Gatillo fácil en A3-2: pidieron la detención del otro policía acusado

El fiscal de Instrucción Penal Seis de Posadas, René Germán Casals, solicitó la detención del oficial subayudante de la Policía de Misiones, David Salomón Villalba (31), y que se dictamine su prisión preventiva por la participación que tuvo en el asesinato de Arnaldo Alejandro “Nano” Amarilla (33) en el barrio A3-2 de Posadas en 2018.

Fue mediante el requerimiento de elevación de la causa a la instancia de debate dirigido al titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, posterior al análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente, como así también testimoniales y la declaración en ampliación de indagatoria tanto de Villalba como de su consorte de causa, el sargento Emanuel Esteban Soley (35).

Coincidiendo con la opinión de la querella, Casals modificó la imputación inicial de partícipe secundario y concluyó que el uniformado en cuestión deberá responder como coautor penalmente responsable por “omisión impropia” del delito de homicidio simple, en concurso real con falsedad ideológica de documento público por comisión, de conformidad a lo que establecen los Artículos 79 y 293 en función del Artículo 55 del Código Penal que condena con penas de entre 8 y 25 años de prisión en el caso del homicidio simple, y de entre 1 y 6 años en cuanto al falseamiento de datos en un documento público como lo es el libro de guardias de la Comisaría Décima.

Posición de garante
El abogado querellante, Horacio Koncke, explicó a El Territorio que “el fiscal dictaminó y sostuvo lo que desde un principio decimos y pedimos, que el policía Villalba sea imputado, detenido y juzgado como coautor del asesinato ya que su conducta fue omisiva equiparándose por su posición de garante a un delito de comisión”.

“Por el cargo jerárquico que ostentaba, es decir como oficial a cargo del móvil 3-467, Villalba hizo nacer esa posición de garante pero no actuó cuando el deber de hacer lo imponía. No impidió que Soley se bajara con una escopeta Ithaka cuando no había una situación de tumulto que ponía en riesgo sus vidas, era solamente Amarilla recostado contra un árbol y después, una vez que Soley hizo un primer disparo con la escopeta, siguió permitiendo, no haciendo absolutamente nada para impedir que dispare por segunda vez ocasionando a la víctima las heridas mortales”, detalló el abogado.

En esa línea de fundamentos, Koncke recordó que la fiscal subrogante, Patricia Clérici, ya había calificado de la misma manera la conducta de Villalba, haciendo hincapié en su posición de garante, pero dicha hipótesis fue rechazada por el juez Balor, quien ordenó una revisión y nuevo dictamen, lo que ahora cumplió Casals.

“Este nuevo fiscal convalidó esa teoría y dictaminó haciendo hincapié en lo mismo, que en el derecho penal se llama ‘omisión impropia’ por la posición de garante que tiene una persona con respecto a un bien jurídico protegido”, agregó y finalmente subrayó que “en la conducta omisiva de Villalba están presente los tres elementos de la tipicidad objetiva”.
Finalmente, Casals consideró que el estado de libertad de Villalba representa un riesgo procesal de fuga, teniendo en cuenta la condena que le podría caber, por eso pidió al juez Balor que revoque la libertad dispuesta hace más de dos años y dictamine su prisión preventiva hasta que se dicte condena.

Balor podrá coincidir y hacer efectiva la solicitud o, en todo caso, rechazarla.

Soley seguirá detenido
Sobre el sargento Soley, sindicado como autor material del homicidio por haber efectuado los disparos con la Ithaka, recientemente la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores rechazó un pedido de cese de prisión preventiva en función del tiempo que está detenido sin condena, por lo que permanecerá en esa condición.

“Ello es así por cuanto el señor juez a quo ha explicitado debidamente los fundamentos que a su juicio determinan la necesidad de continuación de la cautelar dispuesta en su oportunidad, al persistir a la fecha el riesgo procesal materializado en presunción de fuga”, concluyeron los magistrados.

En el requerimiento de elevación a juicio el fiscal Casals acusó a Soley de homicidio calificado por sus funciones en calidad de coautor puesto que “causó la muerte de otro (Amarilla) utilizando para ello un arma de fuego tipo escopeta, en funciones de policía de la provincia de Misiones, portando un arma provista por la fuerza de seguridad y en un accionar que ha excedido el marco de actuación policial, en funciones policiales, lo que encuadra el agravante”.

“En efecto, mató a la víctima utilizando un arma especial provista por la institución para casos especiales sin que en la ocasión, concurriere ninguna de las circunstancias que justifican su uso (tumulto, peligro grave y concreto para la integridad física del personal policial o de los bienes), toda vez que, según los testigos el autor disparó contra la humanidad del sujeto que dormía, sin advertencia previa y sin que el sujeto pasivo hubiera hecho nada que pudiera considerarse una amenaza para la integridad de los uniformados o al menos de relevante potencia para justificar la acción desplegada por el imputado”, concluyó.