Intervienen Correo por presunto entorpecimiento de la Justicia

Jueves 12 de septiembre de 2019
A partir de la decisión judicial, un interventor podrá revisar gastos y acceder a documentación que la firma negó al juzgado.
Luego de más de dos años de demora, la jueza Marta Cirulli ordenó la intervención a medias de Correo Argentino, la empresa de la familia Macri que arrastra una multimillonaria deuda con el Estado. 
Lo hizo ante los reiterados ocultamientos de información por parte de los abogados de la familia presidencial, que mintieron y dieron datos contradictorios en ese expediente desde que, a principios de 2017, estalló el escándalo por el intento de Mauricio Macri de condonar la histórica deuda de Correo Argentino con el Estado.
La medida llega tarde y a medias. Desde mediados de 2017 la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien logró frenar la condonación de la deuda que intentó (e intenta) Macri, pide el desplazamiento de los administradores y síndicos de Correo Argentino. Pero a esto hay que sumarle un dato central: tanto la jueza Cirulli, que ahora ordena la intervención, como los miembros de las sindicaturas que debían controlar el devenir de Correo Argentino, están imputados en la causa penal que instruye el juez Ariel Lijo por su responsabilidad en el vaciamiento de la empresa.
Pese a esto, la jueza Cirulli se negó a excusarse y ahora dispuso esta medida que, lejos del pedido original de la fiscal Boquin, dispone la coadministración de Correo Argentino entre un funcionario cuyo nombre aún se desconoce y las mismas sindicaturas que están imputadas junto a la jueza por el vaciamiento de la empresa.
Estas imputaciones no son un dato menor, y menos si se tiene en cuenta quiénes son los síndicos. Por ejemplo, la sindicatura general la ejerce Raúl Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados, pero la patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Rivera es histórico abogado de los Macri y actualmente es conjuez de la Corte Suprema impulsado por el Presidente. Rivera y Louge fueron apoderados de varias empresas de los Macri, como Transmetro, así como los abogados de Mauricio en su divorcio con Isabel Menditeguy. Gente de confianza, que hacía como que controlaba el concurso de acreedores de Correo Argentino pero operaba en función de que los Macri no pagaran sus deudas.
Que la jueza Cirulli, imputada en el vaciamiento, deje como coadministradores a los síndicos que también están imputados por lo mismo, habla por sí mismo del alcance que puede tener esta medida. 
De hecho, en el último punto de su resolución, la jueza Cirulli “acota” que esta medida no implica ningún juicio sobre el pedido que ya realizó hace tiempo la fiscala Boquin de que se desplace a toda la administración de Correo Argentino hasta que se realizaran los peritajes contables sobre el vaciamiento que están en manos de la Corte Suprema.
La resolución de la jueza Cirulli tiene fecha del 6 de septiembre, pero fue subida al sistema recién el 10 por la noche. El texto reseña una serie de antecedentes que justifican la decisión y detalla los reiterados ocultamientos de información por parte de los Macri.

Maniobras que despertaron dudas

Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño. Un truco usual para mover dinero dentro de un mismo grupo económico según convenga. El precio pactado eran 18.000 dólares mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino tenía tres empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. O sea, no necesitaba una oficina y menos aún de ese valor. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscala Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

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