, el cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte”.
Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González están acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Mientras, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.