Un querellante del caso $LIBRA apeló su exclusión y acusó al juez de dictar un fallo "arbitrario"

Uno de los querellantes de la causa que investiga si hubo una maniobra de estafa detrás del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA presentó un recurso de apelación para revertir la decisión que lo dejó fuera del expediente. Se trata de Martín Romeo, quien pidió que la Cámara Federal deje sin efecto la resolución dictada el 3 de julio y le restituya su participación como particular damnificado en la causa.

"Manifiestamente arbitraria", el argumento central del recurso

El escrito, presentado por el abogado Nicolás Oszust, sostiene que la resolución que excluyó a Romeo del expediente es "manifiestamente arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa" y le reclama a la Cámara que la revoque por considerar que afecta el derecho de las víctimas a intervenir en el proceso judicial.

La apelación responde a un fallo que había hecho lugar a una excepción de falta de acción planteada por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los imputados, y que terminó apartando a las querellas del expediente. Según el planteo de Romeo, esa decisión buscó reabrir una discusión que ya estaba saldada, ya que la legitimación procesal de las víctimas había sido reconocida y confirmada previamente por la propia Cámara del fuero.

"No fue solo una memecoin con riesgo"

Uno de los ejes más fuertes del recurso apunta a la forma en que el juez interpretó el caso. La apelación cuestiona que se haya equiparado a $LIBRA con una inversión de alto riesgo propia de cualquier memecoin, algo que para la querella deja de lado la hipótesis delictiva central que se investiga en la causa. El escrito sostiene que el desplome del token no respondió a una simple volatilidad de mercado, sino que habría sido una maniobra programada de antemano para generar esa caída.

Según describe la presentación, la operatoria habría incluido compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del mensaje presidencial que impulsó el valor del activo digital, seguidas de una posterior extracción de 44,5 millones de dólares mediante el uso de información privilegiada.

Cuestionan la exigencia sobre el origen de los fondos.

El recurso también apunta contra otro de los fundamentos del fallo: la exigencia judicial de acreditar el origen de los fondos invertidos como condición para reconocer a las víctimas su derecho a querellar. Para la defensa de Romeo, ese estándar resulta desproporcionado y no está previsto por la ley para los damnificados de delitos patrimoniales, ya que en los hechos invierte la carga de la prueba y termina revictimizando a quien sufrió el fraude. El escrito advierte, además, que de consolidarse ese criterio se estaría habilitando una vía de impunidad para los delitos informáticos y los fraudes vinculados a criptoactivos en el país.

Prueba documental que, según la querella, fue ignorada

Otro de los tramos del recurso rebate la afirmación del juez de que Romeo solo había presentado enlaces web para acreditar la titularidad de sus criptoactivos. La defensa sostiene que esa afirmación es incorrecta, ya que el expediente cuenta con actas notariales en las que una escribana certificó tanto la titularidad de las billeteras virtuales como las operaciones realizadas. Según el escrito, negar la legitimación del querellante en base a un dato que no se condice con las constancias del expediente implica desconocer prueba documental válidamente incorporada a la causa.

Qué sigue en la causa

Romeo sostiene además que el magistrado interpretó de manera errónea un fallo previo de la Cámara Federal que ya había reconocido la legitimación de las querellas, y remarca que no surgió ninguna prueba nueva que pusiera en duda su condición de damnificado. Por el contrario, afirma que distintos informes de la UFECI y de la Policía Federal corroboraron la trazabilidad de las operaciones bajo investigación.

Además de pedir la revocación de su exclusión, el querellante dejó planteada la cuestión federal y anticipó que, si la decisión se confirma, llevará el planteo hasta la Corte Suprema. Ahora, la resolución del caso queda en manos de la Cámara Federal.