Las pymes de todo el país quedaron excluidas de grandes obras públicas

Sábado 11 de agosto de 2018 | 07:00hs.
Daiana Gómez Brauvano

Por Daiana Gómez Brauvano politica@elterritorio.com.ar

La situación por la que están atravesando las pequeñas y medianas empresas (pymes) constructoras de la región y de otras provincias es preocupante. Además, el panorama para el próximo año no parece ser alentador, ya que en este último lapso no hubo llamados a licitaciones y sólo se están llevando a cabo las que ya estaban en lista desde años anteriores. Además, las altas tasas impositivas a la que deben enfrentarse generan que el sostenimiento de estas empresas se torne cuesta arriba.

La inquietud surge a partir de los recortes en las obras públicas que se fueron dando en estos últimos años, lo cual produjo una caída abrupta en las fuentes de trabajo y genera un alto impacto en las economías regionales. Se debe a que a nivel nacional se prioriza las obras de gran envergadura, como ser la construcción de autopistas o aeropuertos, y se deja a un lado las que tienen impacto social, como ser las  viviendas, escuelas, hospitales, comisarías, centros cívicos, entre otros.

Estas premisas surgieron en el marco del tercer Foro Regional de las Pymes Constructoras, que se desarrolló ayer en la Legislatura provincial bajo el lema “Diálogo constructivo, pymes y obra pública, sustento del desarrollo social y económico”.

El encuentro contó con la participación de referentes de las cámaras de la tierra colorada, Corrientes, Chaco, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Formosa y Tucumán, entre otras. Además, estuvieron presentes diputados nacionales y provinciales y los vicegobernadores de las provincias del NEA y ministros de distintas carteras.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Misiones indicaron que en la región  operan unas 1.300 pymes que se dedican a este rubro. A la vez, remarcaron que la obra pública es considerado un dinamizador de la economía, ya que se considera que este sector moviliza a otros grupos, como almaceneros, vendedores de comidas, remiseros, entre otros.

En la tierra colorada, la mayor inversión que se dio en obras de infraestructura -por parte del gobierno nacional- fue en 2015. Mientras, en 2016 se registró una caída que llegó a los 6.368 millones de pesos y en 2017 se vio una  recuperación en las obras públicas en el orden del 40 por ciento -tanto con fondos nacionales como con los provinciales-, que permitió llegar a los 10.230 millones de pesos.
En lo que se refiere a la situación de la construcción en país y en la provincia, el jefe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Gerardo Alonso Schwarz, remarcó en su exposición que, desde 2015 hasta la fecha, en Misiones se perdió un promedio de 3.200 puestos relacionados al sector.

“Si el sector de la construcción tuviera la misma cantidad de empleos que en 2015 representaría que de forma adicional en Misiones unos 57 millones de pesos por mes y, en el caso de Formosa, se estaría hablando de 36 millones de pesos mensuales”, aseguró el economista.

En tanto, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, indicó que “hubo un cambio de paradigma que se da en tres etapas”.
Una de ellos está asociada a la  caída de la obra pública. La segunda tiene que ver con la concentración de este tipo de trabajo, que está siendo destinado a los grandes centros del país. Y la tercera, a raíz de esta situación, las pymes pierden prioridad de licitaciones, ya que no cuentan con la posibilidad de encarar grandes obras.

En cuanto a la importancia de la obra pública en Misiones, el funcionario destacó que “se trata del tercer sector que genera fuentes de trabajo, después del comercio y la industria; además representa un 26 por ciento del gasto provincial”.

En consecuencia, esbozó que “lo que se observa hoy es que la coparticipación no crece al ritmo de la inflación y Misiones -como otras provincias- tuvo que asistir los gastos corrientes, como ser compras de medicamentos y gastos en educación”. Agregó que “la caída de las transferencias tuvo que ser suplida por la Provincia y por lo cual la obra pública entró en el ajuste, porque se prioriza el gasto social”.
Por su parte, el ex presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca), Juan Carlos Butiuk, en conversación con El Territorio se refirió a los pagos de las licitaciones. En este punto, detalló que “hay una demora lógica por la burocracia, pero se están pagando y son regulares”.

De igual manera, insistió que “el debate pasa por la falta de participación para las pequeñas constructoras, por ello el panorama para el año siguiente es muy malo”.
Deslizó que “en comparación con otras industrias, el promedio de empleo que genera la construcción es de ocho personas, cuando el resto es de dos”.

Déficit habitacional de la Argentina

El presidente de Confederación de Pymes Constructoras, Daniel Mafud -miembro de Came-, señaló que “vemos como día a día cae la actividad no sólo de este sector, sino de una serie de actividades que son conexas y que están vinculadas a la construcción”.
Expuso que “lamentablemente hay un incremento de la pobreza”. Según indica el informe de la Universidad Católica Argentina, hay 1,5 millones de personas que están en riesgo de caer en la pobreza de nuevo. El empresario detalló que desde 1975 a la fecha se construía un promedio 34.000 viviendas por año, pero para cubrir el déficit habitacional se deberían hacer 100.000 casas anualmente.

Chaco y Corrientes insisten en recursos federales La situación que se da en Misiones se replican en otras provincias, como por ejemplo, Chaco y Corrientes. Desde ambos distritos admitieron que muchas obras deben ser encaradas con recursos propios. Además, recalcaron que es necesario que se tenga en cuenta el verdadero sentido de un país federal.

Al respecto, el vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, indicó a El Territorio que “en la provincia la actividad cayó de manera extraordinaria”.
En este punto, subrayó que en la actualidad sólo el 30 por ciento de los trabajadores que se encuentran registrados prestan servicio.  “Eran casi 12.000 trabajadores que estaban registrados años atrás y ahora solo 3.000 siguen trabajando, sin ninguna posibilidad de crecimiento”.

En relación a la construcción de vivienda, ejemplificó que en Chaco, en el 2015 se tenía planificado la construcción de 7.000 viviendas, de las cuales sólo se reactivaron 700, por lo cual 6.300 toda están paralizadas. “Se hacen los reclamos al gobierno nacional, porque no somos enemigos, pero estamos sufriendo al igual que otras provincias”, dijo.
Por otro lado, su par de Corrientes, Gustavo Canteros, remarcó que “los recursos de la provincias son escasos y limitados, y por lo general están destinados a pagar el sueldo de  los empleados públicos”.
Insistió también que “hay un pedido de todas las provincias para que los recursos lleguen como debe ser”. Y adicionó que “se debe trabajar de forma mancomunada con las provincias porque no hay concepto de país si no hay concepto de región”.
En Corrientes, la obra pública tuvo una caída del 30 por ciento en estos últimos años.

“Sufrimos una fuerte presión fiscal”

En relación a los hechos de corrupción empresaria, el titular de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came), Gerardo Díaz Beltrán, expresó que “si bien las pequeñas y medianas empresas estamos casi excluidas de la obra pública, ya que las concesiones o coimas provienen de las grandes compañías con grandes intereses, igual nos afecta de forma directa porque padecemos los efectos de la corrupción”.

En este sentido, manifestó que “la fuerte presión fiscal que hoy sufren las pymes, y nos asfixia, tiene que ver con un Estado que gasta más de lo que ingresa por sobrepoblación de empleados públicos o pagando sobreprecios de obras”.

El presidente de Came también participó del tercer foro de las pymes y, en la ocasión, se refirió al escándalo por los cuadernos.
El presidente de la Confederación también dijo que “la corrupción mata también a las pymes”. Al mismo tiempo, añadió que “por cada peso que pagamos las pymes de más en impuestos para ‘bancar’ un Estado corrupto, está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo”.
Además, mencionó como otro caso emblema de corrupción las más de 600 saladitas que crecieron a modo de ‘franquicias’ en todo el país, al margen de la ley y con complicidad política, siendo una competencia desleal para los comercios.

En este punto, detalló que “la venta ilegal moviliza en Argentina más de 70.000 millones de pesos por año y detrás se esconden mafias organizadas, contrabando, robo y piratería de mercadería, trata de personas y trabajo esclavo en talleres clandestinos, narcotráfico, entre otros”.

El Territorio no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite.

El Territorio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina