La fiscal Daniela Dupuy presentó Digital Project en Misiones

Daniela Dupuy, directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones, presentó -en conjunto con la Universidad Austral- en la Cámara de Diputados de la provincia Digital Project, un innovador programa para combatir el cibercrimen. El evento que se realizó ayer por la mañana estuvo a cargo del presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, quien ya había apoyado esta iniciativa desde sus comienzos.

Según explicó, el proyecto incluye la realización de un documental que abordará temas como ciberacoso, ciberbullying y la protección de menores en entornos digitales. A su vez, el programa incluirá talleres y seminarios dirigidos a autoridades judiciales, fiscales y fuerzas de seguridad sobre el uso de herramientas tecnológicas en la investigación del cibercrimen.

Por otro lado Dupuy compartió detalles impactantes sobre el caso de pedofilia que involucra a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka. Recordó que el caso surgió de una operación internacional que ha revelado la magnitud de la cibercriminalidad y su interconexión global.

Además, explicó que el caso Kiczka es parte de una operación más amplia que involucró a fuerzas del orden de varios países latinoamericanos, incluyendo Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Esta colaboración es esencial dado que la transnacionalidad de estos delitos requiere acciones coordinadas en diferentes jurisdicciones. “Desde la ciudad de Buenos Aires tuvimos que allanar más de diez lugares donde se determinó que usuarios de las redes compartían y distribuían imágenes y videos de niños siendo abusados”, afirmó.

La fiscal no escatimó en describir la naturaleza perturbadora del material incautado. “A pesar de trabajar en esta temática durante más de diez años, nunca dejamos de conmovernos. Las imágenes son realmente tremendas”, comentó Dupuy. En total, se recibieron aproximadamente 300 denuncias relacionadas con explotación sexual infantil, muchas de las cuales incluían contenido extremadamente perturbador. “Son bebés y niños de entre 2 y 13 años siendo abusados por adultos”, subrayó.

Dupuy enfatizó la necesidad urgente de educar a la ciudadanía sobre estos temas. “Es fundamental que los padres y educadores estén alertas sobre cómo se captan a los menores. En muchos casos hemos encontrado que quienes distribuyen este material también producen abusos”, advirtió. La fiscal destacó que la cibercriminalidad exige un enfoque proactivo y colaborativo entre diferentes sectores para prevenir estos delitos.

A medida que avanza la investigación, Dupuy expresó su confianza en que se tomarán decisiones adecuadas para abordar este grave problema. “Espero que se llegue a una decisión especial y que se tomen medidas en consecuencia”, indicó. La fiscal también mencionó que las penas para estos delitos son severas en Argentina, lo cual es un aliciente para quienes luchan contra estos crímenes atroces.

La situación actual del caso Kiczka es un recordatorio escalofriante de los desafíos que enfrenta la Justicia en la lucha contra la explotación infantil en línea. Dupuy concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la protección de los menores: “Este fenómeno es un flagelo enorme; debemos trabajar juntos para erradicarlo”.

Nuevo fiscal en ciberdelitos

En el mismo contexto del evento que recibió a Dupuy, la Comisión de Poderes y Acuerdos de la Legislatura realizó una audiencia pública en la que se designó al abogado Juan Pablo Espeche para ejercer el cargo de fiscal de instrucción especializado en ciberdelitos. En esa oportunidad los legisladores emitieron un dictamen favorable, que habilita a la Legislatura a prestar su acuerdo en una futura sesión.

Espeche anticipó que la fiscalía tendrá un enfoque clave en la capacitación constante “porque los delitos cometidos en el ciberespacio generarán un cambio en el sistema penal”.

“Vamos a dejar de ver la prueba como se la veía tradicionalmente y pasará a ser cada vez más digital. Por lo que se requiere un compromiso con la capacitación, no sólo para abordar correctamente la investigación, sino también para capacitar a los operadores de Justicia, de modo que puedan investigar estos delitos y lo relacionado con la prueba digital”, agregó.