Pedidos y reclamos que quedaron sin ser escuchados
Creado en 2002, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) funcionó como un pilar fundamental para el sector, actuando como un ente público no estatal encargado de regular la actividad yerbatera.
Su misión era crucial: establecer precios justos para la hoja verde y la yerba canchada, y articular políticas de investigación, promoción y fiscalización para proteger a los productores.
Sin embargo, la llegada de la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei a fines del año 2023 desmanteló estas facultades regulatorias.
El resultado es un escenario de desregulación total, donde el precio de la yerba queda a merced de la oferta y la demanda, un juego que, en la práctica, favorece a los grandes molinos en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena.
Para los productores, la situación es insostenible. Sin un precio de referencia, se enfrentan a plazos de pago de hasta 120 días y a valores que están muy por debajo de sus costos de producción, que se han disparado con el aumento de los combustibles, insumos agrícolas y maquinaria.
Desde entonces, se realizaron marchas, presentaciones y reclamos que Nación decidió desoír, dejando sin respuestas a los productores locales sobre sus preocupaciones.
Por su parte, desde la Provincia vienen presentando pedidos y acompañando la solicitud de los yerbateros para que se designe un presidente en el organismo y se devuelvan las facultades quitadas.
En ese marco, el diputado nacional electo por Misiones Oscar Herrera Ahuad ya había adelantado que tiene “preparado un proyecto de ley para derogar los artículos 165 y 168 del DNU 70/2023 que desregula el mercado de la yerba mate y debilita las facultades del Inym”.
Al tiempo que remarcó que “es fundamental que los misioneros sigamos peleando para restituir las funciones regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), para poder fijar un precio mínimo al productor, y también que se designe un presidente de la entidad”.
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