Comercio exterior idas y vueltas de la reglamentación

sábado 06 de enero de 2024 | 6:00hs.

Comienzo diciendo que en razón de la intrincada cuestión y la rápida nueva política del recientemente asumido gobierno en materia de exportación e importación me ha costado escribir este artículo, pues si bien hasta ahora los cambios son de base y tenderían hacia una gestión de liberación del control del comercio internacional, conllevan cambios y metodologías que casi no dan tiempo ni siquiera de parar a analizarlas, sino más bien a compararlas con las del gobierno anterior y marcar sus puntos fundamentales, puesto que podría decir son de carácter macro hasta ahora y pretenden darle liquidez al Estado para conseguir las divisas que ahora no tiene. No obstante ello, me las he arreglado para escribirla y explicar sucintamente los cambios que se han dado como para tomar un parámetro de referencia temporal.

Confieso, en rigor de verdad, que el Decreto 29/20223 que estoy comentando y analizando está vigente desde el 29 de diciembre junto a las resoluciones reglamentarias, y en su contra se ha iniciado ya una numerosa cantidad de acciones de amparo por inconstitucionalidad por diversos motivos, conjuntamente con medidas cautelares para frenar su aplicación, aunque esas acciones judiciales, en caso de ser admitidas, beneficiarían solamente a los que las iniciaron y no a todas las personas que se vieran afectadas, en tanto y en cuanto no inicien acción alguna, por lo que la norma tendrá efectos igualmente erga omnes o sea para todos.

En primer término y de lo que se avizora no es más que es que el gobierno se haga de dólares pisando el tipo de cambio en importación (poner una mayor alícuota para la venta al sector importador o, mejor dicho, encarecerlo) y en exportación, lograr que los exportadores ingresen las divisas con un dólar más acorde que hace más apetecible para los exportadores tomar la decisión de ingresar los dólares.

Así, tenemos que la modificación del tipo de cambio, subiendo el valor del dólar comercial producto de fórmulas combinadas entre la normativa del Poder Ejecutivo (decreto 29/2023) y el Banco Central, esto es de $800 pesos por dólar más la alícuota del Impuesto País. Por ejemplo, al dólar para importar se le suma el Impuesto País reducido, esto es el impuesto a las compras en el exterior, tanto para la operatoria comercial del régimen general (en este caso paso del 7.5 % al 17,5%) como así también para el turismo con compras con tarjeta en el exterior, en este caso un monto superior ya establecido en 2019. El gobierno, asimismo, aspira a efectuar minidevaluaciones o (crawling pegs) de un 2% mensual.

En materia de exportación, lo más destacable es que se tomará el dólar comercial a $ 942 restándose los derechos de exportación pagados y correspondiente a la mercadería de que se trate, aunque se deberá esperar al establecimiento de las nuevas alícuotas. En este caso, creo que la medida de subir el tipo de cambio obedece a la necesidad de que los exportadores que no hayan ingresado aun las divisas provenientes de sus exportaciones se decidan a hacerlo, ya que el dólar a $350 que les pagaban en el gobierno anterior era realmente irrisorio e inconveniente. Es decir que el panorama ha cambiado con estas medidas que claramente persiguen hacerse de dólares que no hay, puesto que el gobierno anterior dejo seco de dólares y con un saldo de deuda altísimo al BCRA.

 Una medida acertada a mi criterio es la creación de un bono que entregará el Estado a los importadores que les servirá para pagar las deudas comerciales con sus proveedores por importaciones impagas (U$S 36.000 millones es la deuda con el sector). El Bopreal (Bonos para la Reestructuración de una Argentina Libre) se suscribirá en pesos para luego pagarse en dólares con validez hasta 2027 con un 5% de interés anual.

En cuanto a la posibilidad de ser importadores, todas las personas humanas y jurídicas podrán solicitar destinaciones de importación y exportación y realizar operaciones de comercio exterior sin necesidad de contratar un despachante de aduanas, pero no podrán prescindir de los agentes de transporte aduana o del conductor del medio de transporte cuando lo requiere el código aduanero actual (artículo 37). El impacto de esta medida es relativo porque la complejidad de las tareas de clasificación arancelaria, valoración aduanera, liquidación de tributos, necesita la asistencia de un especialista en el tema, como es el caso de los despachantes de aduana, que en mi opinión seguirán prestando sus servicios como hasta ahora. Esto es inconstitucional, pues ataca el derecho constitucional de trabajar de los despachantes de aduana, quienes ya iniciaron acciones, y además no veo a particulares haciendo esta tarea complejísima.

Por último, aparecería en la ley ómnibus la posibilidad de que los viajeros al exterior a su regreso puedan traer cualquier tipo de mercadería, siempre y cuando no tengan fines comerciales. Esto siempre fue así y no sé cuál es el cambio. No obstante, me parece el menos relevante asunto de todas estas numerosas medidas a tomarse y que valga la redundancia ya están judicializadas en algunos casos y serán los jueces los que las dirimirán.

Por Luis Miguel Palma
Abogado y docente
luismiguelpalma05@gmail.com 

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