Directivos del CGE denunciaron penalmente la toma del edificio

Las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) denunciaron ayer penalmente ante la Fiscalía de Instrucción N° 3 a los docentes que desde el miércoles pasado mantienen tomado el edificio donde funciona el organismo, como medida de protesta por mejoras salariales.

Ese día, docentes autoconvocados de distintos puntos de la provincia tomaron el recinto del CGE, medida con la que solicitan mejoras salariales para los maestros y profesores. Lo hacen por estar en desacuerdo con el acuerdo salarial firmado en la mesa paritaria nacional por algunos gremios y el gobierno provincial.

Desde ese día, los manifestantes permanecen en el edificio, y si bien no impiden el ingreso ni egreso de los trabajadores del organismo, que pueden seguir desarrollando sus tareas, mantienen un acampe en las instalaciones, que según entienden las autoridades, entorpece el normal funcionamiento.

Ante esto, las autoridades decidieron avanzar con la presentación judicial. “Luego de 6 días de toma del edificio del CGE, y en defensa de los trabajadores del Consejo de Educación, hicimos la denuncia penal”, confiaron a este medio fuentes del organismo.

En el escrito presentado ante la Justicia, que fue ingresado por mesa de entrada de la Fiscalía en la tarde del lunes, se indica que el titular del CGE, Juan Alberto Galarza, se presenta “en defensa de los derechos de los trabajadores del Consejo General de Educación” para formular “denuncia penal en los términos del artículo 181 del Código Penal Argentino, contra las personas indeterminadas (docentes y no docentes) y
determinadas que invadieron y se mantienen día y noche desde el día 16/03/2022
dentro dcl Edificio del Consejo General de Educación impidiendo se realicen las tareas habituales de la administración pública”.

Agrega además que lo hacen “turbando claramente el derecho real de propiedad del Estado Provincial” y que asimismo, “podrían estarse cometiendo atentados contra el orden público, tipificado en artículo 213 bis; delitos contra la administración pública, atentando contra los funcionarios públicos del Consejo General de Educación, mediante intimidación (artículos 237, 241 inciso 2)”.

Además, en la presentación se señala de forma directa, con nombre, apellido y DNI, a dirigentes gremiales de diferentes organizaciones, como quienes “se encuentran a la cabeza de la usurpación del Consejo General de Educación”.

En el documento se explica que los manifestantes, “de manera intempestiva irrumpieron en el Edificio del Consejo General de Educación, con bombos, redoblantes, tontones y demás instrumentos de tambóricos” y que luego de esto “fueron llegando colchones, carpas, mantas, frazadas, comida y bebidas para instalarse dentro del edificio, situación que se mantiene hasta la fecha”. Explican también que “durante el horario laboral se mantienen tocando los tambores dentro del organismo, cantando, gritando; situación que impide desarrollar las tareas normales propias del organismo, no se puede caminar por los pasillos de tanta gente que habita en ellos desde el dia 16/03/2022 que tomaron el edificio, hacen Picnic en distintos sectores dentro del edificio”.

En la denuncia que firma Galarza se asegura, también, que “en el marco de la toma mencionada, ha desaparecido una computadora (notebook), hecho que fue denunciado por personal del Consejo General de Educación”.

Según Galarza, “toda esta situación impide el desenvolvimiento de las actividades propias del Consejo General de Educación, tornando imposible cumplir con la función propia de la parte administrativa, como de la parte deliberativa, haciendo imposible. Sesionar, con bombos y tambores tras la puerta de la sala de Sesiones”.

Por todo esto, las autoridades recurrieron a la Justicia, que ahora deberá definir cómo actuar ante esta situación.

Repudio de los docentes

Tras conocerse la decisión judicial del accionar docente en el CGE, desde la CTA Autónoma emitieron un comunicado en el que repudiaron la medida.

“Ante las versiones de la presentación de una denuncia penal contra integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación que están ejerciendo el derecho constitucional a la protesta en inmediaciones del CGE desde ATE, Utem y la CTA Autónoma de Misiones repudiamos esta nueva maniobra que pretende amedrentar a los miles de trabajadores que están reclamando en toda la provincia la reapertura de una Mesa de Diálogo para atender las legítimas demandas”.

En este sentido, criticaron la decisión de judicialización del reclamo.

“En esta Semana de la Memoria hacemos un llamado a los funcionarios a generar los espacios democráticos para retomar la Mesa de Diálogo. Repudiamos cualquier intento de judicializar, criminalizar la protesta. Exigimos el cese de las amenazas y del hostigamiento sobre referentes legítimos de las asambleas que de manera horizontal resuelven y deciden cada una de las medidas que realizan”.

Asimismo, insistieron en el reclamo y solicitaron solidaridad por parte de la sociedad al reclamo salarial del sector docente que desde hace varias jornadas acampa en el CGE, ubicado en el Centro Cívico de la capital provincial.