Organismo nacional contra la tortura solicitó informe sobre caso Wasyluk

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) solicitó informes sobre el expediente del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado hace diez años en una celda de la Seccional Primera de Oberá, hecho por el que fueron imputados trece policías dependientes de la Unidad Regional II.

En ese contexto, a través de una nota remitida al Tribunal Penal Uno de Oberá, el organismo nacional solicitó información referida a la fecha de inicio del juicio oral en la causa caratulada “Expediente Nº 1010 - año 2011 De Mattos, Pedro y otros s/ tortura seguida de muerte”.

También se requieren “las razones fundadas de la demora y las medidas que se estiman pertinentes para garantizar los estándares internacionales vinculados a combatir la impunidad mediante una investigación eficaz, y la sanción y reparación adecuada de los hechos de torturas seguido de muerte sufridos por el señor Wasyluk”.

Dicho pedido fue remitido el pasado 28 de mayo y lleva la firma de Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, quien requirió información respecto a la causa que investiga la responsabilidad penal de integrantes de la Policía de Misiones.

“De acuerdo a la información recientemente recibida por el CNPT, la causa de referencia en la que se investigan graves violaciones a los derechos humanos como la imposición de torturas seguida de muerte, fue iniciada luego del hecho en el año 2011 y recientemente se habría fijado fecha de inicio del juicio oral que permita el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso”, cita el escrito al que tuvo acceso El Territorio en forma exclusiva.

Retraso injustificado 

Desde la CNPT mencionaron que según los estándares internacionales en la materia, el retardo en emitir una decisión final sobre un caso como el citado “puede comprometer la responsabilidad del Estado, máxime cuando las dilaciones resulten injustificadas y/o de exclusiva responsabilidad del órgano a cargo de la investigación, y generen violaciones a la garantía de plazo razonable que vayan en detrimento del derecho de las víctimas a la protección judicial efectiva”.

Asimismo, recordaron que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) reiteró al Estado argentino su preocupación por los retrasos injustificables en la investigación de casos de tortura y las deficientes investigaciones judiciales, en tanto considera que contribuyen a la impunidad.

En base a ello, en el año 2004 recomendó al Estado que se tomen medidas “enérgicas” para eliminar la impunidad, mejorar la eficacia de las investigaciones y adecuar las resoluciones judiciales a los estándares internacionales en la materia.

En tanto, en 2017 instó al Estado a garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas con “prontitud e imparcialidad” y velar por que los presuntos autores sean “enjuiciados debidamente” y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.

También citaron el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros”, respecto a la obligación del Estado de conducir la investigación penal eficazmente y en plazos razonables para determinar las eventuales responsabilidades.

Adhirió la CPPT

En consonancia a la solicitud de la CNPT, el pasado 22 de junio la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) también elevó al Tribunal Penal de Oberá un pedido de informes sobre el expediente del homicidio de Wasyluk.

El escrito lleva las firmas del presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, y del comisionado Fabián Mantau.

Al respecto, el abogado Rafael Pereyra Pigerl, querellante en representación de la familia Wasyluk, destacó “el compromiso de ambos organismos en la búsqueda de justicia, ya que transcurrieron diez años del asesinato y es necesario arribar a un veredicto”.

Al mismo tiempo, el letrado alertó que el paso del tiempo implica la prescripción, lo que beneficiaría a los acusados.

“Exigimos que este año se realice el juicio por el homicidio de Hugo Wasyluk, no se puede seguir esperando”, remarcó Pereyra Pigerl.

En ese sentido, el pasado 5 de abril presentó un pronto despacho solicitando fecha para el debate oral en el Tribunal Penal Uno de Oberá.

“Atento al tiempo transcurrido -años- sin fijarse fecha de debate, sin perjuicio de entender la situación actual de pandemia de Covid-19 y los decretos de Emergencia Sanitaria, se hace necesario fijar fecha de debate oral. Ello con todos los recaudos y herramientas necesarias, incluso los sistemas digitales, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos imputados y elevados a juicio, y la grave demora. Por lo que solicito pronto y urgente debate”, citó el querellante. 

Fijaron fecha

Ante la consulta de este matutino, desde el Tribunal Penal Uno confirmaron que el debate oral por el homicidio de Wasyluk se realizará en el mes de noviembre, siempre y cuando se halle un espacio físico adecuado por la cantidad de personas que intervendrán. 

En principio, el juicio se desarrollará en ocho audiencias previstas para los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre. En tanto, se prevé la presencia de 40 testigos.

Vale mencionar que la cuestión del espacio físico fue mencionada antes de la pandemia y los requerimientos para mantener el distanciamiento social, habida cuenta las acotadas dimensiones de la sala de debates del Tribunal Penal de Oberá. 

Por ello tiempo atrás se barajaron opciones como la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de calle Larrea y avenida José Ingenieros; el polideportivo municipal Ian Barney y hasta el predio del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para albergar el juicio.

Al respecto, si bien se fijó una fecha, aún no se estableció el lugar donde se realizará el debate.

Uno se quebró

El cadáver de Wasyluk fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá. La instrucción probó que la víctima fue torturada por algunos policías y después otros encubrieron el crimen, lo que derivó en el deceso.

Por el hecho fueron imputados trece funcionarios, aunque transcurrida una década varios fueron dados de baja y otros se acogieron al retiro. Tanto es así, que actualmente sólo quedan en actividad cinco de los trece.

Los más complicados son el sargento Pedro De Mattos, el cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte” y podrían ser condenados a prisión perpetua. 

Los tres citados cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima, la noche del 25 de abril del 2011.

Para la Justicia, De Mattos, Gómez y Rodríguez fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk, por lo que permanecieron más de tres años detenidos. Fueron liberados en mayo del 2015 tras pagar una caución de 50 mil pesos cada uno, por lo que esperan el juicio en libertad, como los otros diez implicados.

Según consta en el expediente, luego de varios meses detenido, el agente Rodríguez decidió romper el silencio y contó con detalles cómo golpearon a Wasyluk. Incluso, argumentó que estaba amenazado por sus propios camaradas.

Por la gravedad de la imputación, los tres citados fueron dados de baja por la Jefatura de la Policía de Misiones y ya no pertenecen a la fuerza.

Más acusados

Por el mismo hecho están procesados Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. González también fue dado de baja.

Asimismo, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según precisaron desde la Unidad Regional II, Espíndola y Silva pasaron a retiro a fin del año pasado, situación que ya revisten Núñez y Morales. En tanto, Heijo, Basaraba, Harasimezuk, Fontana y Lentini serían los cinco que lleguen a juicio siendo parte de la fuerza.

La salvedad podría darse en el caso de Lentini, quien actualmente se halla en situación de disponibilidad por el escándalo de la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de la División Toxicomanía, de la cual era jefe al momento del hecho.

También Basaraba está imputado por el mismo caso, aunque fue ubicado en otra dependencia de la UR II. 

Por ello, la situación administrativa de Lentini y Basaraba queda supeditada al avance del expediente por el faltante de droga que se tramita en el Juzgado Federal de Oberá.

Los detalles de la autopsia a Hugo Miguel
La autopsia determinó que Hugo Miguel Wasyluk sufrió una hemorragia masiva que impidió que su corazón pueda bombear suficiente sangre al cuerpo y sus órganos dejaron de funcionar. A consecuencia de ello aspiró su propia materia fecal.

El cadáver presentaba “múltiples lesiones traumáticas a nivel torácico de tipo compresivas, producidas con gran peso”, se cita en el expediente, como también que uno o más uniformados lo atacaron a rodillazos estando tendido.

En tanto, las marcas que se observaron en sus muñecas explicitaron que fue agredido estando esposado, por lo que tampoco tuvo la mínima posibilidad de defensa, lo que desactivó el argumento policial de que el detenido opuso resistencia a la autoridad.

Por su parte, uno de los efectivos de la Primera reconoció que al entregar la guardia dejó constancia en el libro de que “el informe médico no coincidía con lo que presentaba el detenido. Estaba muy mal, como que deliraba. Pedía por la mamá y una frazada”, declaró.