La Municipalidad de Puerto Piray amplió la denuncia contra dos concejales por las publicaciones sobre el agua potable

El conflicto por la calidad del agua potable en Puerto Piray sumó una nueva instancia judicial luego de que la Municipalidad ampliara la denuncia penal presentada contra los concejales Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos, a raíz de publicaciones en las que se advertía sobre presuntas anomalías en el agua de la localidad.

El abogado asesor de la Municipalidad de Puerto Piray, Daniel Moschner, explicó que el Ejecutivo considera que esas publicaciones generaron una situación de alarma entre los vecinos y que la conducta de los ediles podría encuadrarse en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. 

Según relató Moschner, la presentación fue realizada junto con la intendenta Mirta Elizabeth Lezcano en la comisaría de Puerto Piray. El abogado sostuvo que los concejales difundieron un flyer acompañado por un comunicado en el que afirmaban que el agua de la ciudad “no era potable” y que contenía restos de materia fecal.
Desde la Municipalidad sostienen que esa información carece de respaldo y que las afirmaciones difundidas no se corresponden con los resultados de los controles efectuados sobre el sistema de abastecimiento.

Moschner remarcó que la denuncia se presentó a partir de lo que el Ejecutivo considera una publicación falsa y por el impacto que, según su interpretación, tuvo sobre la población.

Desde el Ejecutivo municipal calificaron la información como falsa y sostuvieron que podía generar alarma entre la población. En ese momento, el abogado Daniel Moschner afirmó que la denuncia contaba con elementos y documentación que, según su interpretación, permitían cuestionar las afirmaciones difundidas por los concejales. La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esas publicaciones y las eventuales responsabilidades.

Los controles sobre el sistema de abastecimiento
El asesor legal explicó que durante los últimos meses el municipio tuvo dificultades con el sistema de provisión de agua debido a reiteradas roturas de una bomba de gran dimensión ubicada en la toma sobre el río Paraná.

De acuerdo con su relato, esa toma fue construida originalmente por la empresa Celulosa Argentina y actualmente pertenece a Arauco. El sistema permite captar agua del río, almacenarla en un tanque y posteriormente rebombearla hacia una cisterna ubicada en una de las zonas más elevadas de Puerto Piray. Desde allí, el agua es distribuida hacia distintos sectores de la localidad mediante el sistema de gravedad.
Moschner señaló que la bomba sufrió tres desperfectos en un período de aproximadamente tres meses, lo que provocó episodios de desabastecimiento de agua y generó reclamos de vecinos que exigían una solución al problema.

En ese contexto, aseguró que el municipio concentró sus controles en el funcionamiento del sistema y realizó muestreos para verificar las condiciones del agua.

Según el abogado, el 7 de septiembre, en presencia de vecinos autoconvocados y de los dos concejales denunciados, técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) tomaron siete muestras en distintos puntos de abastecimiento y también en la propia cisterna, con participación del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac).

Según Moschner, los resultados entregados al municipio indicaron que el agua se encontraba en condiciones de ser consumida y que cumplía con los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino. “Tenemos las pruebas técnicas y científicas para poder demostrar que el agua está en condiciones”, sostuvo el abogado al explicar uno de los fundamentos centrales de la denuncia, que adquiere una dimensión institucional porque involucra a integrantes del Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal en medio de una discusión vinculada con un servicio básico como el agua potable.

También denunciaron movimientos en la zona de la cisterna
Moschner explicó además que la ampliación de la presentación judicial incorpora un episodio ocurrido en cercanías de la cisterna de abastecimiento.

Según indicó, durante los últimos tres meses el municipio realizó inversiones en cámaras de seguridad y en el perímetro de protección de los tanques ubicados en sectores elevados de Puerto Piray. El objetivo, según dijo, es mantener bajo vigilancia las instalaciones que forman parte del sistema de provisión de agua.

El abogado afirmó que el 16 de septiembre, alrededor de las 18.30, las cámaras registraron la presencia de personas en la zona y señaló que entre ellas habría estado uno de los concejales denunciados. Por ese motivo, el municipio solicitó que la Justicia requiera información para determinar qué hacían en el lugar.

La afirmación corresponde a la versión aportada por Moschner durante la entrevista y deberá ser corroborada mediante los elementos incorporados a la causa.
A la presentación también se sumaron capturas de pantalla de publicaciones y estados de redes sociales en los que otras personas replicaron la información cuestionada por el municipio.

El antecedente de las denuncias por vehículos
Moschner también hizo referencia a un conflicto anterior con los mismos concejales. Según relató, en mayo habían realizado una denuncia ante la Fiscalía relacionada con la supuesta desaparición o apropiación irregular de dos camionetas cero kilómetros que, de acuerdo con la acusación mencionada por el abogado, habían sido facturadas. Sostuvo que posteriormente el municipio presentó documentación ante la Justicia de Puerto Rico para demostrar que esas acusaciones eran falsas. También afirmó que aquella situación había generado incertidumbre entre vecinos y cuestionamientos hacia el Ejecutivo municipal.

El abogado vinculó ese antecedente con el actual conflicto y sostuvo que el municipio decidió recurrir a la Justicia porque, a su entender, las nuevas publicaciones involucran directamente la calidad del agua potable, un servicio esencial para la comunidad.

Qué deberá determinar la Justicia
El caso plantea dos cuestiones que deberán ser diferenciadas durante la investigación. Por un lado, deberán analizarse los resultados de los estudios de calidad del agua, la metodología utilizada, los puntos donde fueron tomadas las muestras y su correspondencia con los parámetros establecidos por la normativa aplicable. 

Por otro, la Justicia deberá determinar si las publicaciones realizadas por los concejales constituyeron una advertencia basada en información que ellos consideraban legítima o si, como sostiene el Ejecutivo municipal, se difundieron datos falsos capaces de generar una situación de intimidación pública.

También deberá establecerse qué ocurrió en las inmediaciones de la cisterna y cuál fue el motivo de la presencia de las personas registradas por las cámaras de seguridad.

Por ahora, la posición de la Municipalidad fue expuesta por su asesor legal, mientras que la responsabilidad penal de los concejales y la existencia o no del delito denunciado deberán ser determinadas por la Justicia.