Mujeres del Movimiento por lo que viene pidieron a Arce y Rojas Decut que no apoyen la ley de extranjerización de tierras

La Red de Mujeres de la organización política emitió un pronunciamiento público previo a la sesión del Senado prevista para este jueves 16 de julio, en la que se tratará el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" impulsado por el equipo del ministro Federico Sturzenegger. El pedido es concreto: tres votos negativos con nombre y apellido.
jueves 16 de julio de 2026 | 11:28hs.

La Red de Mujeres del Movimiento por lo que Viene salió a la arena pública para reclamarles a dos de los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que voten en contra del proyecto de ley que habilita la extranjerización de tierras, conocido oficialmente como "inviolabilidad de la propiedad privada", cuya sesión de tratamiento en el Senado de la Nación quedó fijada para este jueves 16 de julio.

La iniciativa, diseñada por el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, ya acumuló dos postergaciones. La primera sesión convocada para el 3 de junio se cayó por diferencias en torno al artículo que elimina los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La segunda, agendada para el 25 de junio, no llegó a realizarse por falta de quórum. Podría tener una tercera postergación este jueves. 

El pronunciamiento de la organización misionera apunta directamente a los efectos que la norma tendría sobre el patrimonio territorial de la provincia. "No es una ley de propiedad, es una ley de entrega", sostiene el comunicado, que enumera con precisión los artículos y mecanismos del proyecto que considera lesivos para los intereses de Misiones.

Qué cambia el proyecto para Misiones

El texto que el oficialismo llevará al recinto deroga en términos generales las restricciones que establecía la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Entre los límites que quedarían sin efecto se cuentan el tope del 15% de la superficie rural del país en manos extranjeras, el límite por nacionalidad y la protección específica de inmuebles con cuerpos de agua.

En su reemplazo, el proyecto establece que serán las provincias las que deberán autorizar las ventas de tierras a extranjeros, con la salvedad de que en las zonas de frontera se requerirá también el aval del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí es donde la organización misionera identifica uno de los riesgos más concretos para la provincia, si el Estado nacional y la provincia no formulan objeciones en un plazo de 180 días, opera el silencio administrativo y el comprador queda constituido como propietario de pleno derecho.

"La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó", subraya el comunicado de la Red. Y advierte que ese silencio administrativo habilitaría ventas en zonas de seguridad de frontera y también para empresas con participación estatal extranjera, una figura que el texto prohíbe salvo que cuente con la doble autorización provincial y nacional.

La condición geográfica de Misiones hace que el argumento tenga peso específico, ya que el 90% de sus límites son frontera internacional con Brasil y Paraguay, el Acuífero Guaraní corre por debajo de su suelo y la mayor reserva de selva misionera subtropical del país se extiende sobre su superficie.

El argumento federal

La Red de Mujeres ancla su reclamo en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Desde esa base, la organización argumenta que si las provincias conservan ese dominio, la administración de la tierra misionera debe decidirse en Misiones y no delegarse en un mecanismo de silencio administrativo gestionado desde Buenos Aires. "Si las provincias conservan ese dominio, la administración de la tierra misionera se decide en Misiones. No se delega en un silencio administrativo firmado en Buenos Aires", indica el pronunciamiento.

El comunicado incorpora además una denuncia sobre el procedimiento legislativo. Según la organización, el proyecto acumuló 15 versiones diferentes desde que obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo. Esas sucesivas modificaciones no fueron revisadas en instancias de comisión, lo que significa que los cambios se conocerán recién en el recinto, al momento de la votación.

"Sancionar normas que afectan el patrimonio territorial de las provincias sin debate en comisión no es un defecto de procedimiento: es la anulación misma de la función deliberativa del Congreso", expresa el pronunciamiento.

La Red de Mujeres recuerda además que el senador Carlos Arce integra la Comisión de Asuntos Constitucionales que emitió el dictamen del proyecto y participó de la reunión de Labor Parlamentaria que habilitó su ingreso al orden del día. "Nadie podrá decir que no sabía", señala el texto.

El pedido concreto

La organización no deja margen para la ambigüedad en su solicitud. "No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal", indica el comunicado, que extiende el pedido al rechazo de cualquier norma que afecte el patrimonio territorial de los misioneros y los derechos vinculados a la administración de su tierra.

El pronunciamiento cierra con una convocatoria al conjunto de la sociedad provincial, "instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance —institucionales, comunitarias y ciudadanas— en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece", indican.

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