Ya son doce los imputados por el robo de cocaína en Oberá

Acusaciones cruzadas, contradicciones, causas paralelas. El expediente por la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo del depósito de secuestros de la Unidad Regional II de Oberá ya suma doce imputados, aunque por el momento no se determinó quién o quiénes fueron los autores materiales de la sustracción de la droga.

En tanto, el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, aguarda el resultado de las pericias a las que fueron sometidos los teléfonos celulares de los implicados, tarea a cargo de personal del Escuadrón 11 San Ignacio de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Dicha medida fue solicitada por la fiscal Viviana Vallejos y debería cumplimentarse dentro de los cinco días hábiles de notificadas las partes, aunque el feriado de ayer y el paro del próximo viernes -medida anunciada por los empleados de la justicia federal- auguran una demora de por lo menos otra semana.

La pericia telefónica pretende determinar responsabilidades y establecer nexos entre los imputados o con terceros, un aspecto que hasta el momento se vio dificultado.

En tanto, según confirmó El Territorio, el magistrado amplió a doce las imputaciones por infracción a la ley de estupefacientes, sin especificar las responsabilidades. Es decir, por el momento se trata de una imputación general para todos y, con el avance de la investigación, se deberán establecer los diferentes roles.

Además de los ocho ex integrantes de la desmantelada División Toxicomanía (hoy Drogas Peligrosas) y la jefa de la Seccional Tercera, en cuya dependencia se hallaba el depósito, también fueron imputados tres civiles.

Un testigo, dos versiones
El faltante de cocaína fue detectado el pasado 11 de agosto y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los policías encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo ubicado en dependencias de la Seccional Tercera.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Para completar el cuadro, en el lugar no hay cámaras ni se llevaba un registro de guardia exhaustivo, lo que hasta el momento dificultó determinar la responsabilidad material del hecho.

Posteriormente, en sucesivas declaraciones los subalternos no hicieron más que comprometer a los jefes, lo que a su vez derivó en la instrucción de causas paralelas.

La causa también incluye la declaración de un consumidor y presunto distribuidor de drogas identificado como Leonardo D. S., detenido el 10 de agosto pasado, justo un día antes de constatar el faltante.

El testigo fue detenido tras un incidente de violencia familiar y luego manifestó que estaba alterado porque consumió cocaína de una inusual pureza. En tanto, cuando la Policía lo indagó dijo que le compró la droga a Sebastián L., su propio cuñado.

Pero al otro día, según el expediente, el entonces jefe de Toxicomanía se presentó en su lugar de detención, lo sacó del calabozo, lo subió a un auto sin identificar y le dijo que si colaboraba con él, al otro día recuperaría la libertad.

Luego de ese episodio, a todas luces irregular, Leonardo D. S. cambió su declaración y apuntó al hermano de un policía, subalterno de Carlos Ariel L.

Pesquisa y dudas
En consecuencia, el testimonio de Leonardo D. S. terminó por complicar a dos personas, a su cuñado Sebastián L. y al hermano de un policía, ambos imputados.

El tercer civil implicado es el propietario de una vivienda allanada en el marco de la misma causa donde procedieron al secuestro de seis gramos de cocaína.

En ese contexto, la defensa de tres de los imputados (dos civiles y un policía) solicitó la nulidad del citado allanamiento, lo que podría desactivar la principal línea de investigación que existe hasta el momento.

Al haber policías imputados, ya que los integrantes de la División Toxicomanía estaban a cargo de la custodia de la droga, para otorgar mayor transparencia a las pesquisas desde un primer momento el juez Gallandat Luzuriaga ordenó que las mismas estén a cargo de personal GNA.

En tanto, si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad (la suspensión temporal) de quien entonces ostentaba el cargo de jefe de Toxicomanía, subcomisario Carlos Ariel L., y de dos subalternos.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y habría colaborado con la investigación de GNA, al punto que existen indicios de que fue quien aportó el dato que apuntó a un presunto traficante cuyo domicilio fue allanado.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que “fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros”, precisaron fuentes del caso.

Fuga inexplicable
Otro hecho llamativo y escandaloso relacionado tiene que ver con la fuga del narco que el año pasado fue detenido con 4,213 kilos de cocaína, lote al que pertenecía la droga desparecida de la Seccional Tercera.

Se trata de Luis L. (51), quien gozaba de prisión de domiciliaria en Campo Viera, circunstancia que aprovechó para escapar junto a su concubina.

La fuga se habría registrado entre mediados de febrero y principios de marzo pasado, aunque las autoridades de la Policía de Misiones mantuvieron el dato bajo estricta reserva, al punto que la Justicia Federal interviniente fue notificada después de varias semanas.

Voceros de la investigación precisaron que el sujeto fue detenido el 28 de septiembre del año pasado en Campo Viera, tras lo cual permaneció dos días internado en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

En ese lugar se instaló con su pareja, una mujer varios años menor, al tiempo que una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado.

En realidad, no contaba con tobillera electrónica y llevaba a cabo una vida absolutamente normal.

Incluso, las autoridades constaron su desaparición luego de que fuera apuntado por una persona que lo denunció por la emisión de cheques falsos. Es decir, seguía delinquiendo.

Fue así que los policías se presentaron en su domicilio para notificarlo de la nueva causa y constaron que ya no estaba. Se escapó sin dejar rastros.

Causas paralelas
El expediente por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito policial derivó en una serie de causas anexas a partir del testimonio de algunos testigos o imputados.

En tal sentido, la fiscal Viviana Vallejos intervino de oficio y ordenó la instrucción de una causa por apremios y hurto contra los gendarmes que participaron de los allanamientos ordenados oportunamente.

En este sentido, la madre de uno de los civiles imputados aseguró que le apuntaron un arma en la cabeza. Pero no sólo eso, ya que luego del procedimiento de la fuerza federal constató el faltante de un valioso cuchillo de plata que tenía guardado en un modular de su casa.

Por su parte, uno de los civiles investigados manifestó que durante su breve detención en el Escuadrón 9 padeció una brutal golpiza a manos de los uniformados, quienes insistían vincularlo con la sustracción de la droga del depósito policial.

A pesar de la gravedad de los hechos manifestados en sucesivas declaraciones, tanto la propietaria de la casa allanada como el joven que padeció los apremios expresaron reparos para radicar las correspondientes denuncias por temor a represalias, por lo que la fiscal inició la investigación de oficio.

Con relación al ex jefe de Toxicomanía, el mismo afronta una segunda imputación por “entrega de bienes muebles no registrables” durante su gestión al frente de la citada división.

También se investiga su vínculo con el mercado informal de divisas, puesto que el mismo oficial confesó que compró dólares por afuera del sistema legal.

Precisamente, el pasado miércoles 28 de octubre, en una ampliación de indagatoria, el subcomisario Carlos Ariel L. reconoció que adquirió dólares de otro policía, tal como previamente declararon sus subalternos.