Recibieron una orden de desalojo y temen perder su único sustento

La chacra que representa el único sustento de la familia Rodríguez, de Dos Hermanas, herencia que afirman haber recibido de su padre, corre peligro tras habitarla por más de 40 años. El año pasado recibieron, de forma sorpresiva, la notificación de una orden de desalojo y dieron inicio a una dura lucha por demostrar que cerca de 40 hectáreas les pertenecen.

Aseguran que la falta de instrucción educativa los tornó víctimas de una estafa cuando uno de ellos vendió su parte del terreno.

Esto desembocó en una orden de desalojo por parte de la supuesta propietaria, denuncias e intervención del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro.

José Luis y Alberto Rodríguez son dos hermanos que, junto a sus concubinas e hijos, aseguraron a El Territorio que fueron estafados y viven una situación desesperante porque una mujer, Mabel L., con la portación de un documento de compra-venta, asegura haber adquirido las 105 hectáreas del lote 25, sección XVI.

El proceso de regularización de tierras del mencionado lote ocurrió en 1994. Devonciro Rodríguez, a quien originalmente pertenecieron las tierras, era de nacionalidad brasileña, por lo que tuvo que inscribir las 105 hectáreas a nombre de su hijo mayor, Roberto Rodríguez.

En 2004 decidieron dividir la propiedad de acuerdo a la producción y trabajo que tenía en ese entonces cada uno, asignando 30 hectáreas a José Luis, 15 hectáreas a Alberto, 10 hectáreas a Roberto y el remanente de 50 hectáreas para Devonciro.

Este último, a su vez, en 2017, por el peso de los años, decidió otorgar la totalidad de su parte a su nieto Elías Rodríguez sin confeccionar ningún tipo de documento más que empeñar la palabra.

Según comentaron, en julio del 2018 Elías vendió su parte de la chacra, que se divide de la propiedad de sus tíos mediante alambrados.

“Cuando Elías heredó esas 50 hectáreas no se hizo ningún papel porque como son gente de bien, se entienden entre familia con la palabra. Pero la señora Mabel fue a una escribana en San Antonio y junto a un abogado hicieron el contrato, después le hizo firmar a mi cuñado, él firmó y como no sabe leer ni escribir, creyó en la palabra de la mujer quien ahora reclama la totalidad de la chacra”, indicó Carmen Figueroa, esposa de José Luis Rodríguez.

Esta situación comenzó a generarles serios inconvenientes, el primero de ellos apareció el año pasado cuando recibieron una orden de desalojo porque según Mabel L., son intrusos.

Desde entonces, aseguran que perdieron la paz y temen quedarse sin la chacra que es la única fuente de ingresos para sobrevivir.

“Estábamos laburando cuando llegó el secretario del Juzgado de Irigoyen junto al abogado de Mabel, con una orden de desalojo. No entendíamos qué pasaba y qué significaba eso. Nunca habíamos vendido nuestra chacra porque es nuestra fuente de vida”, señaló José Luis Rodríguez.

Intranquilidad constante

Esta supuesta estafa quitó la tranquilidad y mantiene en vilo a la familia, que buscó asesoramiento con un abogado a fin de entender qué estaba pasando y conocer los pasos a seguir para poder continuar trabajando dignamente en el sector que les corresponde.

“No tenemos paz, los chicos deben ir acompañados a la escuela porque les amenazan, sueltan los perros, andan armados y comenzaron a trabajar en nuestra parte que está dividida con alambres, cortan los alambres. Llamamos a la policía y no pueden hacer nada, tenemos mucho miedo de que pase a mayores”, contaron con angustia.

“Nosotros con mi esposo José Luis y su hermano con su familia trabajamos y vivimos de esto, en nuestro caso no tenemos otro ingreso, somos una familia unida y lo único que queremos es que se haga justicia y cada quien pueda vivir en paz en la tierra que le corresponde”, pidió Carmen.

En cuanto a Roberto, asegura haber firmado el boleto de compra-venta confiando en que constaba en el negocio realizado por Elías la venta de solamente las 50 hectáreas y considera injusto lo que le está pasando a sus hermanos.

Tanto Elías como Roberto no saben leer ni escribir, por lo que argumentan que son víctimas de la mala fe, tanto de la escribana como de Mabel L., quienes se hicieron valer de la situación humilde y de analfabetismo.

Efectivamente, en el contrato se menciona al lote con su totalidad de hectáreas, es decir 105, que es lo que figura en el permiso de ocupación, ya que la subdivisión familiar se concretó de palabra como también la colocación de alambrados.

Sin embargo, en la parte donde se detallan los bienes que le corresponden a la compradora mencionan mejoras y 50 hectáreas, no así las restantes hectáreas que les corresponden a José Luis y Alberto.

Según comentaron, tienen prevista una audiencia por videollamada para el próximo 2 de agosto.

En el hecho tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de San Pedro.