La cuestión de la tierra en Misiones

Empezaba la década de 1930 en el Territorio Nacional de Misiones y todavía no se contaba con un plano catastral, un verdadero problema, al decir de Raimundo Fernández Ramos, “(…) íntimamente ligado al problema de colonización, la agricultura y la industria está el levantamiento de un plano catastral. Desde que se federalizó el territorio de Misiones (…) ha surgido el obstáculo insuperable de que el Estado no conoce en forma exacta, como correspondería, la extensión total de la tierra fiscal que aquí existe, Hasta la fecha el Estado no sabe, con exactitud, cuál es la extensión de tierras que posee (…) se impone hoy más que nunca la formación de un mapa catastral de todas las propiedades rurales que existen (…)”.

Claramente, la carencia de un conocimiento acabado del área misionera pone de manifiesto la política imperante para los Territorios Nacionales en general y el nuestro en  particular, donde la “cuestión indígena” no fue la principal causa -fenómeno claro en la Patagonia, el Gran Chaco y Los Andes- sino el potencial económico de dos de los mayores recursos naturales, el forestal y la yerba mate.

Esta necesidad del Estado de legitimar su presencia en estas “lejas tierras” sólo era menester, inicialmente, en la delimitación de las fronteras interiores y exteriores, que para Misiones quedaron definitivamente establecidas en el año 1900, de esa forma se procedió a la plena ocupación del territorio, ya sea accionando sobre la tierra fiscal o legalizando la propiedad privada; sobre esta última se respetó el status existente a diciembre de 1881, siempre y cuando existieran los títulos definitivos de propiedad y se hubiera cumplido con las condiciones de poblamiento para los terrenos entregados “en merced”.

En ese contexto se formaron los grandes latifundios, en manos desde junio del mismo año, de Rudecindo Roca, altos oficiales del Regimiento 3 de Línea a su cargo y unos pocos funcionarios de la elite roquista correntina.

Recién en 1895, cuando la Comisión para la Demarcación de Límites con el Imperio del Brasil, comprobó in situ los errores en las mensuras de esos campos, el gobierno nacional tomó conocimiento de la superficie de tierra fiscal disponible en la Sierra Central misionera y procedió a acentuar los procesos de colonización oficial y privada, en tanto sostuvo sin mayores cambios el sistema de propiedad privada que para entonces pasaba por sucesiones, subdivisiones hereditarias y ventas entre particulares.

Al trabajo de los agrimensores oficiales y privados, quienes aportaron al Estado la realidad geográfica, topográfica y hasta económica en sus mediciones mediante los planos y memorias descriptivas, hay que sumar la tarea de los Escribanos Públicos o Notarios por ser quienes legitimaron la propiedad y posesión de las tierras.

El primer registro notarial en Misiones correspondió al Escribano Público Augusto V. Blanco quien comenzó su actividad el 20 de marzo de 1890, un año después se sumó a la tarea el Escribano Domingo Sasso, en tanto el primer Registro Público en el interior misionero correspondió a Ramón Soria, en Concepción de la Sierra en 1917.

En 1901 se sancionó la Ley Orgánica de los Tribunales, por la que se creó el Registro para los Territorios Nacionales con sede en la Capital Federal, aunque recién dos años después comenzó la inscripción de títulos de inmuebles; mediante la Ley General de Tierras Nº 4.637 de diciembre de 1902, se retiró a las municipalidades de los Territorios Nacionales la facultad de otorgar títulos de propiedad .

Hasta 1944 el ejercicio de esta profesión no tuvo mayor atención, entonces se promulgó un Decreto de Ley que marcó la incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de la Secretaría de Juzgado y la titularidad del Registro Notarial, para esa fecha Misiones tenía 2 Juzgados Letrados con dos Secretarías cada uno y cuatro Registros Notariales.

Recién en 1950 se crearon cuatro nuevos Registros Notariales, uno de ellos a cargo de una mujer: Elsa Judith Delgado, primera Escribana de Misiones.

La provincialización llegó en diciembre de 1953 pero mantuvo la letra de la Ley Nacional Notarial Nº 12.990 de 1947 hasta el año 1956, cuando se modificó por un Decreto de Ley, hasta su aplicación los profesionales siguieron dependiendo del Colegio de Escribanos de la Capital Federal y de Territorios Nacionales.

La actividad de los Notarios también estuvo anclada a las vicisitudes políticas y administrativas de Misiones desde 1870 hasta 1953, recién en 1956 comienzan a perfilarse características particulares en su desempeño; parte de estos profesionales residía en Posadas y muchos fueron funcionarios políticos.

Del análisis de las Memorias e Informes al Gobierno Nacional de los Gobernadores del Territorio Nacional de Misiones, hasta la década de 1940, se puede deducir que la “tierra pública” era el gran problema a resolver, dado el desconocimiento “absoluto” del medio y de las necesidades por parte de las autoridades nacionales; el manejo de la tierra pública fue tema ajeno a las gestiones de los gobernadores, las políticas aplicadas estaban bajo centralización y manejo exclusivo de la Dirección de Tierras y Colonias con sede en Buenos Aires.

Misiones ocupaba el segundo lugar de importancia, dentro de la totalidad de las tierras nacionalizadas, después de La Pampa; a la fecha de la federalización tenía 30.000 habitantes y varios centros urbanos importantes y estaba “exento de indígenas”, aspecto que la diferenciaba notablemente respecto de los demás; cuatro décadas más tarde el resultado de las políticas de poblamiento resultaron diferentes a los previstos, se apreció un marcado estancamiento demográfico, las primeras crisis de precios sufridas por la yerba mate generaron fuertes conflictos sociales empujando población a las ciudades más importantes del territorio y así se generaron los primeros asentamientos urbanos “de emergencia” en Posadas y Oberá principalmente.

A los inmigrantes o colonos llegados a Misiones por los procesos oficiales y privados, hay que sumar a aquellos que lo hicieron espontáneamente, en la década de 1930 y según cálculos oficiales, eran más de 1.000 familias de colonos denominados “intrusos” desde el punto de vista legal, conformaron un centro de colonización espontánea, mayormente dedicados al cultivo de tabaco, cuyo tributo fiscal superaba el millón de pesos anuales.

Cada tanto aparece algún edicto, en algunos de los medios de comunicación provincial, citando a propietarios que en algunos casos llevan un siglo o más fallecidos.

¡Hasta el próximo viernes!