Ley de Discapacidad, media sanción en Diputados y los reclamos que siguen pendientes

El Foro Permanente de Discapacidad valoró la media sanción que Diputados le dio a la nueva ley de protección social para las personas con discapacidad, aunque advirtió que todavía quedan muchas deudas por saldar. Pablo Morelo, presidente de la entidad, señaló que la iniciativa es un avance de peso, pero que el trabajo real empieza cuando el Poder Ejecutivo tiene que ponerla en práctica. Entre los reclamos pendientes mencionó la falta de inversión, los pagos atrasados a los prestadores y la situación en las provincias.

Según explicó, la votación fue casi unánime y la versión aprobada conservó puntos de la Ley de Emergencia que habían quedado afuera del primer proyecto oficial, lo que le da fuerza para llegar al Senado. También destacó que la oposición no se limitó a rechazar la propuesta y que ayudó a construir un texto con el mayor apoyo posible. Morelo contó que el diputado misionero Herrera Aguad, uno de los que más trabajó para que el oficialismo incorporara los reclamos del sector, le anticipó que la ley podría tratarse la semana próxima en la Cámara alta. Se mostró optimista con ese tramo, aunque pidió atención al Presupuesto, donde varios legisladores oficialistas se comprometieron a eliminar artículos que van en contra de lo aprobado y donde, a su criterio, lo central es que estén asignadas las partidas.

Una emergencia que no se agota en la ley

La Ley de Emergencia está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, pero Morelo remarcó que la emergencia no depende de una norma, sino de lo que viven a diario las personas con discapacidad y sus familias. Según dijo, hoy nada cambió en ese sentido y todo indicaría que puede haber situaciones peores, porque los sindicatos ya avisaron que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de aportes de todas las obras sociales, no van a alcanzar. Si no hay una medida desde el Ejecutivo o el Congreso, advirtió, habrá problemas sobre todo para quienes dependen de una obra social.

El referente también describió atrasos en las prestaciones que cubre el Estado. Mencionó demoras en la entrega de medicamentos, un problema que viene de la gestión anterior pero que, a su entender, se profundizó, y que se complicó todavía más con las denuncias por compras en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivaron en una intervención judicial. A eso sumó faltantes de pañales y frenos en el otorgamiento de pensiones. Recordó que hace casi dos años los funcionarios prometieron buscar una solución y que no se logró nada. Sin pensión, explicó, las personas no solo pierden el dinero que reciben, sino también el acceso a medicamentos y a muchas prestaciones que la ley les reconoce, lo que genera un perjuicio mayor hacia adelante.

Los prestadores también atraviesan una situación delicada. Morelo indicó que la compensación por el atraso de los aranceles de 2024 todavía no se pagó y que desde el 1 de enero de 2025 debió incorporarse ese 30% al valor de las prestaciones, algo que no ocurrió. Hoy los aranceles están como mínimo un 30% por debajo de lo necesario, por lo que no alcanzan para cubrir los costos y quienes tomaron deudas para sostener el servicio siguen sin poder saldarlas.

El peso de las provincias

Otro punto que remarcó fue la falta de atención para quienes no tienen ningún tipo de cobertura y dependen enteramente del Estado. Sostuvo que desde hace años se dejó de pensar, desde la Agencia y hoy menos desde la Secretaría Nacional de Discapacidad, una política activa de desarrollo integral, con más atención primaria y respuestas rápidas apenas se detecta cada caso, algo que implica fortalecer a las provincias.

Sobre ese frente, aclaró que no todo es responsabilidad de la Nación y que las distritos también deben preguntarse qué hacen por quienes viven en su territorio. Pidió que los diputados que votaron la ley le consulten a sus gobernadores qué se está haciendo en cada lugar y señaló que son muy pocas las provincias que invirtieron en atención y apoyo, y que algunas de las que lo hicieron retrocedieron con las crisis. Si en las grandes ciudades faltan respuestas, planteó, la situación es peor en el conurbano, en el interior y especialmente en las zonas rurales. Además, cuestionó que el Gobierno nacional pretenda traspasar el tema a las provincias sin los recursos, los edificios ni el personal necesarios, y reclamó que se defina entre todos, como país federal, el camino para que la gente reciba atención.

Para Morelo, buena parte de lo que se votó fue una respuesta a medidas que el Gobierno no tomó o que tomó en contra. Recordó la campaña con la que, desde el inicio de la gestión, se habló de pensiones y certificados falsos, algo que alimentó la desconfianza social hacia las personas con discapacidad y terminó justificando la decisión de no invertir. Hoy, lamentó, la actitud oficial es de “todo es cerrar puertas, prejuicio y hablar mal de la temática”, y concluyó que no hubo ninguna política positiva de desarrollo hacia el sector.