El Inym paralizado por discusiones internas que no favorecen al sector

La reunión del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) se levantó ayer, sin quórum, luego de que representantes del sector productivo, de cooperativas y del Gobierno de Misiones, se retiraran ante la falta de acuerdo para avanzar con la designación de Rosana Biale como gerenta general del organismo y la imposibilidad de abordar temas, como el precio de la hoja verde.

La situación dejó varios puntos del orden del día sin tratamiento y volvió a exponer las diferencias internas que atraviesan al Instituto.

El encuentro se había desarrollado durante la mañana y tenía en agenda distintos temas vinculados con el funcionamiento habitual de las subcomisiones de Fiscalización, Promoción y Producción. Sin embargo, el punto referido a la designación de la gerencia general concentró las diferencias y, al no alcanzarse un consenso, una parte de los representantes decidió retirarse.

Entre quienes dejaron la reunión estuvieron Denis Bochert, por el gobierno provincial; Kevin Knott, Jorge Haddad y Roberto Ferreyra, en representación del sector productivo y Carlos Czajkowski, Elián Genski y Gerardo Vallejos, por el sector cooperativo. Permanecieron en la sala Carmelo Rojas, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Marisol Fracalossi, por la Producción; Gerardo López y Gustavo Bareiro, por Industria; Luis Konopacki, por los secaderos; y el presidente del Inym, Rodrigo Correa, según detalló Roberto Ferreyra director sector productivo del Inym.

Explicó, en diálogo con El Territorio, que la decisión respondió a la falta de consenso y remarcó que el Inym funciona como un organismo colegiado, por lo que las decisiones deben surgir de acuerdos o de las mayorías previstas. “Es un colegiado que tiene que encontrar el consenso, o por lo menos la mayoría. Acá no hay una mayoría”, sostuvo Ferreyra, quien planteó que el conflicto debería resolverse mediante una convocatoria más amplia.

Cuestionamientos a la designación

El representante del sector productivo señaló que había recibido de las asociaciones que representa recomendaciones expresas para no acompañar la designación de Biale. Aclaró que su posición no respondía a una cuestión personal, sino al mandato recibido del sector.

Según explicó, Biale había ocupado anteriormente funciones gerenciales dentro del Inym y posteriormente había iniciado una demanda laboral luego de considerar que su situación implicaba un despido. Ferreyra sostuvo que el conflicto judicial se resolvió con un acuerdo que, según su relato, implicó un desembolso de alrededor de 40 millones de pesos, además de honorarios y otros gastos para el organismo.

El director productivo aclaró que no conocía personalmente a la funcionaria y que su cuestionamiento estaba vinculado con la posición expresada por las entidades a las que representa. “No es una cuestión personal, siempre es sectorial”, afirmó.

Ferreyra también sostuvo que las asociaciones habían cuestionado que quien tuvo aquel conflicto judicial con el Instituto volviera a ser considerada para ocupar la gerencia general. En ese sentido, señaló que el mandato que recibió fue no acompañar la designación.

Una discusión más amplia

El desacuerdo por la gerencia se produjo mientras distintas organizaciones yerbateras cuestionaban el proyecto de Reordenamiento Normativo del Inym impulsado por la conducción del organismo y presentado públicamente como una herramienta vinculada con la trazabilidad.

En un documento difundido ayer, Hugo Sand, Jorge Skripczuk, Antonio Franza, Julio Alfredo Petterson y Salvador María Torres, en representación de distintas organizaciones de productores, cuestionaron que el nuevo esquema pueda incrementar las obligaciones administrativas del productor primario mediante sistemas como el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) polígonos y DTV-e, mientras se reducen fuentes propias de información y control del Inym.

Las entidades plantearon que la trazabilidad debía permitir seguir el producto a lo largo de toda la cadena y no limitarse al movimiento de la hoja verde desde la chacra hasta el establecimiento receptor.

Ferreyra coincidió con ese planteo y sostuvo que el Instituto tenía experiencia suficiente para desarrollar mecanismos de trazabilidad sin resignar facultades. “Si hay alguna cosa para corregir, se corrige, pero creemos que no es la forma”, expresó al referirse al reordenamiento normativo. Consideró que la discusión sobre las facultades del Inym debía analizarse junto con la situación económica que atravesaban los productores.

La discusión por el precio

Uno de los principales planteos de Ferreyra estuvo relacionado con el precio que recibía el productor por la hoja verde. Según señaló, el costo de producción se encontraba por encima del valor que se estaba pagando y sostuvo que esa diferencia estaba generando un fuerte impacto económico sobre las chacras y las localidades yerbateras de Misiones.

El dirigente mencionó un costo de producción estimado en alrededor de 470 pesos por kilo de hoja verde y afirmó que en numerosos casos el productor estaba recibiendo menos de 300 pesos por kilo puesto en secadero.

A partir de una producción cercana a los 889 millones de kilos de hoja verde, correspondiente al año anterior según los datos citados por Ferreyra, estimó que la diferencia entre el precio que consideraba necesario y el efectivamente percibido representaba una pérdida de circulación económica de alrededor de 300 mil millones de pesos anuales en Misiones.

El dirigente vinculó esa situación con los cambios introducidos en el funcionamiento del Inym y con la pérdida de herramientas para discutir el precio de la materia prima.

Recordó que una de las funciones originales del Instituto había sido reunir a los distintos integrantes de la cadena yerbatera en una misma mesa para discutir el desarrollo de la actividad y establecer condiciones para el funcionamiento del sector.

También cuestionó que el mercado pudiera resolver por sí solo la situación de los productores. Según su interpretación, la falta de regulación había dejado al productor primario en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los restantes eslabones de la cadena.

Reclamo por mayor consenso

Para Ferreyra, la discusión interna del Inym se estaba produciendo en un momento en que el organismo debía concentrarse en la situación económica de los productores y en la recuperación de herramientas institucionales. “Hay que buscar un poquito más de consenso, hay que abrir un poco más la situación y, si es necesario, ampliar la convocatoria”, sostuvo.

Planteó que la salida al actual impasse debía contemplar a una mayor cantidad de representantes de la cadena y permitir alcanzar un acuerdo sobre los puntos que estaban generando diferencias. En ese sentido, insistió en que el Instituto no debía funcionar como una empresa privada donde una autoridad pudiera imponer una decisión, sino como un organismo colegiado creado por ley. “Las decisiones después recaen sobre el colegiado, y también la responsabilidad. Por eso hay que encontrar el consenso”, afirmó.

La reunión terminó así sin que pudiera concretarse la designación de Biale y con varios temas del orden del día pendientes. Ferreyra anticipó que el directorio deberá volver a ser convocado y reclamó que esa próxima instancia permita ampliar la participación y encontrar una salida al conflicto.

Mientras tanto, las diferencias por la conducción del organismo se sumaron a la discusión por el reordenamiento normativo, la trazabilidad, las facultades del Inym y el precio de la hoja verde, en un escenario en el que las organizaciones yerbateras vienen reclamando mayores herramientas para el sector productivo.

Para Ferreyra, el desafío inmediato debía volver a concentrarse en la crisis económica de las familias productoras.

Logran un freno temporal al reordenamiento

La semana pasada, la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) había rechazado avanzar con el proyecto de reordenamiento normativo impulsado por el gobierno nacional. En ese momento resolvió continuar con el análisis punto por punto.

La propuesta, presentada por representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el Senasa y la Secretaría de Agricultura, contemplaba la derogación de 21 resoluciones del Inym y el traspaso de distintos registros y facultades de fiscalización al organismo sanitario nacional.

Uno de los principales cambios planteados era reemplazar los registros propios del Inym por un Registro Unificado de Operadores del Sector Yerbatero bajo la órbita del Senasa. También se proponía utilizar la guía de tránsito vegetal para registrar parte del movimiento de yerba mate en Misiones y Corrientes.