Las claves para entender la demanda por genocidio que hace Sudáfrica contra Israel ante la CIJ

* Por Manuela Cano para france24.com

Los ojos estarán puestos en La Haya, en Países Bajos, este jueves 11 y viernes 12 de enero. Allí se celebrará una audiencia pública para examinar las medidas provisionales que solicitó Sudáfrica en su demanda ante Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por cometer "actos genocidas" en su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

La demanda, presentada el 29 de diciembre, busca medidas de emergencia para que Israel cese las hostilidades. Tal como afirma la ONU, Pretoria pide que la CIJ ordene a Israel “dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza, dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo y permitir el acceso a la ayuda humanitaria”.

El recurso impuesto por el país africano ha sido apoyado por múltiples países e incluso al menos 900 movimientos populares, sindicatos, partidos políticos, gobiernos y otros organismos, que firmaron una carta que insta a los Estados a respaldarlo. Pero, ¿de qué se trata la demanda? ¿Y por qué ha despertado la atención en diferentes partes del mundo?

¿Qué contiene la demanda presentada por Sudáfrica?

Se trata de un documento de 84 páginas en el que Pretoria acusa explícitamente a Israel de perpetrar actos que de “carácter genocida porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”.

En el documento, Sudáfrica también invoca sus derechos y obligaciones para “proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción”. Unos que se enmarcan en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 —a la que está suscrito, al igual que Israel— y en la que se establece que los Estados pueden emprender acciones legales “para impedir que se cometa un delito de genocidio”.

En el texto se lee: “La conducta de Israel —a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan siguiendo sus instrucciones o bajo su dirección, control o influencia— en relación con los palestinos de Gaza constituye una violación de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio”. Además, según afirma ‘elDiario.es’, “gran parte del argumento de Sudáfrica se deriva de la sentencia de la CIJ sobre medidas provisionales que dictó en el caso Gambia contra Myanmar en 2020”.

Es importante recalcar que en la demanda Sudáfrica pide medidas cautelares. Estas son decisiones judiciales tomadas con el propósito de proteger los derechos de una de las partes en un proceso legal mientras este está en curso. En ese sentido, se toman antes de que se emita una sentencia final y buscan evitar que se cause un daño irreparable durante el tiempo que lleva el proceso legal.

Por lo que en el documento Pretoria asegura que el tribunal está obligado a "establecer si los actos denunciados son susceptibles de encuadrarse en las disposiciones de la convención sobre genocidio".

¿Qué acciones considera Sudáfrica como genocidas?

Sudáfrica detalla en el documento cada uno de los actos que considera de carácter genocida que ha hecho Israel en Gaza desde que el conflicto escaló el 7 de octubre tras los atentados de Hamás y que derivaron en una feroz respuesta israelí.

El primero —de ocho— es “el asesinato de palestinos en Gaza”, en el que cita los datos del Ministerio de Sanidad Gazatí, que reportaba, en el momento de la denuncia, más de 20.000 muertos, de los que cerca del 70% son mujeres y niños. A día de publicación de este artículo la cifra supera los 23.000.
Además, acusa a Israel de causar graves daños físicos y psíquicos a los palestinos en Gaza; y desplazar a millones de personas. Por otro lado, lo demanda de la privación de acceso a alimentos y a agua. Apunta a la ineficacia de la entrega de ayuda humanitaria y alerta de la privación de acceso a asistencia médica.

También acusa a Israel de destruir “la vida palestina”, es decir, de dirigir sus ataques a lugares como escuelas, viviendas u otro tipo de infraestructura civil. Todas estas las considera como pruebas de actos genocidas de Israel en Gaza.

¿Cómo ha reaccionado Israel?

La reacción de Israel ha sido opuesta a la que había adoptado hace décadas —al menos en su actuar en la CIJ—. El país manejaba un boicot al tribunal de la ONU y a los 15 magistrados que hacen parte del órgano. Pero esta vez decidió defenderse.

A pesar de eso, manifestó su “disgusto” con la demanda y aseguró que las acusaciones de Sudáfrica son infundadas. “Israel rechaza con repugnancia la difamación”, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí el día en que Pretoria interpuso la demanda.

Por otro lado, un portavoz del Gobierno de Israel, Eylon Levy, aseguró que el país ha tomado medidas para minimizar las víctimas civiles. En este sentido, citó los llamados a la población civil de evacuar a “zonas seguras” y los “corredores humanitarios” que se han establecido.
Además, cuestionó a Sudáfrica de aliarse con Hamás y aseguró: “La historia los juzgará y los juzgará sin piedad”.

Por su lado, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, sentenció: “El Estado de Israel es signatario de la Convención sobre el Genocidio desde hace décadas, y desde luego no boicotearemos los procedimientos. Responderemos y rechazaremos esta ridícula petición”. Así, el encargado de defender a Israel es Aharon Barak, de 87 años, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo de Israel.

¿Qué puede hacer la CIJ?

La CIJ es el máximo órgano judicial de la ONU y sus principales funciones son la solución de “controversias conforme al derecho internacional” y la “la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas”. Una especificidad de la CIJ es que solo puede juzgar a Estados, no a individuos.

Este jueves y viernes, comenzará el proceso específicamente de las medidas provisionales demandadas por Sudáfrica. Así, como señala elDiario.es, “es posible que la CIJ emita un fallo provisional en cuestión de semanas y, con toda seguridad, mientras siguen produciéndose los ataques israelíes contra Gaza”.

Las medidas provisionales incluyen, por ejemplo, saber si la corte tiene jurisdicción sobre el caso y si los argumentos de Sudáfrica son admisibles. Además, Pretoria demandó que una de esas medidas sea la suspensión de operaciones militares israelíes en Gaza. Esto quiere decir, que la determinación como tal de si Israel está incurriendo en prácticas genocidas o no, aún no se conocerá y podría tardar mucho más tiempo.

Ahora bien, la CIJ tiene la potestad de sentenciar medidas vinculantes. Es decir, tienen un efecto obligatorio y que deben ser cumplidas por las partes afectadas. Esto quiere decir que —al menos en el papel— si la corte determina que Israel debería acatar un cese a las hostilidades, este debería cumplirlo. Sin embargo, —en la práctica— son muchos los países que no han cumplido lo sentenciado por la CIJ, entre ellos Estados Unidos.

La CIJ tampoco dispone de medios “coercitivos para hacer cumplir sus veredictos” —tal como señala la propia ONU en su página web—; sin embargo, es “responsabilidad de los Estados aplicar las decisiones del Tribunal”. Además, son los entes políticos de la ONU, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o su Asamblea General, los encargados de ejecutar las órdenes de la CIJ, lo que con frecuencia hace que los procesos se vean frenados.

A pesar de ello, señala la ONU, las medidas provisionales de la CIJ tienen una “fuerte dimensión simbólica”. En este caso, podrían marcar un precedente, incidir en la opinión pública internacional, en forma en que Israel lleva a cabo sus ataques en Gaza o incluso debilitar el apoyo de algunos países occidentales. Pero su alcance está aún por verse.

¿Cómo define la ONU el crimen de genocidio?

En el centro del debate estará seguramente lo que Naciones Unidas entiende por “genocidio” y si Israel ha incurrido en prácticas de tal naturaleza. Dicha definición se encuentra estipulada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. El artículo II establece lo siguiente: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: Matanza de miembros del grupo; Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

Asimismo, la Convención establece que el genocidio es un crimen bajo el derecho internacional y debe ser prevenido y sancionado.