Qué es el lawfare: el significado del término que usa Cristina Kirchner

El neologismo inglés lawfare es una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), referida a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”, generalmente aplicada en ciertos contextos políticos. Esta expresión se suele acuñar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.

Esta palabra apareció por primera vez en un artículo de 1975, escrito por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Yeomans, titulado “Whither goeth the law: humanity or barbarity” (“A dónde va la ley: humanidad o barbarie”). Ambos consideraban que la búsqueda de la verdad había sido sustituida por una especie de “guerra” llevada adelante en los tribunales.

Lawfare significaría entonces la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. “Elegido un sector, por ejemplo político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”, explica el abogado argentino Maximiliano Rusconi, conside-rado por sus pares como un profesional muy hábil y sumamente inteligente.

Este letrado, experto en derecho penal, añadió que para que el concepto posea vigencia práctica se requieren tres protagonistas: “a) El amigo oficialista que detenta el poder; b) el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial, y por último; c) quiénes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno, utilizando este alejamiento judicial de las normas como proyectiles”.

El antropólogo de Harvard, John Comaroff, en su libro ‘Colonialismo, cultura y ley’, analizó el uso del lawfare por parte de los países de Europa en África durante los siglos XIX y XX. En su análisis, concibe al lawfare como el uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control de poblaciones subalternas o, en general, de grupos menos poderosos, definiéndolo como “el esfuerzo por conquistar y controlar a los pueblos indígenas mediante el uso coercitivo de los medios legales”.

En 2007, Dunlap amplió su propio término. En un artículo de opinión publicado en el diario Washington Times, escribió que el lawfare era “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”.

En América Latina, el lawfare también se refiere a la judicialización de la política: distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra cierto espacio político, tanto oficialista como opositor, de acuerdo con sus intereses.

En Argentina, algunos todavía dudan de que estemos en el epicentro de una “guerra mediática” híbrida. No ven que están desplegadas todas las armas ideológicas, financieras y mediáticas del capitalismo. Algunos no se percatan de que hablamos los lenguajes colonizantes que nos imponen; que compramos compulsivamente sus tecnologías; que relatamos la historia con las premisas lógicas de ellos; que financiamos sus monopolios mediáticos; que regimos nuestras vidas con “valores” y “cultura” que nos infiltran. Podríamos reflexionar, con palabras del prestigioso académico  Fernando Abad Domínguez: ¿En qué guerra las víctimas financian a sus victimarios?

Y agrega Domínguez: “Está bajo amenaza la cordura social. El arsenal mediático monopólico se organiza y se despliega en todos sus frentes camuflados como entretenimiento, como iglesias mediáticas, como noticieros y como programas de concursos. Las mesas de redacción y las direcciones editoriales –de canales de TV asociados al lawfare– están infectadas por servicios de inteligencia y espionaje. Casi todo está barnizado con canalladas y calumnias contra la voluntad organizativa de los pueblos en lucha y contra sus líderes. De mil maneras infiltran la antipolítica y están reclutando jóvenes, académicamente anestesiados, con ilusiones de dinero o con ideología chatarra de orientación supremacista o nazi. ¿No lo vemos?”.

Está en la tele, las redes o los tabloides que despliegan los ataques diseñados por la manipulación simbólica. Para colmo, la impotencia nos gana encerrados en un festín de sorderas disfrazadas de diálogo. Y empeora en periodos electorales. Hay gobiernos de ricos encumbrados con los votos de los pobres; hay consumismo desaforado de mercancías encarecidas. Se generan ganancias siderales con los salarios raquíticos del pueblo trabajador -una selecta minoría hambrea a la inmensa mayoría-. ¿Qué no entendemos?

En el corazón de esta guerra mediática habita la aberración supremacista, empeñada en convencernos de que ellos siempre tienen la razón, que debemos agradecer que nos saqueen y exploten. Agradecidos por este mundo, al borde del desastre ecológico y ahogado en el fracaso civilizatorio del capitalismo. Agradecidos por un planeta intoxicado con hambre, miseria, pobreza, insalubridad, ignorancia y humillaciones. Quieren que agradezcamos esto como la mejor herencia para nuestra prole… que estemos orgullosos de eso. Guerra hibrida por todos los medios. ¿Qué parte no entendemos?

Paradójicamente la guerra mediática tiene frentes internos. Guerra entre nosotros mismos donde la tarea de la unidad, que es la más importante hacia una comunidad de sentido emancipador, se empantana entre refriegas de celos, sectarismos y burocratismos que hacen grandes favores al poder fáctico hegemónico, porque, entre otras cosas, nos somos capaces de comunicar una salida humanista superadora de nuevo género y les ahorramos el trabajo de dividirnos porque nos dividimos solos, y gratis (en el mejor de los casos). Está faltando una comisión internacional de los pueblos, extensiva de aquella que redactó el Informe MacBride, para solucionar los problemas mundiales de la comunicación, para enfrentar –ordenadamente– a la guerra mediática en desarrollo. Vienen tiempos peores.