Ciudadanas y ciudadanos

El término “ciudadano” se aplica a una persona como parte de una sociedad determinada, “un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes” según el diccionario de la RAE; etimológicamente deriva del vocablo latino “civÄ­tas o civitātis” que significa ciudad, más el sufijo ano, indicador de pertenencia o procedencia, entendido así un ciudadano es alguien que pertenece o proviene de una ciudad.

El uso del concepto surgió en la Grecia antigua, se extendió al Imperio Romano donde incorporó el aspecto citadino y la herencia directa, rango al que podían acceder hasta los esclavos libertos, la condición de ciudadano dependía del comportamiento o actitudes de las personas -transformarse en esclavo, mudarse de ciudad o ser extranjero-; con el paso del tiempo se pueden distinguir tres etapas de la llamada ciudadanía -entendida como el conjunto de ciudadanos-, catalogadas por los historiadores como “civil” centrada en el siglo XVIII con la Declaración de los Derechos Fundamentos del Hombre, “política” identificada con la primera mitad del siglo XIX y “social” en la segunda mitad del mismo.

Poco a poco se asoció el término con el acto de elegir a los gobernantes, en Occidente especialmente. En nuestro país, casi sin mencionar la condición, se puede rastrear a este dúo ciudadano-sufragio a partir de 1821, cuando el gobierno de Buenos Aires en manos de Martín Rodríguez sancionó una ley electoral para esa provincia, donde se estableció el “voto universal masculino”; en realidad de universal no tenía nada, sólo alcanzaba a los varones mayores de veintiún años, no se conocían las urnas y se concretaba mediante el denominada “voto cantado”; se habilitaba el atrio de una iglesia, con un padrón confeccionado días antes por “presentación espontanea” -y de manera dudosa, de mínima- los señores expresaban su nombre y elección a viva voz, frente a las autoridades de la mesa que los consignaban en el listado correspondiente, solamente los propietarios podían ser elegidos, sirva de ejemplo que sobre un padrón de alrededor de 60 mil habilitados bonaerenses sólo cumplía con el acto un 5 por ciento.

La Constitución del año 1853 no estableció nada respecto a la ciudadanía y/o los ciudadanos y las leyes sancionadas entre 1857 y 1863 sólo se ocuparon del régimen eleccionario; dado el estado político reinante en el país, las provincias implementaron comicios según sus propios cánones; la coincidencia estuvo en un voto limitado a varones adultos, propietarios, blancos, con “oficio conocido”, es decir a la minoría de la población.

En 1907, una política argentina llamada Alicia Moreau (de Justo) organizó el primer Comité Pro Sufragio Femenino y presentó el primer proyecto para que sus pares accedieran a la calidad de ciudadanas y pudieran ejercer el derecho al voto, con la negativa de la Unión Cívica Radical, el expediente se archivó. 

El fraude electoral se convirtió en la norma de esos tiempos, los métodos fueron variados e ingeniosos, se utilizaban libretas de personas fallecidas, se compraban votos, se siniestraban urnas, se emitía el voto más de una vez por persona y se usaba indiscriminadamente la violencia para conseguir el resultado.

Frente a tanto desmadre, en febrero de 1912 se sancionó la Ley N° 8.871 conocida como “Ley Sáenz Peña”, que, a la designación de voto universal, sumó “secreto y obligatorio”, exclusivo para varones mayores de 18 años, nativos o naturalizados, inscriptos con antelación en el padrón, se aseguró la representación de las minorías políticas en el Congreso mediante un sistema llamado “lista incompleta” que reservó un tercio de los cargos electivos para los que obtuvieran el segundo lugar.

Pocos meses antes se había establecido el enrolamiento obligatorio de los varones a partir de los 18 años, se les entregaba la Libreta de Enrolamiento -grande, marrón, cuarenta hojas- y los padrones, en principio confeccionados para el servicio militar obligatorio que regía desde una década antes, fueron utilizados para los actos eleccionarios.

Con esta nueva legislación, desde 1916, el país ingresó al período de gobiernos radicales hasta 1930 cuando se produjo el primer Golpe de Estado, se estrenó la “Década Infame” que se extendió hasta el año 1943; cuatro años después Eva Duarte esposa del Presidente Perón inició una nueva arremetida en pos del voto femenino y se logró la sanción de la Ley N° 13.010 que reconoció los derechos políticos a las mujeres, es decir las consideró ciudadanas.

Para cumplir con la nueva ley, durante cuatro largos años, desde la mañana hasta la nochecita “censistas” recorrieron, casa por casa, todo el país empadronando mujeres mayores de 18 años, se les entregaba la Libreta Cívica, más pequeña y con menor cantidad de hojas.

En Misiones, la primera vez que se votó fue para elegir las primeras autoridades municipales de Trinchera de San José -nombre anterior de Posadas- el 13 de octubre de 1872, de acuerdo a la normativa de la provincia de Corrientes, ya que la ciudad era cabecera del Departamento de Candelaria dependiente de la mencionada; en el contexto nacional, luego de la reforma constitucional de 1949, que habilitó la reelección presidencial y el derecho a voto de los habitantes de los Territorios Nacionales sumada a la ley de voto femenino, las ciudadanas y ciudadanos misioneros ejercieron el derecho cívico en 1951.

Luego de concretada la provincialización de Misiones, las primeras elecciones se realizaron en marzo de 1955.

Desde hace cuatro décadas el sistema democrático dirige nuestros destinos de ciudadanos y ciudadanas, es el período más largo de la historia nacional que se cumple con lo establecido por la Constitución Argentina, los Golpes de Estado cívico-militares “pasaron de moda” parece, pero … ¿pasaron de moda, posta?

Mucha sangre corrió para este presente que de tanto tenerlo y disfrutarlo, valorarlo se esfuma en ocasiones; lo mejor que podemos hacer es ir a votar, en la certeza de que el voto es secreto, privado, íntimo pero indispensable para seguir siendo libres.

¡Hasta el próximo viernes!