Cierre anual de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
Relevan sobrepoblación y muy bajo índice de escolaridad en las cárceles
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura realizó ayer el cierre anual, con la presentación de un informe en el que dan cuenta de todo lo actuado durante el año. Presidido por Eduardo Magno Scherer, el organismo registró formalmente 356 visitas, de las cuales 86 fueron a unidades penitenciarias; 184 a comisarías, anexos y unidades regionales provinciales; 66 a hogares de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes; 12 a la unidad de salud mental para inimputables; 3 al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Misiones; 3 a comunidades Mbya Guaraní; y 2 de seguimiento particular a los casos en los que intervino la Comisión.
De esas visitas, se realizaron 258 informes particulares, en los que se especificaron las condiciones actuales de detención en que se encuentran actualmente las personas privadas de su libertad; además de haberse realizado entrevistas con los detenidos y con sus familiares y allegados. La sobrepoblación carcelaria, la falta de oportunidades laborales y educativas para la reinserción y el alto número de detenidos con prisión preventiva más tiempo del establecido por ley fueron algunas de las observaciones que la comisión realizó en los informes presentados.
Al respecto, el presidente de la comisión reseñó las principales temáticas abordadas: personas privadas de su libertad con prisiones preventivas, federales detenidos en comisarías penales de la provincia, creación de registro de denuncias de restricción del ejercicio profesional y violación de derechos de los privados de libertad. También se refirió a la participación de la Comisión en el encuentro regional de mecanismos locales: “Misiones está a la vanguardia, nuestro trabajo es grandioso, muchas veces superior al de otras provincias”.
Destacó que en la Comisión “cada vez son más y se está articulando y trabajando con una mayor cantidad de instituciones y con mucho compromiso”. Resaltó la posibilidad de ser oídos en este ámbito, para poder “llegar a buen puerto en lo que hace al trabajo que se lleva adelante verificando el cumplimiento de los derechos humanos en contextos de encierro”.
Reinserción
Entre algunas de las cuestiones que aún siguen siendo una preocupación para la Comisión es la sobrepoblación carcelaria. Actualmente, hay 1719 personas alojadas en unidades penitenciarias, distribuidas en nueve dependencias. Según se detallan en los documentos, en forma general, hay un 10,30% de sobrepoblación en las unidades del Servicio Penitenciario Provincial. De acuerdo al relevamiento, la U. P. Nº VIII, de Cerro Azul, es la que mayor cifra de sobrepoblación alberga, teniendo capacidad para 130 alojados y alojando a 191, lo que representa un 46,90% más de lo aceptado.
Cabe destacar que muchos de los alojados en las diferentes dependencias provinciales (principalmente en la U.P. Nº I de Loreto) responden a causas federales, una de las aristas trabajadas y cuestionadas desde hace tiempo tanto por el sistema provincial como por la misma comisión.
Francisco Souza, integrante de la Comisión, explicó a El Territorio parte del trabajo que se llevó adelante en este sentido y resaltó que se trabaja diferentes dimensiones, aunque es complejo abarcar todo en el análisis.
No obstante, pudieron revelar que la sobrepoblación no es el único problema que se registra en las unidades. Otro de los puntos clave tiene que ver con las posibilidades de reinserción. “Los dos elementos fundamentales para la reinserción social de los privados de libertad es la educación y el trabajo. El 65% de los privados de la libertad tienen incompleta su educación formal (primaria y/o secundaria), sin embargo solo el 37% está incluido en el sistema educativo”, remarcó.
Asimismo, especificó que “respecto al trabajo, el 57% de los privados de la libertad, al ingresar a la unidad no tenía oficio y/o profesión; sin embargo solo un 14% está incluido en talleres de formación profesional”.
“En referencia al trabajo, es muy bajo el porcentaje de privados de la libertad incluidos en talleres de laborterapia, solo el 13% está incluido y el promedio de paga que reciben por el trabajo es irrisorio, está en un promedio de $350 mensuales”, puntualizó.
Souza lamentó la situación y manifestó que es inexplicable la “ausencia total de oferta académica universitaria en las unidades, teniendo en la provincia dos universidades públicas, ya que las universidades podrían tener extensiones áulicas en las unidades, lo que es fundamental para la reinserción”.
También así, durante el 2022, la Comisión trabajó con diferentes aristas. Una de ellas fue la de las prisiones preventivas. Actualmente el 52% de la población carcelaria tiene condena, mientras que el 44% se encuentra en estado de imputado y un 4% es inimputable. Asimismo, del total, el 88% delinquió por primera vez y el restante 12% es reincidente. Además un 15% ni siquiera cuenta aún con Documento de Identidad.
En cifras
10,3%
De sobrepoblación es el promedio general de las unidades penitenciarias de la provincia; en Cerro Azul, la cifra supera el 46%.
En cifras
65%
De los privados de la libertad tienen incompleta la educación formal (primaria y/o secundaria); pero sólo el 37% está incluido dentro del sistema educativo.
