Presupuesto 2027 y universidades en alerta por una brecha que también golpea a Misiones

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional volvió a poner a las universidades públicas en el centro de la discusión. El Poder Ejecutivo prevé alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales durante el próximo año, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. La diferencia ronda los $3,7 billones y vuelve a exponer la distancia entre las necesidades planteadas por las casas de altos estudios y las prioridades fijadas por la administración de Javier Milei.

El reclamo fue llevado este miércoles al Congreso por autoridades universitarias de todo el país. Los rectores presentaron ante diputados y senadores la propuesta elaborada por el CIN, que contempla recursos para salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y las demás funciones que desarrollan las universidades públicas.

El planteo adquiere especial relevancia para Misiones, donde la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) constituye una de las principales instituciones públicas de educación superior y desarrolla actividades académicas y científicas en distintas localidades de la provincia. La universidad cuenta con seis unidades académicas y una oferta de 64 carreras de grado y pregrado, además de más de 50 propuestas de posgrado. Sus facultades tienen presencia en Posadas, Oberá y Eldorado, mientras que también existen carreras y propuestas universitarias en localidades como Apóstoles, San Pedro, Puerto Rico e Iguazú.

Una brecha que vuelve a poner a las universidades contra la pared

El CIN aprobó una propuesta de $11 billones para 2027 y sostuvo que ese monto constituye una base de financiamiento para comenzar el ejercicio, que luego debería actualizarse de acuerdo con la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que afectan los costos universitarios. En la presentación realizada ante el Congreso, el organismo advirtió que el proyecto oficial se encuentra por debajo de lo que considera necesario para sostener el sistema.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, planteó que, si el proyecto no es modificado, será muy difícil para algunas universidades abrir sus puertas durante 2027. Desde el organismo señalaron además que el cálculo de $11 billones contempla la recomposición necesaria para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.

El contraste con la propuesta oficial vuelve a instalar una discusión que atraviesa desde hace años a las universidades públicas. El Gobierno sostiene una política de fuerte disciplina fiscal y presentó el Presupuesto 2027 como parte de su estrategia para mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, en el caso universitario, el esquema vuelve a quedar cuestionado porque los recursos previstos no acompañan, según el CIN, la evolución de los salarios, los costos de funcionamiento y las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

Un análisis publicado esta semana señaló que el proyecto mantiene para las universidades un nivel de financiamiento real inferior al de 2023. Según ese relevamiento, el financiamiento universitario previsto para 2027 queda 24,9% por debajo de aquel año en términos reales y las remuneraciones docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo durante el período.

La ley que el Gobierno vetó y el Congreso volvió a aprobar

El conflicto presupuestario tampoco puede separarse del recorrido de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, luego de que el presidente Javier Milei la vetara mediante el Decreto 647/2025. Posteriormente, Diputados y Senado insistieron con la ley y la norma quedó finalmente promulgada.

La legislación establece mecanismos para sostener el financiamiento universitario, contempla la actualización de salarios docentes y no docentes y dispone la recomposición de las becas estudiantiles. También incluye aspectos vinculados con investigación, infraestructura, tecnología y las distintas funciones que cumplen las universidades públicas.

El reclamo de las universidades apunta precisamente a que esas obligaciones tengan reflejo efectivo en el Presupuesto 2027. La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, sostuvo que la partida incluida por el Ejecutivo se encuentra aproximadamente 35% por debajo de la propuesta elaborada por las universidades. Además, señaló que la ley está vigente pero que sus mecanismos de financiamiento todavía no se implementaron plenamente.

Qué significa para la Universidad Nacional de Misiones

En Misiones, la discusión no se limita a una cuestión contable. El Presupuesto 2027 condicionará la capacidad de la UNaM para sostener salarios, becas, funcionamiento, investigación, infraestructura y sus distintas propuestas académicas.

La propia UNaM participó del 96° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN realizado en Bariloche, donde las universidades nacionales aprobaron la propuesta de $11 billones para el próximo año. La institución misionera forma parte, de esta manera, del reclamo conjunto que ahora comienza a trasladarse al Congreso y a las provincias.

La magnitud de la estructura universitaria misionera permite dimensionar qué está en juego. La UNaM tiene facultades vinculadas con áreas estratégicas para la provincia, como ciencias forestales, ingeniería, ciencias exactas, química, salud, economía, ciencias sociales y diseño. En Eldorado, por ejemplo, ofrece carreras vinculadas con la producción forestal, industrias de la madera y agronomía; en Oberá concentra parte de su formación en ingeniería, tecnología y diseño; mientras que Posadas reúne una amplia oferta vinculada con salud, ciencias, economía y humanidades.

Además, la universidad mantiene un esquema de transparencia presupuestaria con información sobre ejecución, compras, contrataciones y patrimonio. Para 2026, la Ley de Presupuesto nacional asignó inicialmente a la UNaM $69.767.911.074, mientras que la universidad había comenzado el ejercicio con una reconducción provisoria de $62.987.430.184 hasta la incorporación de los nuevos créditos.

El dato permite observar que la discusión nacional tiene una traducción concreta en Misiones. Una menor disponibilidad real de recursos no impacta solamente en una planilla de Hacienda: puede repercutir sobre la capacidad de las facultades para afrontar gastos cotidianos, sostener laboratorios y equipamiento, financiar proyectos científicos, mantener edificios y garantizar becas y servicios para los estudiantes.

El Presupuesto 2027 vuelve a abrir una disputa que el Gobierno no logró cerrar

El escenario deja planteado un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. El Ejecutivo apuesta a preservar su esquema fiscal y sostiene una previsión presupuestaria que, en el caso de las universidades, queda varios billones de pesos por debajo de lo calculado por el sistema universitario.

Del otro lado, el CIN reclama que el Congreso modifique las partidas y que el Presupuesto contemple los compromisos derivados de la Ley 27.795, además de una actualización que permita afrontar la evolución de los salarios y los costos durante 2027.

El debate recién comienza en el Congreso, pero la discusión ya tiene una cifra que concentra buena parte del conflicto: casi $4 billones separan lo que el Gobierno puso sobre la mesa de lo que las universidades consideran necesario para funcionar. En Misiones, esa diferencia también tendrá consecuencias sobre la UNaM, una institución que extiende su presencia académica y científica por buena parte del territorio provincial.

Mientras el Gobierno nacional presenta el ajuste del gasto como una condición de su programa económico, las universidades advierten que sostener las cuentas públicas trasladando la presión sobre salarios, becas, investigación y funcionamiento tiene un costo concreto. El tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027 será, en ese sentido, otra prueba para determinar hasta dónde llegará el recorte sobre la educación superior pública.