Sindicatos rechazan resolución del CGE

En un documento conjunto, los cinco gremios docentes que integran la Mesa de Diálogo de la provincia de Misiones -Sindicato de Educadores Alfredo Bravo (Semab-CEA) , Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada, Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica-, se declararon en estado de alerta.

Los sindicatos manifestaron su absoluto rechazo a la reciente Resolución N° 3038/26 emitida por el Consejo General de Educación (CGE) el pasado 29 de mayo, argumentando que la normativa “criminaliza” a los equipos directivos de las escuelas. Asimismo, reclamaron al gobierno provincial una respuesta inmediata ante la severa pérdida del poder adquisitivo del sector.

“Pretenden convertir a los docentes en responsables legales de un sistema informático que es del Estado; esto no es más que una maniobra para criminalizar a los directores, maestros, profesores y personal no jerárquico, deslindando las responsabilidades propias del Consejo General de Educación”, opinó Mariana Lescaffette en diálogo con El Territorio.

“Está vigente la ley de procedimiento administrativo que dice que el acto administrativo debe ser formal, y la manera virtual que están instalando el denominado Suna lesiona derechos a defensa y a la transparencia de los actos públicos”, agregó.

Rechazo a la Resolución 3038/26

El punto central del conflicto administrativo radica en el Artículo 3 de la mencionada resolución del Consejo General de Educación.

Dicha cláusula dictamina que todos los docentes, agentes y directivos escolares se constituyen en “depositarios legales” de la documentación digital y física de los trámites del sistema Suna por un plazo obligatorio de 10 años.

Para los representantes gremiales, esta medida excede las facultades del Consejo General de Educación (CGE).

Explican que se pretende anular la Ley provincial vigente N°89 (que regula los procedimientos administrativos de la provincia) mediante un instrumento de menor jerarquía jurídica.

Los secretarios generales advierten que responsabilizar legal y penalmente a los directores por el archivo de un sistema informático estatal es un intento de deslindar responsabilidades oficiales, exponiendo al personal de las escuelas a sanciones civiles y comerciales injustificadas.

Emergencia salarial

El segundo eje del reclamo se enfoca en la profunda crisis económica que atraviesan los educadores misioneros. Según detallaron las organizaciones, el salario de los docentes de la provincia sufrió una pérdida del poder adquisitivo del 75,8% en el período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2026 en relación con el costo de vida.

Esta situación ubica a Misiones en el puesto 24 del ranking nacional de salarios docentes, consolidándola como la jurisdicción con los sueldos más bajos del país según los últimos informes oficiales indicativos.

En este marco, los sindicatos exigieron el cumplimiento estricto de los acuerdos homologados previamente ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Entre los puntos incumplidos, destacaron las irregularidades en el pago del Adicional de Movilidad (Código 960). Los gremios explicaron que este ítem debe actualizarse al día 15 de cada mes tomando como valor de referencia el costo de 50 litros de nafta súper por cargo (o su equivalente a 21 horas), una pauta que actualmente no se respeta y agrava el deterioro del salario mensual.

Instaron a las autoridades educativas y gubernamentales a convocar a una paritaria urgente para rectificar la resolución administrativa y otorgar un aumento real que compense el desfasaje inflacionario acumulado.