Tras comprobarse que sigue ejerciendo en Eldorado
Fiscal pidió detener a médico condenado por mala praxis
Tras detectar que el médico gastroenterólogo Guillermo Eduardo Horrisberger continúa atendiendo en un sanatorio privado de Eldorado, pese a haber sido condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para el ejercicio profesional de la medicina durante cinco años por un caso de mala praxis que derivó en la muerte de una paciente, el titular de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores Uno de Eldorado, Miguel Ángel Fretes, solicitó su inmediata detención y alojamiento en una unidad penitenciaria.
Fuentes consultadas por El Territorio confirmaron que el requerimiento fue formulado luego de recolectar una serie de elementos probatorios que dan cuenta de que el galeno continúa ejerciendo la profesión, quebrantando de esta manera la inhabilitación judicial, lo que se configura en un nuevo delito tipificado como “quebrantamiento de inhabilitación judicial” previsto en el artículo 281 bis del Código Penal de la Nación y que prevé penas de hasta dos años de prisión.
La evidencia que sustenta el pedido tiene que ver con certificados médicos confeccionados con su firma, con fechas de este año y constancias de turnos emitidos a su nombre en el sanatorio Buddenberg de Eldorado. Casualmente el mismo centro médico donde en 2014 Horrisberger llevó adelante una práctica colonoscópica a Edith Gross (73), provocando su muerte como consecuencia de la aplicación de medicación no correspondida.
La muerte de la mujer se debió a la aplicación del sedante Midazolam, cuya utilización no habría sido lo recomendable para el caso y la práctica, aunque además habría sido realizada sin protocolos y recomendaciones de seguridad médica.
La denuncia de aquel hecho dio inicio a la causa por homicidio culposo investigada y elevada a juicio por el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, Roberto Saldaña, en mayo de 2017. En paralelo corrió la demanda civil.
En esa instancia Horrisberger fue encontrado culpable y condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
