Instan a que consumidores y usuarios presenten reclamos por aumentos desmedidos provocados por el DNU

Esta semana el juzgado federal en Posadas falló a favor de una jubilada de 65 años que presentó un recurso de amparo por no poder abonar lo que actualmente sale su prepaga estando en tratamiento por una enfermedad grave. La cuota pasó de $116.414,66 en diciembre de 2023 a $216.000 en enero y a $280.000 en febrero, superando el 82% de sus ingresos. Situaciones como ésta se vuelven cada vez más comunes entre usuarios de obras sociales y prepagas, de servicios públicos domiciliarios y de ahorristas, en parte, por la desregulación económica vinculada al DNU presentado por el presidente Javier Milei.

"Permanentemente recibimos consultas de casos similares. Ocurre siempre que estas cuestiones, que son el criterio del Gobierno nacional, facilita a las empresas, compañías y prestadoras de servicio a evaluar la 'teoría de riesgo', en la que es más barato arruinar ciertas cosas y largarlas arruinadas al mercado que reparar un lote completo", indicó el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Defender, Marcos Contreras.

En diálogo con Radioactiva (100.7), contó que desde hace mucho tiempo trabajan con los derechos de consumidores y usuarios en todo lo relacionado a asesoramiento, acompañamiento y presentaciones, a lo que se complementa el rol de los abogados en la interpretación en el marco jurídico, administrativo y judicial. "Es menor la cantidad de gente que reclama teniendo todo a su favor y juegan con eso. Esto se repite mucho en obras sociales y prepagas, inclusive en las que son de carácter provincial y nacional", afirmó.

"Todos los usuarios clientes de las obras sociales, en caso que encuentren una prohibición en la prestación de un medicamento de consumo permanente -como los pacientes oncológicos, diabéticos, o personas de tercera edad-, o en caso que tengan un aumento desproporcionado como fue el de esta jubilada, tienen la opción de recurrir a hacer las presentaciones correspondientes de acuerdo a la urgencia del caso, tanto en Defensa del Consumidor como en la Superintendencia de salud", explicó.

Sin embargo, señaló que si el usuario acciona, suelen brindar una solución. "Trazando paralelos, hay medicamentos que de golpe empezaron a tener faltante pero con un recurso de amparo aparecen en dos días, lo mismo en los casos de quienes necesitan una cobertura especial en el área de discapacidad. Cuando el usuario acciona, enseguida encuentra una vía a su favor que termina resolviendo", dijo.

"Los reclamos se presentan permanentemente. Tenemos los servicios públicos domiciliarios de toda la provincia -luz, agua, cable- que se han disparado violentamente y han cortado las promociones, y tenemos una situación muy especial con los planes de ahorro porque la propia desregulación del DNU ha facilitado un montón de cuestiones", advirtió Contreras. A su vez, cuestionó que "la cuota de un suscrito a un plan de ahorro ronda los 300 o 400 mil pesos por persona y hace dos años atrás, como ahorristas, tuvimos incrementos groseros del 300 o 400% pero el poder adquisitivo permitía dar pelea". "La desregulación facilita a las empresas a hacer lo que quieran en cuanto a montos. Te aumentan una cuota de 50 a 100 mil pesos al mes y no tiene un techo o un parate; institucionalmente no hay nadie que les prohíba hacer eso", remarcó.

Por este motivo, hizo hincapié en la importancia de dar pelea. "Hay un elemento fundamental que es el porcentaje del ingreso afectado a la cuota del plan de ahorro. Una cuota promedio se va actualizando entre 50 y 100 mil pesos por mes, lo que significa que se lleva casi el 80% de los ingresos, y la gran mayoría del asalariado anda por los 300 o 400 mil pesos, en líneas generales. Eso no se actualiza pero los planes sí", situó. "Nuestra sugerencia es atacar desde el lado de la imposibilidad de continuar con las cuotas y ver la readecuación de alguna manera porque afecta a la totalidad del ingreso y el plan de ahorro surgió para que una parte, un 25 o 30%, sea destinado a eso", agregó.

Dado que cada caso es particular, la Asociación de Consumidores y Usuarios Defender ayuda a guiar a la persona damnificada. "Los casos que recurren a Defensa del Consumidor son los que implican una contraprestación de servicios que incluya un pago o una factura. En el caso de una prepaga, como la señora jubilada, tiene que ir a distintos organismos como la Superintendencia, la obra social, eventualmente a Defensa del Consumidor o a la Justicia directamente. En toda esa parte acompañamos y guiamos para ver cuál es el camino correcto para iniciar", aseguró el presidente, Marcos Contreras.

"Lo más importante es que quien se considere damnificado consulte con el profesional más cercano o con la Asociación para reclamar. La única forma de vencer o de empezar a trabajar sobre el sistema es que dejemos de aceptar que avasallen nuestros derechos como consumidores o usuarios", subrayó. Asimismo, destacó que "lo que sea de salud tiene muchos resultados; ante el reclamo masivo de usuarios de la provincia de Misiones por el exceso de facturación se habilitaron mecanismos para poder colaborar con el usuario y que pueda acceder a determinadas cuestiones". "Si el usuario no reclamaba eso no iba a pasar", recalcó.

En este sentido, puso el foco en que "cuando uno espera respuesta de un reclamo, generalmente esa respuesta no se da, pero la falta de respuesta tiene una consecuencia que habilita otras etapas y mecanismos para generar soluciones rápidas y efectivas". En la provincia, puntualizó que “los más aceitados en estas cuestiones son Defensa del Consumidor, Energía de Misiones y la prestadora de agua posadeña". "No es lo mismo presentar una nota, que un reclamo, una carta documento, una intimación o utilizar ciertas fórmulas en las que ellos lean y vean que hay una consecuencia de por medio", aclaró.

Por último, precisó que un caso concreto es dar de baja un servicio de cable o telefonía, que tiene un circuito de cobro similar al de los bancos y cierran el 20 de cada mes. "Lo primero que hay que hacer es anotar el número de reclamo porque no van a querer dar de baja antes de la fecha de cobro y la factura va a incluir esos días, pero la ley de defensa del consumidor es muy clara en que el servicio debe cortarse el día que el usuario lo solicita. Con el número de reclamo vas a Defensa del Consumidor para que se haga una multa a la empresa y se reintegre el monto más los daños por el cobro excesivo al usuario", ahondó. "Lo importante es hacer nuestra la cultura de defender nuestros derechos e intereses buscando el asesoramiento de las personas que se prepararon para estas cuestiones", concluyó.