El DNU de Milei deja sin cobertura de salud a pequeños productores yerbateros que irían a la justicia

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023 degrada al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) quitándole funciones como la fijación de precios o el registro de plantaciones, pero además va mucho más allá en su funcionamiento, y los cambios ponen en jaque el cuidado de la salud del sector, por convenios que se verían afectados.

Los afectados serían unos 3.200 pequeños productores yerbateros y sus familias, de Ruiz de Montoya, Jardín América, Dos de Mayo, Leandro N. Alem, San José, Oberá, Eldorado, Montecarlo, Andresito, Campo Ramón, Gobernador Roca, Campo Grande, entre otras, que están dentro de un convenio conjunto firmado por el Inym y el Gobierno de Misiones, para otorgarles atención sanitaria. Por ello, referentes del sector preparan un amparo para presentar en las próximas horas ante la justicia, en el cual se pedirá levantar la feria, hacer la reserva federal del caso, dictar una medida cautelar y sugerir la nulidad e inconstitucionalidad del DNU en cuestión.

El Inym, hasta la puesta en vigencia del DNU, era un ente nacional que se financiaba con los fondos que él mismo generaba, a partir de la venta de estampillas de control para yerba mate de venta al público. Con esto, además de los gastos de funcionamiento del organismo, se cubrían costos de convenios, como los del sector de la salud.

El 22 de abril del 2022 se puso en marcha un convenio de “Cobertura Sanitaria Integral para los Productores Yerbateros de Misiones”, que permitía que los productores y sus grupos familiares cuenten con una obra social, a través del documento firmado celebrado en la citada fecha entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y el Inym.

Mientras el gobierno de la provincia, a través del Instituto de Previsión Social (IPS) se comprometía a dar cobertura a los productores y sus familias, el Inym se comprometía a realizar mensualmente el pago por el servicio de esos productores. Esos fondos provenían de lo recaudado por el Inym, que antes del decreto quedaba a disposición del organismo y no de las arcas nacionales como definió el documento que firmó el presidente Javier Milei.

Con este convenio se beneficiaron, primero unos 4500 pequeños productores, con plantaciones de hasta 5 hectáreas o rendimientos anuales de 25 mil kilos de hoja verde. “Los mismos podrán recibir atención en los hospitales, sanatorios y clínicas privadas que mantienen convenio con el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS)”, rezaba el convenio.

El convenio, aún vigente ya que tiene un lapso de validez de 10 años, comprende desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos: atención médicos de cabecera, atención básica y estudios de rutina laboratorio; además de ecografías, radiografías y prestaciones similares.

También prevé atención de alta complejidad que será prestada por los hospitales públicos de autogestión, y que comprende cirugías en general, tomografías computadas y derivaciones, entre otros. Estas prestaciones a los productores yerbateros serán cubiertas con fondos provistos por el INYM y por rentas generales de la Provincia de Misiones, en partes iguales, según se indica en el convenio.

Al modificarse con el DNU el artículo 22 Ley de creación del Inym N° 25.564 se pone en riesgo la parte de la financiación que refiere al Instituto. En ese artículo se indicaba que los fondos generados por el organismo eran propiedad del organismo, y no podían ser transferidos al Tesoro Nacional. Con el cambio, los ingresos del Inym son tomados, casi de forma automática, por el gobierno nacional.

Productores Autoconvocados para la presentación judicial.

El otro amparo con apelación

Mientras tanto, y luego de que el juez federal Alejandro Galladant se declarara incompetente para analizar la cautelar presentada por el gobierno de Misiones en contra de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de la tierra colorada apeló el fallo.

La apelación ingresó el martes y fue admitida por el propio Gallandat. La tierra colorada tiene cinco días para argumentar su posición de por qué la cautelar debe definirse en la Justicia misionera y no ser elevada a la Corte. En última instancia, será la Cámara Federal de Apelaciones la que dirima el pleito.

Gallandat había fijado posición diciendo que es la Corte Suprema el fuero donde debía decidirse el reclamo de Misiones en contra de la desregulación yerbatera por involucrar directamente intereses de una provincia, litigios que están reservados al máximo tribunal.