Investigan al gobierno por espionaje ilegal contra jueces

Jueves 10 de octubre de 2019
Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema, entre los posibles espiados.
El gobierno nacional espió de manera ilegal a los principales jueces del país, desde el cortesano Juan Carlos Maqueda hasta Martín Irurzun, pasando por buena parte de los magistrados de Comodoro Py (en Buenos Aires) y de tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político. Esa es la principal hipótesis de la investigación que llevan adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González y que promete tensar aún más las relaciones entre Mauricio Macri y los jueces tanto oficialistas como díscolos.
Según se pudo reconstruir, al menos 21 magistrados fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del gobierno, ejecutada desde distintos organismos públicos. A Maqueda e Irurzun hay que agregar a los espiados a buena parte de Comodoro Py, lista que incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini y al propio Canicoba Corral.
Este último, como está a cargo de la investigación, separó su caso del resto y lo mandó a sorteo. 
El denominador común, según documentos y fuentes, fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos. Pero la clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la Afip, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.
Excepto estas dos últimas, todos tienen como terminal el Poder Ejecutivo, principalmente a Patricia Bullrich y al titular de la UIF Mariano Federici. Todas estas dependencias quedaron en la mira de la investigación del juez Canicoba Corral y el fiscal González.
El juez les pidió a todas que le comuniquen “en el marco de qué investigación y con intervención de qué magistrado se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”.
El pasado 27 de septiembre, el fiscal González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”.
Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Llama la atención que casi todos los jueces mencionados tuvieron o tienen causas que involucran a funcionarios, dirigentes o empresarios vinculados al gobierno anterior. Es decir, expedientes sensibles, con los que la administración actual se pudo haber beneficiado políticamente. 

Denuncias por demorar indemnizaciones

Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra Macri y varios de sus funcionarios por la demora en la aprobación de las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Presentaron una demanda por violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y discriminación ideológica. Ex presos y presas por razones políticas, damiliares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado basan la presentación en la “dilación, paralización y ausencia intencional” en la aplicación de los beneficios de las leyes reparatorias.

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