Sin sesiones hasta agosto: las tareas pendientes en el Congreso

En un mes con creciente conflictividad social y económica, el Congreso de la Nación permanece en modo vacaciones de invierno mientras se siguen acumulando las cuestiones pendientes de debate legislativo que recién podrían empezar a tratarse en agosto, cuando diputados y senadores retomen la actividad de reuniones de comisiones y sesiones. 

En esa lista cada vez más abultada de tarea sin realizar que se acumula tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, figuran varias iniciativas como por ejemplo el debate sobre la creación de un salario básico universal (SBU), que es uno de los reclamos de los sectores sociales que se manifestaron la semana pasada frente al Congreso de la Nación y en Plaza de Mayo.

Esos movimientos sociales ya lanzaron una nueva convocatoria para el próximo miércoles 20,  con cortes de rutas y concentraciones en todo el país en el marco de un plan de lucha por la implementación de un salario básico universal y un aumento de emergencia para los trabajadores y jubilados de menores ingresos.

Las dos grandes dudas sobre la posibilidad de que el Congreso de la Nación avance con el tratamiento de alguna iniciativa que busque dar un poco de calma a los bolsillos de los sectores más castigados por un proceso inflacionario récord son: de dónde saldrán los recursos necesarios para brindar esa ayuda y qué margen de apoyo político puede lograr el oficialismo para lograr alguna ley en esta materia.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, ya anunció en sus diferentes discursos públicos que su gestión está encaminada a cumplir los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y esto en criollo significa cerrar toda posibilidad de dirigir recursos para por ejemplo implementar un salario básico universal. 

Esa puja distributiva marca la agenda de las discusiones políticas y estará en el centro de la escena de toda la actividad parlamentaria del segundo semestre del año.

Qué es el SBU

El salario básico universal, que es uno de los reclamos de las organizaciones sociales que se manifestarán nuevamente la semana próxima, está expresado en un proyecto de ley que solicita “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos” que tiene como equivalente el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto, que en mayo último fue de 14.401 pesos, según datos del Indec.

Ese proyecto fue presentado en  mayo de este año por los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli, del  Frente de Todos. Y está dirigido a generar esa ayuda para personas de entre 18 y 64 años.

Según cálculos del proyecto de ley en cuestión, el salario básico universal alcanzaría a cerca de  9 millones de personas en todo el país.

A cambio, el proyecto exige la finalización de los estudios primarios y secundarios, talleres de formación profesional, de trabajo doméstico y de desarrollo de actividades sociocomunitarias.

Es posible que en el marco del clima de tensión que por estos días se siente al calor de esas movilizaciones sociales que volvieron a ocupar distintos espacios públicos, se presenten  nuevas iniciativas en el Congreso de la Nación que busquen dar algún tipo de ayuda a esos sectores.

En el Senado de la Nación, la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina Fernandez de Kirchner, puso manos a la obra en la redacción de un proyecto de ley de ingreso complementario, que podría ser la iniciativa que aborde la Cámara Alta para no quedar aislados de las protestas de la calle.

Otros proyectos que esperan 

En la lista de tareas por hacer del Congreso de la Nación figura la visita a la Cámara de Diputados del jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, que está planeada para agosto.

Y, como es un clásico, el plato fuerte del segundo semestre parlamentario estará a cargo del proyecto de presupuesto para el 2023, que este año llevará la firma de la ministra Batakis.

En la Cámara de Diputados espera al regreso de las sesiones un conjunto de iniciativas entre las que se encuentran la reforma a la ley de alquileres, la creación de un Fondo Nacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), proyecto del Compre Argentino, el aumento de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la promoción de la formación y el desarrollo de la carrera de enfermería, la iniciativa para reciclar neumáticos fuera de uso, la modificación de la ley de residuos peligrosos y el proyecto de renta inesperada para empresas que hayan incrementado sus ganancias a causa de la invasión rusa a Ucrania.

En tanto, en las comisiones de la Cámara Baja esperan ser tratados los proyectos de creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo, la ley de desarrollo agro bioindustrial,  la refinanciación de los créditos UVA,  la reforma del Consejo de la Magistratura y la moratoria previsional.

En la Cámara de Senadores, cuando se retomen las sesiones, están listos para ser tratados los pliegos judiciales de un abultado número de candidatos a jueces camaristas y defensores públicos, un nuevo régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, la prórroga del régimen de incentivo a la construcción, la extensión por 50 años de las asignaciones específicas destinadas a financiar los fondos de actividades culturales y el proyecto de ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.