¿Comicios sin Lula?

Los candidatos presidenciales de Brasil concretaron el pasado jueves el primer debate de cara a los comicios generales de octubre. Aunque una silla estuvo vacía, porque el encarcelado ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva no fue autorizado a participar, pese a encabezar las encuestas por amplio margen. El candidato conservador Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas, fue el principal blanco de los candidatos durante el debate, realizado 59 días antes de la primera ronda de votaciones. Da Silva encabeza los sondeos con un respaldo de más de 30 por ciento, pero se augura que las autoridades judiciales electorales impidan su participación en los comicios debido a una convicción por corrupción. Su nivel de apoyo es mayor que el de Bolsonaro y el de la centrista Marina Silva juntos. El único candidato en mencionar la ausencia de Lula en el debate fue Guilherme Boulos, del Partido Libertad y Socialismo, quien posee escaso respaldo.
Da Silva niega los cargos en su contra y prometió que registrará su candidatura este miércoles.
Bolsonaro no respondió al ser tildado de ser “racista, sexista y homofóbico”. El ex ministro de Finanzas Henrique Meirelles dijo en el debate que “no se pueden crear empleos sólo con gritos” en referencia al estilo de Bolsonaro.
Mientras que el candidato derechista Álvaro Ríos acusó a Bolsonaro de defender la posición de que las mujeres debían recibir salarios menores que los hombres.
El diputado respondió que las políticas del mercado libre deberían guiar a los empleadores.
Bolsonaro trató de mantener un tono conciliatorio en las discusiones. Uno de los temas analizados se centró en el constante aumento de la criminalidad en el país (ver Muertes violentas...).

Intrincado proceso
El miércoles pasado los miembros del un Tribunal Federal rechazaron el pedido de Lula para participar en el debate presidencial. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para la Vicepresidencia, Fernando Haddad, probablemente convierta en el candidato presidencial, en ausencia de Lula por la inhibición judicial correspondiente.
A pesar de que enfrentará obstáculos casi infranqueables, el Partido de los Trabajadores (PT) decidió proclamar al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como su candidato a las próximas elecciones presidenciales de Brasil.
Durante la última convención partidaria en San Pablo, Lula no estuvo presente, porque desde el 7 de abril está preso en la Superintendencia de la Policía en Curitiba, tras ser condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo Lava Jato. Y la candidatura del ex mandatario brasileño está en entredicho, pues su inscripción será vetada de la contienda electoral por la llamada Ley de Ficha Limpia, que impide oficializar una candidatura de una persona que haya sido condenada en dos instancias.
Este proceso de impugnación de su candidatura no es automático, lo que genera gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con la candidatura del PT y con las elecciones presidenciales.
Se espera que el partido registre como candidato a Lula ante la Justicia Electoral antes del miércoles, el plazo final, cuando el Ministerio Público pedirá la impugnación de ese registro. La procuradora general de la República, Raque Dodge, ya dejó en claro que le dará prioridad a este caso.
La fecha límite para que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se pronuncie sobre el tema es el 17 de septiembre. Dentro de ese plazo el PT también tiene la posibilidad de cambiar a Lula por otro candidato.
Entre las opciones del partido están además del referido Haddad, el ex gobernador del estado de Bahía Jaques Wagner y la senadora de Paraná y presidente del partido Gleisi Hoffmann. No obstante, después de un fallo del TSE, el PT aún podrá recurrir al Tribunal Superior Federal (STF), dilatando la indefinición sobre la candidatura, pero con el consecuente correr de los días del calendario electoral.
Si no llega a haber una decisión definitiva sino hasta el 17 de septiembre y el PT haya optado por no sustituir a Lula dentro de ese plazo, podría quedarse sin candidato si el TSE llegara a vetar a Lula después.
Dado el fallo, el partido tendrá que elegir entre insistir en el derecho de Lula a presentarse en las urnas, bajo el argumento de que él es un preso político, o adoptar la estrategia pragmática de desistir del nombramiento de Lula antes de que se tome una decisión final para poder cambiarlo por un aspirante político que no corra el riesgo de ser impugnado.
Si el PT mantiene a Lula y éste es vetado definitivamente después de 17, pero antes de la primera vuelta, su foto probablemente seguiría en las boletas electorales, pues no habría tiempo de retirarlo del sistema. Frente a ese escenario, todos los votos 13 (el número asignado al PT) serían considerados nulos por la Justicia Electoral. Sólo los aspirantes que queden en el primer y segundo lugar de las preferencias electorales en la primera vuelta podrán tomar parte en la segunda y definitiva.
Si no hay una definición hasta la elección, convocada para octubre, Lula podrá estar en la contienda.
En caso de que quedara entre los dos primeros en la primera vuelta (el 7 de octubre), pero fuera vetado antes de la segunda (el 28), sus votos serían anulados y el candidato que llegara de tercero entraría a ocupar el lugar de Lula, según la interpretación a cargo del letrado Marcelo Peregrino, ex integrante del Tribunal Electoral Regional de Santa Catalina. Un eventual resultado electoral significativo, que sin embargo sea anulado en la segunda vuelta, podría resultar en “una seria polémica sobre la legitimidad del nuevo presidente”, manifestó Peregrino. Si la consideración sobre la elegibilidad de la candidatura de Lula se extiende hasta el punto en el que él pueda disputar la segunda vuelta y finalmente ganar la contienda, su candidatura podría llegar a ser revocada por la autoridades electorales incluso después de ser elegido primer mandatario. “En ese caso, el titular de la Cámara de Diputados deberá asumir la Presidencia de la República y se convocarán a nuevos comicios en tres meses”, resaltó. Es posible que esos escenarios ocurran, en la opinión de Peregrino, pues la consideración del TSE sobre las candidaturas no es rápida y Lula aún podría recurrir luego al Tribunal Superior.
Pero el especialista Alberto Rollo, presidente del Instituto de Derecho Político Electoral y Administrativo, sostiene lo contrario y cree que la Justicia tiende a dar celeridad estos casos. Lula está preso porque el STF dictaminó que los condenados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir su pena incluso cuando todavía haya recursos que interponer contra esa condena en las cortes superiores (el propio STF o el Tribunal Superior de Justicia). Esta decisión no interfiere en sus derechos políticos y, por eso, Lula puede hacer campaña mientras su registro como candidato aún esté bajo consideración en el TSE y en el STF. Resta saber qué hará el Poder Judicial, cómo actuará el PT y cómo reaccionará el electorado.




Muertes violentas en el tope de las preocupaciones Un tema cardinal ya se metió de lleno en la campaña presidencial. Ya que Brasil batió su récord histórico de muertes violentas en 2017, cuando se registraron 63.880 homicidios, según los datos desvelados por el Forum Brasileño de Seguridad Pública.
El informe destaca que “el país registró 63.880 muertes violentas en 2017, un aumento del 2,9 por ciento en comparación con 2016”.
Buena parte del aumento se debió a las muertes provocadas por la policía, que subieron un 20 por ciento frente al 2016. Fueron 5.144 los que murieron en 2017 en el marco de una intervención policial, lo que equivale a 14 muertes provocadas por la policía cada día.
En cambio, el número de uniformados que perdieron la vida disminuyó un 4,9 por ciento en comparación con 2016: 367 policías civiles y militares fueron víctimas de homicidio en 2017, frente a los 386 de 2016. Los indicadores que afectan a las mujeres también aumentaron de forma considerable: las mujeres víctimas de homicidio aumentaron un 6,1% (4.539), hubo 221.238 casos de violencia doméstica (606 denuncias cada día). Mientas que las violaciones aumentaron un 8,4% y se llegó a los 60.018 casos.
Por jurisdicciones, la más violenta es el estado de Río Grande del Norte, con una tasa de 68 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Mientras que en el otro extremo está San Pablo, la región más rica de Brasil, con 10,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
En lo que respecta al gasto en seguridad el informe destaca que en 2017, a diferencia de lo que ocurrió el año anterior, la inversión por parte del Estado aumentó, aunque esto no haya servido para frenar el aumento de la violencia.
El Gobierno central gastó un 6,9 por ciento más y un 0,2 por ciento más los estados regionales, que son los que tienen más responsabilidad al tener las competencias en seguridad pública (gastaron 69.800 millones de reales, 18.300 millones de dólares).