La Corte confirmó la sanción impuesta al juez Miguel Guerrero

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sanción que le había impuesto el Consejo de la Magistratura al juez Miguel Ángel Guerrero, magistrado a cargo del juzgado federal de Eldorado.

La sanción consiste en una multa del 30% de los haberes de Guerrero, por única vez, por haber incurrido en faltas disciplinarias, tales como “faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y empleados judiciales’”, y  “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo”.

El magistrado había planteado un recurso contra la Resolución 218/2024 del Plenario del Consejo de la Magistratura que dictaminaba la sanción, solicitando su rechazo por considerarla arbitraria y violatoria del principio constitucional de legalidad; en particular, de la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa.

Por su parte, la Corte ratificó por mayoría - con disidencia del magistrado Ricardo Lorenzetti - lo decidido por la Magistratura, aludiendo a que “ no existió lesión al principio de legalidad; pues la multa fue impuesta con base en la ley 24.937, que estaba vigente al momento de los hechos, describía con suficiente precisión la conducta reprochada y preveía específicamente la sanción que se aplicó”.

“El Consejo tuvo por acreditadas las conductas reprochadas con base en una valoración razonable de la prueba obrante en el expediente”, remarca el fallo.

Procedimiento

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación fue la que planteó la situación que dio inicio al procedimiento del Consejo. En la presentación, habían expuesto que el magistrado Guerrero tenía “actitudes y comportamientos directamente vinculados con el abuso de autoridad y configurativos de conductas que la doctrina especializada considera violencia y/o maltrato laboral y acoso laboral en sus distintas formas, y de los que resultan víctimas directas diferentes agentes de dicho órgano, de diverso nivel jerárquico y funcional”.

En ese sentido, el referente de la UEJN Carlos Biasotti expresó a El Territorio que la sanción “ es menos que lo que solicitamos, pero se resolvió reconociendo que lo que plantamos era cierto y debía tenerse en cuenta para aplicarle una sanción”.

De acuerdo a los vistos del fallo de la Corte, la denuncia quedó radicada ante la Comisión de Disciplina y Acusación. En ese marco, se dio traslado al juez; se recibió su descargo; se recibieron declaraciones testimoniales, se produjeron informes y se agregaron documentos.

“Con base en todos esos elementos, el Plenario del Consejo de la Magistratura consideró acreditado un patrón de conducta en el que el juez propiciaba malos tratos y hostigamiento a sus subordinados y, en particular, ejercía violencia de género contra las empleadas y funcionarias mujeres”, manifestó el alto órgano judicial.

Denuncia, fallo y apelación

Denuncia inicial
El procedimiento ante el Consejo se inició por una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que indicaba que el juez prestaba funciones con abuso de autoridad y conductas consideradas como violencia, maltrato laboral y acoso laboral en distintas formas.

Fallo de la Magistratura
El Plenario del Consejo se valió de testimonios de empleados del juzgado, quienes indicaron que había situaciones de maltrato,  insultos; amenazas; entre otros, para imponer la sanción. La misma fue apelada por Guerrero por considerarla arbitraria y violatoria del principio de legalidad.

Ratificación
Con disidencia del juez Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema ratificó lo decidido por el Consejo de la Magistratura al indicar que no hubo lesiones al principio de legalidad en el procedimiento y que el Consejo tuvo por acreditadas las conductas reprochadas.