Fiscal explica cómo sigue la causa por la desaparición de 23 perros en Guaraní

En el municipio misionero de Guaraní la desaparición de 23 perros de un refugio generó una fuerte reacción de la sociedad y a su vez, una inédita investigación en la provincia de Misiones. 

Sobre el destino de los animales, se tejen diversas hipótesis y sospechas, que a su vez recaen en el intendente Miguel Ángel Vargas. Este funcionario afirmó que, tras la muerte de la cuidadora, entregó en adopción a los canes. La investigación judicial iniciada en abril, a punto de cumplir dos meses, no descarta ninguna hipótesis y en el medio, aparecieron asociaciones protectoras con pedidos de ser partes como querellantes. 

El fiscal de Instrucción Uno, Elías Bys dio a conocer en esta entrevista todas las acciones realizadas y el motivo que lo llevó a rechazar que las asociaciones sean parte de la querella contra el intendente. Ante tal rechazo, las entidades protectoras recurrieron con similar pedido al juez Horacio Alarcón, subrogante en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Cómo se inició la causa
“Esta causa se inicia por la desaparición de esta cantidad de perros, en la Comisaría de la localidad de Guaraní, de ahí la policía eleva el sumario al Juzgado de Instrucción número 1, a cargo del doctor Alarcón, juez subrogante”. Recordó que, este juzgado, está vacante el cargo de juez. “Entonces, nos corren vista, suele ser de costumbre, en algunas circunstancias corresponde y en otras no, porque el juez tiene facultades para dar curso a la causa que recibe con un sumario policial. En este caso, nos corren vista también porque se habían presentado un grupo de sociedades protectoras de animales con un abogado y presentan un pedido para participar como querellantes a tenor de lo que dispone el artículo 74. Nosotros a tenor del artículo 79, contestamos que no correspondía por la falta de legitimación, que es lo que prevé el Código”.

Explicó que consideró que no tenían legitimidad para actuar jurídicamente, “porque no tienen personería jurídica”.  Otra cuestión observada por el fiscal es que estas personas, “no estaban vinculada en forma directa, con estos animales; no eran ellos los damnificados directos de la supuesta desaparición de los perros”. 

Explicó que utilizó el término supuesta desaparición “porque hasta ahora no conocemos fehacientemente” sobre el paradero de estos animales. “Hemos pedido una medida para determinar, ya que el intendente había aportado datos de quiénes fueron los adoptantes de estos animales”, ello tras la muerte de Margarita Sokalski, que era la encargada de los 23 perros hasta su fallecimiento.

¿En qué momento el juez dictamina y permite a los defensores de las asociaciones de animales actuar como querellante?
No fue en forma inmediata. El juez tenía que contestar en cinco días, dice el Código, bueno, se extendió un poquito más. (Explica que el pedido de ser querellante no cambió en cuanto a lo planteado por la Fiscalía). Ellos -por los responsables de las asociaciones- están obligados a acreditar la legitimación que nosotros requerimos; que en definitiva es ser representantes y tener todas las documentaciones de ser representante de un espacio protector de animales. Si reconoce el fiscal que el juez dispuso “rechazar mi oposición con algunos argumentos y la participación de los querellantes, bajo la condición que nosotros en la fiscalía hemos pedido. En definitiva, no cambió nada. Ellos -por las asociaciones protectoras de animales- están obligados a acreditar la legitimación que nosotros requerimos”.

Sobre las entidades 
Sobre las entidades que protectoras de animales que hicieron varios cuestionamientos, el Fiscal consideró “me parece que fueron mal asesoradas porque vinieron a generar reclamos indebidos e insólitos fuera del contexto legal y publicaron videos que fueron editados maliciosamente entiendo”. 

Por la posición que adoptaron en su contra sostuvo “la verdad que no entiendo por qué, porque simplemente yo traté de cumplir con lo que indica la ley. No se le puede otorgar facultades a quienes no la tienen para intervenir”.

Indicó que, en esta oportunidad, actuó como en otros casos, donde “se han presentado querellantes y se le ha rechazado por los motivos de que no alcanzaban a la legitimación; por lo tanto, esto me pareció demasiado malicioso, malvado y hasta absurdo”.

¿En medio de tal situación se apunta responsabilidades al intendente? 
Le apuntan, pero estamos en los prolegómenos de la iniciación de esta causa; no están determinadas las cuestiones todavía. Estamos en una etapa investigativa. Hemos pedido las medidas que consideramos pertinentes en ese momento, que, si bien consideramos que el sumario policial a tenor del artículo 203 del Código Procesal Penal, como se inició con un sumario policial, el juez ya podía tomar todas las medidas que quisiera.

¿En la historia judicial, por lo menos en la provincia de Misiones, hay un antecedente similar a este hecho?
No, que yo conozca, no. Esto es algo inédito. Sobre la actuación judicial, explicó que se basa en la ley referida al maltrato animal.

¿Desde que se hizo la denuncia hasta hoy, sigue la Fiscalía trabajando en este hecho? ¿Hay posibilidades de que llegue a juicio oral?
Todavía estoy como fiscal de la causa. Y, si se determina la responsabilidad de alguien, que haya actuado tipificando la conducta de la ley penal, indudablemente tendría que arribar a un juicio oral.